Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.

La ampliación de los motivos de entrega se validó sin responder a una posible prescripción del delito de fraude en Eslovaquia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afea "la rechazable técnica del 'corta y pega'" en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Manuel García-Castellón, y que permitió ampliar los motivos de entrega a Eslovaquia de un reclamado por fraude. Se da la razón a su defensa porque, además, la resolución no respondió sobre una posible prescripción del delito en el país de origen.

El concejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez. El PSPV-PSOE acumulaba hasta 167 multas por aparcar en la zona azul.

Considera que el juez Manuel García-Castellón pidió al Supremo imputar a Puigdemont sin investigar lo suficiente. Además, insiste en que no hay terrorismo y acusa al instructor de confundir esta causa con la de los CDR.

Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del PP y que está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento. En un discurso muy duro contra este magistrado, tras emitir resoluciones en la causa de Tsumani Democràtic donde aprecia terrorismo en incidentes durante el 'procés' en pleno debate parlamentario sobre la amnistía, Belarra ha proclamado que hay "jueces absolutistas" que están maniobrando contra

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, el conservador Miguel Ángel Carballo, ha criticado con contundencia la instrucción del juez Manuel García-Castellón. En un escrito el representante del ministerio público habla de "flagrantes contradicciones", "falta de argumentos" y una exposición "totalmente injustificada e inmotivada", entre otras críticas.La Fiscalía insiste en que los hechos de Tsunami son desórdenes públicos y en que no hay indicios contra el expresidente Carles Puigdemont.

Ante esta revelación, el equipo de gobierno, a través de su portavoz, Vicent Sales, manifestó en un primer momento que "no hay constancia por parte del edil de todas estas acusaciones". Sin embargo, después la denuncia pública, el propio Cristian Ramírez mantuvo una reunión en la Oficina de Recaudación, en la que se le notificó la existencia de 29 sanciones, estando algunas de ellas en periodo voluntario de pago.

"Lamento ser cansino, pero más lo son ellos; amén del sainete y por lo que nos afecta, hemos vuelto a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", apunta este miércoles el presidente del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado. "Que nos dejen en paz", suplica más tarde.

El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos de ETA que tomó hace tres meses. A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.

Un miembro del gabinete de la ministra belga de Educación, Caroline Désir (PS), hijo de la ex ministra Fadila Laanan, fue detenido a mediados de diciembre por tráfico de drogas, poco antes del descubrimiento de paquetes de cocaína durante un registro en su oficina en el despacho ministerial, reveló el DH. Nuestros compañeros precisaron este viernes que otros siete sospechosos fueron imputados en este caso por venta y posesión de drogas en asociación. Ocho personas han sido acusadas de venta y posesión de drogas en asociación,…

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, archivó por falta de pruebas la investigación sobre una posible conexión rusa con Tsunami Democràtic, que sí observa en el caso Voloh el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre.García-Castellón investigó durante meses la posible financiación desde el Kremlin, así como apoyo paramilitar, como la supuesta promesa de 10.000 efectivos rusos para respaldar la independencia.

El empresario Javier Pérez Dolset ha mandado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitando que cite como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen; y a los directivos del Grupo Planeta, Mauricio Casals, presidente de La Razón; José Crehueras, presidente de Atresmedia; y a Antonio García Ferreras, director de La Sexta, entre otros, por su presunta colaboración en operaciones de descrédito o de espionaje como la Operación Cataluña. El documento presentado por Pérez

El magistrado afirma que cabe proseguir la investigación al menos medio año más porque faltan “numerosas” diligencias por practicar, entre ellas la respuesta a varias comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Países Bajos o Suiza, así como la contestación a varios recursos presentados, tanto a la Sala de lo Penal de la Audiencia por la imputación de terrorismo, como contra que la exposición razonada para elevar la causa al Supremo.

García Castellón, acelera en la construcción de su acusación. Desde un muerto por infarto durante unas protestas contra la sentencia del procés hasta su última averiguación, cuatro años después, de un supuesto plan que nunca se ejecutó para protestar por la presencia del rey en Catalunya

El Ministerio Fiscal debería querellarse contra el juez de la Audiencia, aunque tal vez, dada la muy alta probabilidad de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite dicha querella, podría ser más eficaz la recusación de dicho juez. La pérdida de imparcialidad se produce cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un juez o magistrado se desvía del cumplimiento de la función que tiene constitucionalmente encomendada de una manera que no puede ser explicada de manera objetiva y razonable haciendo uso de las reglas.....

El periodista del País Carlos Cué, y la periodista de El Mundo Lucía Méndez han protagonizado este encontronazo a cuenta de la Ley de Amnistía, durante su intervención en el programa La Hora de la 1 de TVE. Analizando la intervención de Gerardo Pisarello en el programa, y la postura de su partido hacia la figura del Juez García Castellón, la periodista del Mundo no dudó en criticar las palabras del portavoz de Sumar. Carlos Cué no duda en desmentir las falsas acusaciones de Lucía Méndez, y en calificar de totalmente absurdos sus argumentos.

Ordena a la Guardia Civil que investigue si la plataforma independentista tenía la intención de "actuar" al paso de la comitiva real, durante la entrega en Barcelona de los premios de la Fundación Princesa de Girona 2020, tras hallar una conversación que pasó por alto del alias Xuxu Rondinaire

"El sentido común y el análisis jurídico coinciden: esto no es terrorismo", ha señalado el catedrático. "Es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo". Este catedrático considera que, aunque no hubiera blindaje de la causa por parte del juez de la Audiencia, no prosperaría

Ayer, el García-Castellónvolvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía, que no sin polémica y con falta de explicaciones pretende blindar a Carles Puigdemont, precisamente, de los sucesivos movimientos del magistrado, que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial.

El magistrado tarda 48 horas en responder a las enmiendas pactadas por los independentistas y el PSOE y concluye que los cambios también le permiten dejar fuera el caso Tsunami del olvido penal al procés. La consideración terrorista que el juez otorga a las protestas de la plataforma es la vía que ha proyectado para dejar fuera de la amnistía a dos de los líderes imputados en Tsunami para los que se negocia el olvido penal al procés, Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC).