No podemos olvidar aquellos agricultores y jornaleros que se han ido jubilando en las últimas décadas con pensiones aún menores. Aquellos jornaleros, a los que precisamente la derecha política (y de manera bochornosa cierta izquierda) han acusado de manera reiterada en estos últimos años de vivir holgadamente de un subsidio agrario de poco más de 400 euros.

La mejor forma de evaluar la PAC es analizando las consecuencias: en la mayoría de países de la UE, España incluida, nos encontramos con que el precio de venta al público de productos agrícolas multiplica en varias veces el pagado al productor; los precios pagados a los jornaleros son cada vez menores y la tendencia general ha sido la de la concentración parcelaria y el impulso de grandes empresas agroalimentarias: miembros de la casa de Alba, Mercadona, Campofrío o Don Simón, forman parte del escaso 1,68% de beneficiarios de la PAC.

Durante el confinamiento se multiplicó la venta directa de los payeses a los consumidores. Casi un año después, el interés se mantiene parcialmente y surgen nuevas iniciativas para tratar de consolidar esta tendencia.

Si hace ahora un año vivíamos en nuestro país la ‘revuelta de los tractores’, con miles de agricultores en las calles protestando contra la crisis de precios del campo español, doce meses después se puede decir que el año de la pandemia le ha sentado bien al sector agrario que, entre otras cosas, se ha demostrado imprescindible.

La realidad del mundo rural en nuestro país es que el campesinado, en una gran parte, ni poseen la tierra ni son participes de las decisiones en la gestión de la mercancía que producen.

La desigualdad en el mundo rural y el uso de la tierra agrícola aumenta en la mayoría de los países del mundo. Un estudio de la International Land Coalition (ILC) publicado este 24 de noviembre señala que el el 1% de las explotaciones agrícolas —las de mayor extensión— gestiona el 70% de las tierras para estos usos existentes en el planeta. Son, además, las integradas en el flujo de capitales de las corporaciones dedicadas a la alimentación, y ese porcentaje va en aumento.

El Consejo de Ministros aprobó en 2019 un presupuesto de casi 7 millones de euros en ayudas para las Terres de l'Ebre y era la Generalitat quien debía repartir ese dinero entre los ayuntamientos afectados. El Gobierno catalán pero ha redactado unas bases que impiden muchos consistorios poder acceder a las ayudas a pesar de ya estar aprobados por el Gobierno de Madrid.

Vídeo: cánticos a favor de la banda terrorista Terra Lliure en la concentración independentista de CDR en Barcelona, en su principal acto durante la Diada del 11S: "viva Terra Lliure".

El partido político de ultraderecha Vox había convocado este sábado un encuentro de afiliados y simpatizantes en Pinell de Brai, en la Terra Alta. La formación había organizado un acontecimiento que incluía una "misa castrense", un homenaje a las víctimas de la Covid-19 y una comida de hermandad, pero la convocatoria ha fracasado y no han asistido ni una decena de personas.

Según el artículo 3.b del Real Decreto-Ley 13/2020 los que estén en situación de suspensión del contrato por la crisis económica del Covid-19 no pueden compatibilizar la prestación de desempleo con trabajos agrarios en plena campaña.

El organismo CSFF y 58 donantes particulares chinos agradecen así la tarea de una profesional del Hospital Virgen de la Cinta miembro de la CGT que asesoró varios hospitales de primera línea de las provincias de Wuhan y Shenzen

José herrero, más conocido como Pepito Herrero, fue uno de los empresarios que fueron condenados en el caso Terra Mítica, en el que la Audiencia Provincial de Valencia cifró en 1,34 millones de euros el perjuicio económico causado a la empresa Terra Mítica y en 4,57 millones el fraude a la Hacienda Pública. Fue a él a quien grabaron los entonces diputados socialistas Toni Such y José Camarasa vinculando al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana con el cobro de mordidas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con las asociaciones de la distribución ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados), Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), en el marco de encuentros que mantiene el Ministerio con los diferentes actores que conforman la cadena alimentaria para buscar soluciones, de manera conjunta, a los problemas que sufre el sector agrario español.

Las cuatro opas celebran el "éxito" de una convocatoria que reúne a 800 tractores y más de 4.000 personas por el centro de León

Esta semana continúan las movilizaciones de agricultoras, agricultores y sector ganadero en Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Protestas que ya han conseguido situar en el centro del debate público la situación del sector agrícola y por extensión del mundo rural. A pesar de la importancia de la actividad agroganadera para satisfacer el derecho humano a la alimentación, este sector está profundamente amenazado en nuestro país.

En las protestas del campo de las últimas semanas encontramos una confluencia de sectores sociales que tienen intereses contrapuestos. Dichas protestas se dan en el contexto de un empobrecimiento de la ‘clase media baja’, potenciado, en este caso, por la falta de un modelo agrario que cuente con los pequeños productores y las asociaciones cooperativas.

El ejecutivo valenciano gobernado por Eduardo Zaplana adjudicó en 2002 a Francisco Pérez López, conocido como Paco el Gasofa, una parcela de 10.000 metros cuadrados en una zona estratégica del parque temático Terra Mítica (Benidorm), para la instalación de gasolineras. Siete años más tarde, El Gasofa abonó uno de los viajes en lujosos yates de Zaplana por el Mediterráneo, valorados en más de 220.000 euros, según las comisiones rogatorias de Suiza avanzadas por la Cadena SER, que forman parte del caso Erial.

El presidente del Consejo plantea una rebaja en los recursos al campo o la cohesión en las primeras cuentas 'post-Brexit'

A última hora de anoche el Ministerio de Trabajo decidió desconvocar a las organizaciones agrarias de una reunión que iban a mantener ambas partes junto con sindicatos del sector en la sede del Ministerio. A la reunión también asistió Pablo Iglesias a pesar de que su asistencia no estaba confirmada en un primer momento.

Golpe de efecto del Gobierno de coalición para proteger a los jornaleros. El Ejecutivo rebajará "a la máxima brevedad" el número de jornadas trabajadas para poder acceder a una prestación por desempleo agrario. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y del Ministerio de Trabajo y Economía Social explican a Público que el Gobierno procederá reducirá el mínimo actual de 35 peonadas hasta 20, facilitando así el acceso a las prestaciones.

Las cooperativas son un ejemplo de cómo el campo se ha organizado para sortear las dificultades del sector y se erigen como un vehículo fundamental para la supervivencia de zonas agrarias

Las organizaciones agrarias cumplen más de 40 años de protestas para pedir soluciones a los mismos problemas