Las televisiones públicas llevan décadas enfrentándose a la instrumentalización política y Telemadrid ha sido por antonomasia el claro ejemplo de ello. Curiosamente, la cadena pública que ha sido acusada de estar al servicio de Isabel Díaz Ayuso acaba de recibir un importante varapalo por parte de los espectadores: firma su día horribilis en audiencias mientras que cuenta con programas de coste millonario que no han alcanzado ni tan siquiera el 3% de share medio.

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha recurrido la petición del juez para enviar a Suiza el informe no oficial y “apócrifo” de los fiscales del Supremo partidarios de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo al entender que García Castellón lo ha introducido en la causa fuera de los “cauces oficiales”. El Ministerio Público recurre la decisión del juez de introducir en la causa y enviar a Suiza el documento no oficial de la Fiscalía del Supremo sobre la imputación por terrorismo del expresident.

Los juzgados que archivan las querellas contra Ayuso por las residencias lo hacen sin investigarla, mientras la Audiencia ha dado hasta tres “toques” a los tribunales por no abrir diligencias contra cargos políticos. Algunas demandas siguen su curso.

Estima que Hacienda prescinde en su análisis “del negocio jurídico” efectuado entre el club y el agente y lo sitúa en “un esquema negocial paralelo” que es el contrato de representación entre el jugador y el agente. En las otras cinco sentencias en las que la justicia también ha dado la razón a Dani Alves, establecían que el futbolista liquidó correctamente sus derechos de imagen mientras fue futbolista del FC Barcelona.

Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael...

Cuatro de la veintena de detenidos en el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El magistrado Ismael Moreno había citado este miércoles al principal imputado, Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y otros tres implicados. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ellos medidas cautelares....

A la Fiscalía y a la UCO les llamó la atención el abultado incremento patrimonial que la mano derecha del ex ministro Ábalos tuvo durante la pandemia. Anticorrupción, que ha llevado el peso de la investigación con absoluto sigilo en los últimos dos años, puso el foco en los distintos contratos adquiridos por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L en los peores momentos de la pandemia del Covid-19. Su negocio pasó de 0 € en 2019 a 53,13 millones de € en 2020. El pasado martes se practicaron 26 registros y 20 detenciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles la resolución de la CNMC que consideró que ocho empresas lácteas, entre las que figuran Nestlé, Pascual, Danone o Lactalis, entre otras, y dos asociaciones formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España. El Tribunal considera acreditado la "existencia de intercambios de información sobre precios y otras condiciones comerciales" entre empresas competidoras del sector lácteo

La Audiencia critica la instrucción de la jueza de Azpeitia, que sobreseyó “sin exponer motivo o razón alguna”. Le obligar a realizar la pericial propuesta por la parte querellante, EH Bildu, que estimó un sobrecoste de las obras de 17 millones

La multa de 194 millones de euros fue impuesta por la CNMC, al demostrar que las dos multinacionales tenían un acuerdo secreto para inflar los precios e impedir el acceso a los consumidores de los productos de la competencia. Las multinacionales han amenazado con retirar sus negocios bajo el pretexto del elevado coste que supone la multa respecto a sus ingresos en el Estado español. La Audiencia Nacional también ha suspendido la prohibición que se había impuesto a estas empresas de llevar a cabo contratos con la administración pública.

Una de ellas es una vecina de Iturmendi de 63 años a la que trasladaron a Madrid en régimen de incomunicación

Crónica Libre desvela ahora en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo el magistrado y los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa (sin presencia de la defensa) acuerdan el calendario, hablan de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».

El tribunal también accede a la petición de ambos gigantes tecnológicos de frenar cautelarmente la prohibición de contratar con la administración pública hasta que se resuelva el contencioso con la CNMC.

La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio. El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que inte

Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.

La ampliación de los motivos de entrega se validó sin responder a una posible prescripción del delito de fraude en Eslovaquia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afea "la rechazable técnica del 'corta y pega'" en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Manuel García-Castellón, y que permitió ampliar los motivos de entrega a Eslovaquia de un reclamado por fraude. Se da la razón a su defensa porque, además, la resolución no respondió sobre una posible prescripción del delito en el país de origen.