Los pinchazos telefónicos ordenados por el juez del 'caso Koldo' han permitido a los investigadores constatar que los empresarios beneficiados por las adjudicaciones de mascarillas presumían de tener “un pase especial” en el Ministerio de Transportes. Así consta en una intervención telefónica del pasado mes de octubre en la que el empresario Juan Carlos Cueto llama a uno de sus colaboradores y ambos comentan que el también empresario Víctor Aldama, imputado al igual que los dos anteriores, tenía “un pase especial” en el Ministerio.

Los datos de población apuntan a un "replanteamiento" del Estado de bienestar. En un periodo de 15 años, la caída de la natalidad supone un -32 %. El crecimiento vegetativo todavía se mantiene por los migrantes. Se estima que 8 de cada 10 nuevos nacimientos lo hacen en familias de nuevos residentes extranjeros. "La migración está ayudando ahora en el reemplazo generacional pero estamos observando cómo la población migrante con el tiempo va a asumiendo los comportamientos de la población del país receptor y ya no tiene tantos hijos".

La mayoría de las personas explotadas eran ciudadanos senegaleses, que captaban en su país de origen y a los que obligaban a trabajar en labores agrícolas de la ribera del Ebro en régimen de semiesclavitud, valiéndose de su situación irregular en España.

En el informe de situación que están realizando se han detectado retrasos de hasta cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer mama, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento. Además, había mil colonoscopias pendientes acumuladas en mayo de 2022

Este martes, 20 de febrero, se iba a celebrar en los Juzgados de Monzón un juicio penal contra uno de los empresarios de Litera Meat, Mario Pini, originado por la denuncia que interpuso un trabajador de este matadero de Binéfar. Sin embargo, ha sido aplazado porque Pini ha acudido sin intérprete de italiano y alegando que no habla castellano.

Todavía hay empresarios que salen corriendo cuando llegan los inspectores de trabajo, a los que llegan a agredir física y verbalmente. La inspección de trabajo impuso casi 9.000 infracciones y más de 30 millones de euros en sanciones en 2023. Los trabajadores sin dar de alta están a la orden del día en Canarias, especialmente en el sector de la hostelería. Es uno de los grandes problemas del Archipiélago, donde el sector servicios representa más del 50% de la economía. Para combatir este y otros fenómenos, la Inspección de Trabajo ha realizado…

Plataforma per la Llengua dice que el centro se ha disculpado y se ha comprometido a actuar contra estas actitudes

"Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente y esto es un pecado gravísimo. Mientras se escandaliza si se lo doy a un homosexual…. ¡Esto es hipocresía!", afirma en el adelanto a una entrevista a una revista católica italiana.

Vicente Fernández López era albañil, tenía 40 años y dos hijos a los que repetía y repetía que no quería “que acabasen en una obra”, como él. El 5 de abril de 2017 salió de casa al trabajo, como un día más, y habló por teléfono con su mujer de la declaración de la renta. “No se te olvidan esas cosas”, recuerda ella, Sonia Rodríguez Extremera.

El Partido Popular y Vox han dado marcha atrás en su iniciativa para que el conocimiento del catalán sea menos valorado que el dominio de los idiomas extranjeros de la Unión Europea (UE) para trabajar en la sanidad pública valenciana.

Los certificados de lenguas como el inglés o el alemán darán hasta seis puntos, por solo cuatro de la lengua de la Comunitat -la mitad que hasta ahora-

El PSPV cree que PP y Vox maniobran para eliminar la Agencia Antifraude. A la propuesta realizada por una asociación de un candidato próximo a Eduardo Zaplana para dirigir el ente público se suma la amenaza de la extrema derecha, que ha apuntado que quiere negociar con sus socios de Gobierno cambios sustanciales en ella, incluso la eliminación.

Sobre la documentación que entregó en el juzgado y que implicaba al exvicealcalde en pagos en dinero negro de la campaña electoral, Gordillo ha asegurado que entregó la documentación porque "un hombre me amenazó en una calle poco transitada. Me negué a entregar la documentación, pero me enseñó una foto de mis hijos pequeños y me vi obligado a entregar la documentación". Ahora asegura que ya no se siente presionado porque "mis hijos ya son mayores".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados para presentar las que serán las principales líneas de actuación del Gobierno en materia laboral a lo largo de la legislatura. Entre las tareas pendientes, la líder de Sumar ha destacado el compromiso del Ejecutivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que ha señalado que negociará con los agentes sociales.

Un total de 19.005 viviendas alquiladas en la Comunidad Valenciana tienen como caseros a megatenedores que acumulan más de 50 alquileres. En total son 75 empresas que son propietarias directas de las viviendas y que dependen, a su vez, de 59 grupos empresariales o administraciones.

Vicente Barrera reprocha que el expresidente socialista asista al acto de homenaje al profesor asesinado junto a Carlos Mazón y su hijo le replica que es "reflejo de acuerdo y consenso"

Álvarez ha subrayado que el SMI afecta al 30% de los convenios colectivos del país porque "los empresarios de este país son rácanos". "Hace ocho años no afectaba a tantos convenios colectivos porque la negociación colectiva era más dinámica porque los empresarios apostaban por repartir la riqueza que se genera en este país", se ha quejado en declaraciones previas a una entrega de premios de UGT en Santiago.

El texto para impulsar una ley fue registrado por Juan García Santandreu, un ultra que fue candidato falangista en los ochenta y dirigió el colectivo anticatalanista GAV en los noventa, propone una revisión de la ley de Señas de Identidad que impulsó el PP valenciano, y pide considerar una falta administrativa e “ilegal” el uso de la denominación País Valenciano, con las correspondientes sanciones administrativas. La iniciativa legislativa fue remitida a la Junta Electoral para su consideración sin votación en la Mesa de las Corts Valencianes,

Se le va a atacar por dos frentes: 1° Aduciendo que los trabajadores le van a echar morro. Como si los que quieran echarle morro ahora no pudieran. Lo 2° que se argumenta es que los empresarios van a poner trabas mediante chantaje y amenaza encubierta para dificultar coger la baja. En primer lugar eso ya pasa. Tenemos infinidad de ejemplos en consulta de gente que no puede coger la baja por su situación laboral. Así que lo que hace esta autobaja es devolver el problema a donde pertenecía, que es al trabajo, no al ámbito sanitario.