El Ayuntamiento explica que se trata de la Cruz de Borgoña y será un complemento a un parque temático sobre Blas de Lezo para niños.

El ex director general de OHL Ramón Martín de Nicolás ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la empresa haya pagado comisiones a cambio de hacerse con adjudicaciones de obra pública, y ha explicado que cuando hablaba de porcentajes y pago de millones de euros se refería a los adelantos que debía hacer a los proveedores.

Está imputado en el caso Lezo como presunto intermediario de una supuesta comisión de 1,4 millones de OHL para I.González por el tren a Navalcarnero. Afincado en Suiza desde hace años,también apareció vinculado al caso Gürtel por un pago de 50.000 euros al testaferro de Bárcenas a finales de 2008. A finales de los 80,estuvo implicado junto a un exconsejero del socialista José Bono en un escándalo de adjudicaciones irregulares en la Comunidad de Madrid (caso Atocha). Otro de los escándalos en los que apareció vinculado fue el del Pequeño Nicolás

La Policía ha detenido hoy a cuatro personas, entre ellas los empresarios Ángel Pérez-Maura, emparentado con la familia Botín, y Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo, en relación a la pieza Pit del caso Villarejo, relativa al procedimiento de extradición a Guatemala abierto a Pérez-Maura, cuya entrega fue denegada por la Audiencia Nacional.

Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha acusado al juez que le mantiene imputado en la Audiencia Nacional en el caso Lezo, Manuel García-Castellón, de simular que cumple la ley, según consta en un recurso de apelación presentado por el letrado del empresario ya condenado a seis meses de cárcel por el caso de las tarjetas black.

El juez de lo Social número 35 estimó la demanda interpuesta por María Fernanda Richmond, exdirectora de Negocios, y declaró improcedente su despido. Richmond está imputada en el 'caso Lezo' por hasta seis delitos: organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha revocado la sentencia del juzgado de lo Social que obligaba al Canal de Isabel II a indemnizar con 84.000 euros a una empleada despedida e imputada en Lezo.

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La constructora OHL está en el punto de mira por haber sobornado presuntamente a funcionarios y altos cargos para conseguir adjudicaciones millonarias en varios puntos de España. Entre las obras que están siendo investigadas se encuentra el dique de abrigo del Puerto de Granadilla, en Tenerife, que apenas ha tenido actividad desde su inauguración. La operación se llevó a cabo en 2007 por 114 millones de euros, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz Tenerife José Luis Suárez Trenor.

Pendrives, tarjetas de memoria y demás dispositivos electrónicos; unos 40 equipos de almacenamiento en los que se recogen 8.000 gigabites de información. Así es el arsenal de pruebas que la Audiencia Nacional tiene en contra de Ignacio González en el marco del 'caso Lezo'. La defensa del expresidente madrileño considera que es "materialmente imposible identificar los archivos y datos" que puedan extraerse de estos equipos. Por ello, pide que se excluyan todas las pruebas; todas excepto aquellas que los agentes de la Unidad Central Operativa..

Colombia ha condenado a 12 años de inhabilitación al exregidor de Santa Marta por amañar contratos. Fue el artífice de que el Canal perdiera la concesión en 2017. Carlos Caicedo fue uno de los principales artífices de que el Canal de Isabel II perdiera las concesiones que tenía en el municipio colombiano de Santa Marta. De hecho, el grupo parlamentario de Podemos le trajo a Madrid en diciembre de 2016 para que hablara en la Asamblea de Madrid sobre los contratos que en esos momentos esta localidad mantenía con la filial del Canal, Metroagua

Manuel García-Castellón trata de determinar, a petición de la Fiscalía anticorrupción, si Granados también pudo haber cobrado por el tren de Navalcarnero una mordida como la que se le atribuye al expresidente madrileño.

Felicísimo Ramos declaró como testigo en el 'caso Lezo' por las presuntas mordidas de la constructora al expresidente madrileño Ignacio González; su argumento no logró convencer al juez, quien insinuó que una transferencia de 1,4 millones de euros no era tan fácil de olvidar. "Es que con esta cantidad de dinero nos parece un poquito increíble; si usted se dedicara a hacer transferencias de una forma continua por ese importe, yo entiendo que no se acordara, pero no creo que hubiera hecho muchas".

La constructora pagó presuntamente sobornos para adjudicarse el puerto de Granadilla (Tenerife), la variante de Baza (Granada), la Autovía de la Plata (Extremadura) y el puerto de Melilla. La autoría intelectual de la trama aún no ha sido esclarecida, pero las investigaciones la ubican en las esferas más altas de la compañía, en la misma cúspide. Parece difícil que solo dos personas pudieran coordinarse para disponer de 40 millones de euros sin que saltara ninguna alarma interna. Ramos y Hernández ya han pasado por la Audiencia Nacional..

La constructora OHL habría abonado presuntamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para asegurarse grandes contratos de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió los pagos entre la documentación que incautó a la cotizada durante uno de los registros de la operación Lezo en 2017.

Un abogado, al que el Canal de Isabel II encargó investigar la actuación de sus directivos desplazados a Colombia,reconoce que en la operación "había algo raro" y que algunos empresarios "hicieron un buen negocio". El Canal compró en 2001 Inassa,que era propietaria de un alto porcentaje de las acciones de la empresa Triple A de Barranquilla (Colombia). Pero Triple A,filial de Inassa,escondía en el momento en el que el Canal entró en la compañía la particularidad de que tenía firmados unos contratos paralelos con unos empresarios locales..

Ambos casos pivotan sobre el mismo eje, el terremoto de Haití de 2010. La noticia que les ha avanzado la SER sobre la apertura de una nueva línea de investigación de la trama Lezo al detectar posibles sobornos de la mano derecha del gobierno popular de la comunidad de Madrid al embajador hoy de Angola, Manuel Antonio Hernández Ruigómez, a cambio de su mediación con las autoridades haitianas, para la obtención de proyectos de reconstrucción de infraestructuras hídricas tras el terremoto que asoló el país en enero 2010, ha encendido todas las ale

La mano derecha de Ignacio González en el Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, ordenó pagos de al menos 14.400 euros al padre del embajador de España en Haití y hoy delegado diplomático en Angola, Manuel Antonio Hernández Ruigómez, a cambio de su mediación con el gobierno haitiano para conseguir proyectos tras el terremoto de 2010, según la Guardia Civil

"Los investigados están realizando movimientos de fondos desde cuentas radicadas en el extranjero". Aún no se conoce el origen del dinero, pero el magistrado a cargo de la investigación del caso Lezo, Manuel García-Castellón, considera que puede "guardar relación" con los presuntos hechos delictivos que se juzgan en la Audiencia Nacional. Y añade: los acusados en la trama de corrupción continúan "manteniendo contactos y reuniones" posiblemente vinculadas con el traslado de "documentación incriminatoria".

En pocos días, se mezclan tres eventos. En primer lugar, la ridícula polémica de ida y vuelta sobre Vox, Blas de Lezo y los recientes premios Goya. Cuando los políticos de ese partido piden a los cineastas que hagan películas de De Lezo y la gente del mundo del cine los manda al carajo (en cierta medida, es comprensible). La sandez es considerable: primero, pensar que hacer una película sobre un hecho histórico significa que vaya a tener la visión que se desea; segundo, que la gente del cine, compre ese punto de vista con sus respuestas.

No nos engañemos, Blas de Lezo, lejos de pelear por la justicia social, lo hizo por servir al rey de turno, en un claro ejemplo de heroísmo patriotero.

El debate que se ha generado en torno a la petición de Vox de rodar una película sobre el marino vasco Blas de Lezo, el héroe español en la defensa de Cartagena de Indias ante el ataque de la fuerza naval inglesa del almirante Vernon registrado en 1741, tiene cada vez más protagonistas. La polémica, como todas, presenta dos bandos enfrentados: la que expone la necesidad de dar a conocer la épica historia del Almirante Patapalo y la que ha utilizado esta reivindicación para hacer sátira con ella.

El productor de cine Enrique Cerezo trabaja desde hace un año en una serie de televisión de cuatro capítulos sobre la figura del almirante vasco Blas de Lezo, conocido por su defensa de Cartagena de Indias en 1741 de una de la mayores flotas navales desplegada en la historia por Gran Bretaña. "Es una iniciativa nuestra. Está todo en estudio, llevamos un año con los guiones, y cuando estén veremos qué es lo que pasa, porque habrá muchos optantes a esto", ha explicado a Europa Press el también presidente del Atlético de Madrid.

El juez al frente de este procedimiento, bautizado como 'Lezo', ha acordado citar como testigos el mes de febrero a siete personas que participaron en el proceso de adquisición de la colombiana en 2013, entre ellas, dos exaltos cargos del Banco Santander y la entidad colombiana Corpbanca.

El juez Manuel García-Castellón, que sigue el rastro de las presuntas comisiones ilegales abonadas por OHL tras la adjudicación del tren a Navalcarnero y por el Canal de Isabel II en la compra de Inassa, considera que el expresidente madrileño utilizó a la Comunidad de Madrid como "plataforma" para cometer sus delitos

El Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el que aúna en la actualidad las causas de corrupción de mayor calibre con excepción de la Gürtel, ha alcanzado por su actividad una cifra récord de aseguramiento de cantidades incautadas en sumarios relacionados con la corrupción, como la trama Púnica o la Lezo, que roza ya los 24 millones de euros. El dinero se conserva depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones a la espera de que esos procedimientos sean juzgados y en previsión de futuras condenas por responsabilidad civil.