La Xunta repartió, desde las semanas previas a la convocatoria de elecciones y al margen de los planes de medios, un mínimo de 711.457 euros a medios de comunicación afines. Son datos obtenidos por El Salto tras hallar los contratos menores de cada Consellería, Secretarías Xerais y organismos públicos del Gobierno gallego. En poco más de mes y medio, fueron contraídos un mínimo de 105 contratos con cuantías que oscilan entre los 850 y los 18.000 euros.

A veces la irregularidad es ínfima, como superar en un céntimo la barrera para dar contratos a dedo, pero en otras veces es relevante, como en 11 contratos donde ese límite se superó ampliamente. Otra de las irregularidades más frecuentes es prorrogar contratos menores año tras año, algo en lo que han caído frecuentemente entidades como la CRTVG o el Consorcio de Servizos Sociais.

Más allá de la cuestión del contenido, -calificado por la formación como "cutre", "un sarpullido"-, también por la falta de elementos valencianos. Ahora van hacia la vertiente económica. Un clásico que se vive ahora con los papeles cambiados. La formación naranja presentará en la Agencia Antifraude "porque no queremos hacer el mismo camino que otros" en alusión a las querellas presentadas en su momento por el PP lo que consideran no ya un inflado de precios, sino "un proceso amañado".

Las denuncias de corrupción y posibles fraudes en la contratación pública crecieron en 2022 un 19% y marcaron un nuevo récord, el cuarto consecutivo, con 187 comunicaciones de este tipo, según los datos que ha recopilado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), encargada de velar por el buen funcionamiento de la contratación pública en España. Esas 187 denuncias equivalen a una media de una comunicación de este tipo cada dos días.

A lo largo de 2023, el mercado laboral español ha seguido dando sorprendentes señales de 'sobrecalentamiento' que parecen incompatibles con un país que mantiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Una de las más llamativas son las dimisiones, que han superado, por primera vez en la serie histórica, el promedio de las 11.000 diarias. De ellas, un 75% corresponden a trabajadores con contratos indefinidos. Estos asalariados aportan 8.400 renuncias de media, cifra que supera en un 26% las anotadas en 2022 y en un 194% que las que se registra

Las navidades dejan aún más al descubierto los problemas sanitarios de una región que ha perdido miles de profesionales y en la que solo un 10% acepta sus contratos "estables"

En 2017, a Susana Díaz le dimitieron los mismos cargos (viceconsejero y gerente del SAS) que han dado ahora "un paso al lado". Pero el aumento de un 55% en las listas de espera de la sanidad pública tras revelarse que los contratos de la Junta para derivar pacientes a la privada no tenían anclaje legal precede a estas salidas en plenas navidades

36.000 pacientes rebasaron el plazo máximo legal para operarse en junio -último dato publicado-, pero el Sistema Andaluz de Salud llegó a registrar 56.000 en octubre. El repunte acelerado en esos cuatro meses se explica porque, en junio, la Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia con la privada que prorrogó durante dos años usando el marco legal de la pandemia ya derogado.

Un año después de que estallara la polémica por la contabilidad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos inactivos que se inscriben en un servicio público de empleo, pero no cuentan como parados, el Ministerio de Trabajo sigue sin cumplir su compromiso de desglosar y clarificar sus cifras. Ello a pesar de que los demandantes de empleo con relación laboral, la categoría donde se engloban a estas personas, sigue creciendo y ya supera la cota de los 700.000.

Omite decir que el conteo es igual desde la Orden 11 de marzo de 1985. Como hace 38 años También omite que Madrid cerró 2022 con 107.642 fijos discontinuos, es decir, un 241 % más que en 2021

El dos veces MVP de la Liga Americana se llevará alrededor de 700 millones de dólares en 10 años

Cuando soñamos con una sanidad pública más moderna que incorpore tecnología puntera, pensamos principalmente en la inversión económica necesaria para ello. Pero la ecuación es mucho más compleja: desde acondicionar el espacio físico en el que se instalará la nueva herramienta hasta licitar los contratos de mantenimiento, formar al personal sanitario o elaborar unos criterios clínicos de tratamiento.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Securitas Seguridad España S.A. un contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad para reforzar la protección de las tropas españolas en Letonia, integradas en la misión de la OTAN de disuasión ante Rusia.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que controla la legalidad de los contratos de la Administración autonómica, ha rechazado por “infracciones legales insubsanables” el gran contrato de 201 millones que el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP quería destinar a la sanidad privada, como plan de choque para ‘aliviar las listas de espera’.

Por "unanimidad", el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el polémico contrato.