Con sus últimas resoluciones, el TSJC sustituye al Gobierno en sus funciones -sin ni siquiera oírlo- al cargarse de un plumazo todas las prescripciones de cada uno de los niveles de alerta. Todas las medidas las habrá de reconstruir el Gobierno canario, que es el que tiene las competencias, pero visto lo visto habrá de estar a lo que diga la autoridad judicial, que en ningún caso asumirá jamás las consecuencias sanitarias, económicas o sociales que estas decisiones provoquen.
