Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Chiva (Valencia) a un varón, de 26 años y de origen español, como presunto autor de una simulación de delito y estafa tras denunciar falsamente el robo de su móvil y dar parte al seguro para conseguir su reemplazo. Simuló un asalto tras denunciar que varios hombres le esgrimieron una navaja a la salida de una discoteca de Valencia, sustrayéndole su teléfono de alta gama. El móvil había sido vendido un mes antes de denunciar el robo

La principal vía que usó González Amador para el fraude fue un supuesto empresario mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer. La investigación ha descubierto que es dueño de dos sociedades sin actividad ninguna, que solo paga el sueldo de una trabajadora –su empleada del hogar–, y que el propio Niederer vive de “préstamos familiares y de amigos”. La Agencia Tributaria afirma que todo hace pensar que se trata de “un posible testaferro”, visto su ritmo de vida y la vivienda donde reside en una lujosa urbanización a las afueras de la capital.

En este sentido, tal y como ha podido saber ElPlural.com, una de estas cuatro personas acusadas de colaborar con la emisión de facturas fraudulentas es Agustín Carrillo Saborido, un miembro del PP andaluz con vínculos familiares con el Partido Popular de Sevilla.

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y presidente del tribunal que tuvo que juzgar el atentado del 11M, fué Javier Gómez Bermúdez. Su sentencia no ha evitado que en un, eso sí, cada vez más escueto reducto de la sociedad e incluso el periodismo se mantenga la llamada 'teoría de la conspiración' que mantiene el relato inicial del Gobierno en aquel momento de que detrás de los atentados estaba la mano de ETA de una u otra forma. "No hay la más mínima prueba y por el contrario hay un centenar de pruebas que lo contradicen"

Suena el teléfono de un contable y este reconoce la voz de su jefe, el CEO de la empresa, que le apremia para que ingrese urgentemente 60.000 euros en una cuenta porque tiene que cerrar una operación comercial en menos de diez minutos. Diligente, el empleado cursa las órdenes sin sospechar que al otro lado del teléfono se oculta una máquina que, apoyada en una aplicación de inteligencia artificial, reproduce la voz de su jefe. Habla y responde cómo él y el contable no desconfía. Ha picado en una nueva versión de la estafa del CEO.

Las activistas de Ecologistas en Acción reafirmaron en el Juzgado que se trata de una campaña de intimidación por parte del lobby minero con la que pretende silenciar las protestas utilizando el acoso judicial. Los hechos se remontan a septiembre, después de que activistas de Ecologistas en Acción entregarán en la sede del organismo botellas con agua de las minas de Touro y San Finx. San Finx acaba de ser sancionada con una multa de 180.000 euros por vertidos ilegales de metales pesados, que la Cámara Minera intentaba negar.

Cuatro periodistas fueron encausados por falso testimonio después de que uno de ellos denunciara una agresión policial durante una carga en Vallecas. Tres años después asisten al archivo de la causa motivada por un auto de la Fiscalía que no ve indicios de delito.

Detalla que ella era la titular de la cuenta en la que se hicieron los ingresos y de la tarjeta bancaria asociada a la cuenta, al tiempo que remarca que la persona que ingresó los billetes falsos "conocía la clave secreta, sin la cual no habría sido posible operar". Rechaza el tribunal la coartada que la acusada ofreció en la vista oral asegurando que la tarjeta se la había "tragado un cajero automático en Rumania".

Las actas policiales tramitadas durante lo más duro de la pandemia en 2020 revelan las condiciones de estos centros de mayores. Un alto porcentaje no tenía suficiente personal sanitario. Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía con estos documentos. Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públic

El ministerio público pide 32 años de cárcel para la actriz en un juicio que comenzará en junio. Su acusación se basa en un supuesto fraude fiscal calculado en unos salarios que nunca cobró y en unos capítulos que nunca rodó. Consultó en Wikipedia el sueldo y los supuestos capítulos que había rodado. El perito calculó que el sueldo fijo por capítulo era de 63.101,21 euros. Como consecuencia de multiplicar dicho importe por un número de capítulos que supuestamente habría rodado, se concluía que parte de los honorarios habrían sido ocultados.

El Juzgado ha ordenado la inmediata puesta en libertad de un menor migrante investigado por ser patrón de una patera que llegó a Gran Canaria en Diciembre. Desde la Diputación transmiten que «la realidad es que el Instituto de Medicina Legal «está saturado» por lo que piden más recursos porque «en estos momentos no se disponen de las ayudas suficientes para la cantidad de migrantes» que están llegando, más de 10.000 personas en lo que va de 2024. Actualmente el Gobierno de Canarias tutela a más de 5.500 menores extranjeros no acompañados

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a una menor de 17 años de edad que creó un perfil falso en una red social desde el que difundía publicaciones para acosar y humillar a otra joven con la que no simpatizaba. La investigación se puso en marcha tras tener conocimiento de los hechos por parte de la propia víctima, quien decidió denunciar lo que estaba sucediendo debido a la situación de acoso que estaba sufriendo y al estado de angustia y ansiedad que le provocaba, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encargados de investigar el caso Tándem han comenzado a elaborar un informe que trata de determinar si “Chisco”, la persona a la que el comisario jubilado José Manuel Villarejo comunicó en 2014 sobre el operativo que buscaba presionar al exjuez Javier Gómez de Liaño, que era abogado de Luis Bárcenas, era en realidad el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la operación parapolicial denominada Kitchen.