Montero ha anunciado las principales medidas de este programa. Una de las más destacadas es la implementación de la jornada laboral de 30 horas en toda Europa sin reducción salarial. Junto a esta medida, se proponen permisos mínimos de 36 semanas, (de 72 semanas para familias monomarentales) para que "pueda Europa ayudar a los estados a construir un sistema público de cuidados para que las personas tengan tiempo para vivir y puedan conciliar". En materia de servicios públicos, Montero ha propuesto poner un "suelo de inversión del 5%" en todos..

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que plantea que las sociedades o personas que sean titulares de medios de comunicación audiovisuales, de radio o de prensa escrita o digital, o que posean al menos el 10%, estén obligadas a presentar una declaración de bienes e intereses. También deberán hacerlo quienes presenten o conduzcan «programas informativos o que traten de actualidad política». El partido que lidera Ione Belarra propone que esas declaraciones sean depositadas en un registro de intereses.

En su auto, el magistrado explica que, tal y como informa la Fiscalía, la denuncia está basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación sin documentación fidedigna que la acompañe, por lo que se llega a la conclusión de que es genérica y no aporta siquiera indicios de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta que no sea su inadmisión.

Los 'morados' han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con la que buscan cambiar el Estatuto de los Trabajadores para recortar la jornada laboral a 35 horas y tratar este cese como disciplinario.

Según la formación, "el juez considera que los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que "ha acordado incoar diligencias previas y da traslado al Ministerio Fiscal para que informe al respecto". "Actuamos para que la justicia actúe, para que paralice el barco y para que inspeccione el material militar que transporta ante la inacción del Gobierno"

Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

En cuanto a las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes, que ha afirmado que el carguero no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del buque, y que su carga tiene como destino la República Checa, Montero ha insistido en que este país "no tiene mar" y que la información de la que disponen en Podemos es que "esas armas tienen destino a un puerto en Israel y que la empresa responsable de ese armamento es la mayor empresa de armamento militar israelí".

En las misivas, la líder de Podemos recuerda que la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso establece la prohibición de autorización de la transferencia de materiales de defensa "cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados de manera contraria al respeto debido al ser humano".

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

Podemos lleva semanas negociando para que el Gobierno asumiera su compromiso y extendiera la suspensión cuatro años más. La formación morada ha incidido en la importancia de que esta medida se apruebe, pues de no prorrogarse la suspensión supondría "una pérdida de confianza muy grave". "El Gobierno se comprometió con Podemos a prorrogar esa moratoria y después de algunas advertencias nos han trasladado que parece que van a cumplir su palabra y esperamos que así sea", ha comentado en rueda de prensa María Teresa Pérez.

La candidata a lehendakari de la coalición Elkarrekin Podemos Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, y portavoz de Podemos en el Parlamento desde 2020 ha anunciado este lunes que abandona la política. Gorrotxategi ha señalado que se reincorpora a su trabajo en la Universidad pública vasca, la UPV/EHU. “Desde ahí seguiré trabajando por acercar el derecho a la justicia, para que la libertad y la igualdad, guiadas por la fraternidad/sororidad sean reales y efectivas para todas las personas”, ha abundado. Es profesora de Derecho Constitucional...

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

El pasado 24 de abril, alrededor de las dos de la madrugada, ardió el vehículo particular de Adolfo Rodríguez Gil, que estaba estacionado delante de su vivienda. Adolfo es un reconocido activista de Ecologistas en Acción Sierras y concejal del ayuntamiento de Los Molinos por Podemos-IU-Alianza Verde. Según informan desde Ecologistas en Acción, los y las activistas de la zona vienen sufriendo ataques físicos y amenazas desde hace más de dos décadas. El primero de mayo de 2021, en el buzón del domicilio de Rodríguez apareció una carta anónima...

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022

MurciaPodemos-IU-AV ha registrado una proposición de ley en la Asamblea Regional de Murcia que plantea modificar la norma autonómica de comunicación y publicidad institucional para evitar que el Gobierno regional siga contratando publicidad con medios condenados de forma reiterada por publicar informaciones falsas.

La medida vence el próximo 15 de mayo y protege al menos a 30.000 hogares. La PAH defiende que la ley no solo tiene que ser prorrogada sino mejorada para que llegue a las familias que la necesitan.