La Sala de lo Penal estima así el recurso que presentó el fiscal del caso, Carlos Berro, que en su escrito indicaba que no encontraba delito en los chats que investigaba el magistrado. La Audiencia Nacional ha decidido dar por concluida la investigación abierta por los ongi etorri (actos de homenaje) a presos de ETA y ha corregido, por tanto, la decisión del juez instructor Manuel García Castellón. El magistrado decidió ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu, en los que se impartirían directrices e...

El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención.

La Audiencia Nacional ha vuelto a tumbar una prórroga irregular de una causa por parte del juez Manuel García Castellón. Si hace unas semanas la Sala de lo Penal anuló la prórroga que el juez impuso en una de las piezas separadas del conocido como 'caso Villarejo', esta vez han hecho lo mismo con su decisión de ampliar el tiempo de investigación sobre los homenajes a presos de ETA.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictaminado que el VIII. Convenio de empresa de Iberdrola firmado en diciembre de 2020 por los sindicatos SIE, ATYPE-CC y USO y la dirección (regula las condiciones laborales de toda la plantilla estatal) contiene una tabla salarial ilegal. Considera que discrimina al personal en función de la fecha de entrada a la empresa. Es decir, al personal con fecha de alta anterior al 1 de enero de 2021 se le aplican unas tablas, y al personal con fecha de alta posterior a dicha fecha, otra tabla salarial

Situado a una hora de Madrid, el Mando de Instrucción de Toledo es uno de los centros de formación militar más grandes de Europa. Cientos de civiles ucranianos que se han ofrecido como voluntarios para ir al frente se están entrenando allí como parte de la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo a Ucrania (EUMAM), creada en octubre de 2022. España es uno de los principales proveedores de formación de la UE, ya que ha formado 4.000 soldados ucranianos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está investigando el uso de las cloacas del Estado contra Podemos y si la policía patriótica puso la lupa sobre el partido de Pablo Iglesias, rechaza ampliar la causa al Partido Popular y descarta citarlo a declarar en calidad de investigado como que pedía Pablo Iglesias. El magistrado asevera que, “a falta de otros indicios”, no es suficiente con decir que “las actividades presuntamente delictivas pretendían comportar un correlativo beneficio para esta formación política..

La Audiencia Nacional ha anulado la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. La Sala de lo Penal recuerda al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que lleva cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía envíe datos del caso. Recientemente un imputado del caso Tsunami Democràt

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres para los periodistas por descubrimiento y revelación de secretos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y para dos periodistas por el denominado 'caso Dina', en el que investigó el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

España es uno de los países europeos que no acepta la doble nacionalidad, con solo dos excepciones, Francia y Portugal. Así que, por el momento, si un rumano quiere convertirse en ciudadano español, tiene que cumplir ciertas condiciones, la principal de las cuales es renunciar a la ciudadanía rumana, un paso costoso e indeseado, que ha hecho que el número de los que lo han dado sea insignificante hasta ahora. Y ello a pesar de que los rumanos forman la segunda comunidad más numerosa en España, después de los marroquíes: según los criterios de r

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha recurrido la petición del juez para enviar a Suiza el informe no oficial y “apócrifo” de los fiscales del Supremo partidarios de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo al entender que García Castellón lo ha introducido en la causa fuera de los “cauces oficiales”. El Ministerio Público recurre la decisión del juez de introducir en la causa y enviar a Suiza el documento no oficial de la Fiscalía del Supremo sobre la imputación por terrorismo del expresident.

Lo que supone un 25% más que en 2022, cuando ya se había registrado un incremento del 73%. Tras el estallido de la guerra y las sanciones que se impusieron a Rusia, todos los expertos auguraban un desplome de las ventas de casas a los ciudadanos rusos, pero la realidad ha sido la contraria ya que muchas familias rusas han abandonado su país ante el temor a una posible llamada a filas de alguno de sus miembros. Los extranjeros que compraron una vivienda durante el año pasado contaron con un presupuesto un 55% superior al de los nacionales.

Golpear y detener sin motivo a un ciudadano le costará 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación a Jorge A.S.A., agente de la Policía Nacional. Esta es la pena que decreta la Audiencia de Valladolid por los hechos ocurridos contra Atila S., a quien preguntar en la comisaría de Parquesol, que confundió con un hospital, le condujo a sufrir dos agresiones y a ser trasladado con grilletes a la Comisaría de Las Delicias, este último hecho bajo orden del superior del encausado tras escuchar su versión de los hechos pero sin haber visionado la cámara.

El hombre cobraba entre 100 y 900 euros a cada individuo por el empadronamiento y ha sido acusado por la Policía Nacional de incumplir la Ley de Extranjería