La noticia adelantada por los informativos de la Cadena Ser de que Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, se benefició de la compra venta de un piso protegido en Alcobendas ha generado dos tipos de reacciones. Los que le echan en cara lucrarse en una operación capitalista que realizan a diario miles de personas y los que ven una conspiración en contra de su candidatura a liderar Podemos-Madrid.

En la compraventa de una VPO de segunda mano hay que tener en cuenta ciertos factores legales que se deben cumplir para la formalización de la operación.

Intervención del portavoz de Podemos en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Comunidad de Madrid, el 20 de noviembre de 2015

El candidato a liderar la formación en Madrid ha dicho que invirtió este dinero en pagar su máster y un portátil.

Lo compró con 23 años y en el paro aportando 52.000 euros de entrada. Tardó nueve meses en venderlo a un precio mayor.

El portavoz de Podemos en el Senado compró una vivienda protegida por 146.224 euros sin sorteo público y estando en el paro. La vendió antes de un año por 176.000 En el momento de la compra tenía sólo 23 años y no llegó a ocupar la vivienda. Solicitó permiso de venta a la Comunidad de Madrid pocas semanas después de haberla comprado.

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman Sachs. La jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición."Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos" y deben escudriñar las sociedades implicadas en la compraventa

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman SachsLa jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición"Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos"

Euskadi es la única comunidad autónoma con la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. En el resto de España, la duración del período de calificación (tras el cual las viviendas protegidas se convierten en pisos libres) más extendido es de 30 años, aunque hay comunidades que lo dejan en 20

En 2013, el Gobierno español eliminó las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar VPO. Unas 300.000 familias se vieron obligadas a pagar sobrecostes mensuales de entre 90 y 300 euros por su préstamo. La Eurocámara pide al Ejecutivo que justifique la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de los préstamos.

Durante el primer trimestre de 2016, una vivienda protegida fue de media un 34,2% más barata que una libre, según datos del Ministerio de Fomento. Es decir, la diferencia entre el precio de una VPO y el de una vivienda libre cada vez es mayor. Sin embargo, como recoge Idealista, hay 12 provincias de España y una comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) donde, aunque sorprenda, la vivienda protegida acaba siendo más cara que la vivienda libre.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid volverá a construir viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento de la capital ya prepara la primera de las licitaciones, que incluirá levantar 112 pisos en una promoción de Vallecas...La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció hace unas semanas que se había marcado como objetivo terminar su legislatura al frente del Consistorio de la capital con un total de 4.000 nuevas viviendas sociales...

Alba vive con sus hijos en un piso de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid que fue adjudicado a su abuelo en 1959 y pagó hasta que murió en 1995. Una sentencia de 2001 estableció que solo los hijos, y no los nietos, tienen derecho a subrogar un VPO, aunque ella recurrió el fallo. La empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid le da hasta el 7 de mayo para comprar el piso por 54.000 euros o quedarse en alquiler social. Los ingresos de la unidad familiar de Alba se limitan a 387 euros procedentes de la Renta Mínima de Inserción.

Blackstone rebajó su oferta ya "definitiva y vinculante" aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados: la empresa municipal aceptó "sin la menor prueba". No fue la única concesión: la compradora incluyó mejoras en su propuesta que luego no ha cumplido ni le han sido exigidas aunque contaron para adjudicarle la venta.

Blackstone se hizo con casi 2.000 pisos públicos en una operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid.La exalcadesa se preguntó:"¿De qué problemas habla?", cuando los inquilinos informaron de que la dueña subía los alquileres para renovar los contratos y comunicaba procesos de desahucio.La operación buscaba fondos para evitar la desaparición de la Empresa Municipal de Vivienda, ahogada por el endeudamiento al que se la había llevado.

La noticia saltaba hace el 3 de febrero. Varios medios publicaban que un supuesto "error informático" había ocasionado que llegaran burofaxes de rescisión de contratos de alquiler de renta antigua y les conminaban a abandonar sus viviendas antes del 29 de Febrero. ¿Un error informático? ¿Se amenaza con desalojos "por error"? Según los responsables del…

Sus filiales ofrecieron promociones de Madrid y Barcelona como garantía para firmar cinco préstamos hipotecarios por 35 millones de euros en diciembre de 2015.Entre las hipotecadas hay viviendas sociales compradas al Ayuntamiento de Madrid, casas del Plan Joven de la Comunidad y de protección oficial de la Generalitat en Barcelona.. el pasado 23 de febrero debía declarar como investigado el antiguo gerente de esa entidad Juan Van Halen. Van Halen, que saltó de Madrid al Ministerio de Fomento, fue reclamado por algunas de las acusaciones..

El Ayuntamiento de Santander entregará este martes las 111 VPO de La Albericia, adjudicadas a la empresa ASCAN, del Grupo SADISA, al que pertenecía en su anterior destino profesional José Antonio Gómez, el responsable de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), entidad municipal responsable de su adjudicación. No es el único departamento municipal relacionado con el urbanismo a cuyo frente están exempleados o exdirectivos de este grupo constructor.

La Ley obliga a la madre de Pablo Iglesias, María Luisa Turrión, a devolver al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVM) la vivienda de protección oficial (VPO) en la que reside el líder de Podemos reside.

Julia y su hija Paloma fueron desahuciadas al no poder hacer frente al alquiler después de que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, vendiese su casa a un fondo buitre. Paloma falleció unos meses después del desalojo; su madre asegura que su depresión se agravó durante el proceso de desahucio.

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha comparecido ante la comisión de la Asamblea de Madrid para responder sobre la venta de viviendas públicas a fondos de inversión durante su mandato. Califica la venta de "proceso transparente, pulcro, inmaculado".

El anterior presidente, Ignacio González, cedió gratis siete locales a dos diócesis madrileñas, una de ellas dirigida por el obispo Reig Plá, conocido por sus comentarios homófobos. El acuerdo se firmó mientras se ejecutaba la venta de 3.000 viviendas de protección oficial a un fondo buitre, una operación que dejó sin alquiler social a sus inquilinos. El gobierno de Cifuentes no ha querido explicar si van a mantener la cesión gratuita, que tiene una vigencia de 30 años.

El Consorcio de Vivienda de Gran Canaria ha adjudicado una Vivienda de Protección Oficial a Yasmina Llarena, concejala del PSOE en el grupo de gobierno en La Aldea (Gran Canaria). Tomás Suárez, miembro de la oposición en CC, asegura que presentarán una moción en el próximo pleno extraordinario "para que la ciudadanía sepa a quién se le ha adjudicado, porque puede ser legal pero no es ético".

El entonces alcalde promovió en Sanchinarro una promoción de casas baratas para jóvenes para "evitar una forma de exclusión social". Diez años después su precio se desboca. Los inquilinos denuncian que la gestión del nuevo dueño es pésima y además les quitan la opción de comprar su vivienda. El fondo se justifica y dice que están negociando puerta a puerta y que las subidas son graduales.