Tres detenidos tras la muerte de un joven que cayó de una carretilla elevadora en una nave en Carballo. Se trata del responsable de la empresa promotora de la obra y dos de la compañía contratada. La Guardia Civil les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. El fallecido carecía de equipos de protección y de acreditación para trabajar en España.

Los pozos ilegales de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de una de las más importantes familias aristocráticas del mundo, la Casa de Alba, han podido causar graves daños al acuífero del que se abastece un terreno de 200 hectáreas de naranjos en el entorno de Doñana. Eso es lo que concluye la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el informe que ha remitido al juzgado que investiga la extracción ilegal de agua en esa finca tras una denuncia de la Fiscalía.

La Audiencia Nacional ordena la demolición forzosa de la piscina de Pedro J. Ramírez en Costa del Pins. La Sala de lo Contencioso ha rechazado sendos recursos promovidos por el periodista y por su hijo Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de la Prada para intentar conservar la piscina, el embarcadero y la terraza. Toda la instalación ya había sido declarada ilegal por varias resoluciones judiciales que son firmes desde mayo de 2021, cuando el Tribunal Supremo anuló la concesión y la prórroga que amparaban las instalaciones.

Una investigación de WWF calcula que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos -aproximadamente 35.000 toneladas de fresas y frutos rojos- se están regando ilegalmente" en Doñana fuera de la zona agrícola regable. Por otra parte, el estudio identifica que del total de "la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental -zona A del POTAD-, es decir, un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

El motivo es la reanudación de las obras del hotel y por "daño sistemático y deliberado" a un espacio natural protegido, en concreto, las dunas de arena junto a la playa, una de las pocas vírgenes que quedan en Tenerife. Relacionada: www.meneame.net/story/sin-agua-riego-restricciones-consumo-tenerife-mi

La costa mediterránea de Andalucía y buena parte de la gaditana se queda sin piscinas privadas y comunitarias. En esencia, se ha decidido que, en las demarcaciones hidrográficas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y la de Guadalete-Barbate (Cádiz), ni particulares ni comunidades de vecinos podrán llenar las piscinas este verano. En cambio, y aquí viene la polémica, sí podrán hacerlo hoteles, campings, alojamientos turísticos registrados; además de piscinas para usos sanitarios, educativos, deportivos y otros públicos.

La Sala de lo Penal estima así el recurso que presentó el fiscal del caso, Carlos Berro, que en su escrito indicaba que no encontraba delito en los chats que investigaba el magistrado. La Audiencia Nacional ha decidido dar por concluida la investigación abierta por los ongi etorri (actos de homenaje) a presos de ETA y ha corregido, por tanto, la decisión del juez instructor Manuel García Castellón. El magistrado decidió ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu, en los que se impartirían directrices e...

Un Real Decreto de julio de 2021 estableció que todas las explotaciones avícolas, incluidas las de autoconsumo, deben inscribirse en el registro de explotaciones ganaderas

La aparente contradicción entre la normativa autonómica y municipal anticipa respuestas diversas y agravios entre comunidades, hoteles y particulares, advierten los administradores de fincas.

«Me arrepiento totalmente de lo que hice, pero estaba desbordado», ha confesado el agente durante el juicio

Tras un informe en Haaretz, el asesor jurídico de la Oficina del Primer Ministro escribió que algunas de las reparaciones se llevaron a cabo, mientras que otras solicitudes fueron rechazadas por el contralor, que desde entonces renunció.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto del delito de detención ilegal a un mosso d’esquadra acusado de inventarse una agresión para detener a un joven. Donde la Fiscalía veía un arresto sin motivo y arbitrario, los magistrados aprecian un “posible roce” del manifestante en el casco del uniformado que justificó su detención, ya que el agente pudo pensar –equivocadamente– que el joven lo había golpeado.

Fue en agosto de 2021 cuando Gibraltar prohibió el petaqueo, como coloquialmente se conoce al suministro de combustible a las narcolanchas, además de material electrónico y otros víveres.Al otro lado de la Verja, en el lado español, un delito de petaqueo se resuelve con una sanción administrativa sin mayores consecuencias.En caso de ser menores de edad, el petaqueo sólo conlleva en España una sanción de 100 euros, una multa que suele ser pagada por los padres.

En 2017, la Xunta ocupó ilegalmente un terreno privado de más de 15.000 metros cuadrados no previsto inicialmente para la construcción de la Autovía do Morrazo con el fin de "liberar a la constructora del costoso transporte del terreno y los escombros sobrantes de la obra". a un lugar autorizado". Así lo estableció el tribunal, que condenó al Gobierno a sacar esas tierras del terreno ocupado y devolverlas a su propietario en el estado anterior.El Gobierno gallego incluso pidió al tribunal que le permitiera no cumplir la pena, pero este se negó.

El Villa Nores fue sometido a inspección el 29 de enero y se detectaron irregularidades pesqueras. Tras volver de su última marea en aguas del Atlántico Norte se detectaron irregularidades pesqueras, al igual que se investiga si portaba aletas de tiburón cortadas –lo que está prohibido, pues el escualo debe permanecer entero–, extremo que confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

La corte de apelaciones parisina confirma la condena del expresidente Sarkozy, aunque rebaja la pena impuesta en primera instancia, de un año de prisión firme a seis meses

Julio Ariza me preguntó que cómo era posible que ningún juez o fiscal de este país hubiese denunciado lo sucedido. La respuesta que di a esta pregunta, fue que si ni jueces ni fiscales habían denunciado estos hechos, era porque éstos, al igual que los políticos que redactaron y aprobaron estos protocolos, trabajan para los mismos que orquestaron el que a fin de cuentas resulto ser el gerontocidio de la primavera del 2020.

Los incumplimientos están "provocando "daños graves" al medio ambiente y poniendo en peligro la salud de los habitantes", alerta la Comisión Europea.