Dos villas, dos grupos de personas que se reúnen y una intervención de Guardia Civil y Policía Local de Yaiza en una isla que se encuentra con el máximo nivel de alerta (4) por los estragos de la pandemia, lo que deriva en las mayores restricciones. Esas son las piezas del cuadro que termina con un atestado en el que aparecen reseñados el juez Ricardo Fiestras, una abogada pareja suya y casi una decena más de personas entre ellas Fernando Becerra, pieza clave en el caso Unión.

Rechaza «tajantemente» que sea «una persona corrupta» y que siempre estuvo convencido de actuar bajo la «legalidad absoluta»

Los dos policías que agredieron en Linares (Jaén) a un hombre y su hija de 14 años, fueron enviados a la cárcel al considerar el juez que había riesgo de fuga y de que destruyeran u ocultasen pruebas, además de para proteger a la víctima, ya que demostraron, según se puede ver en los vídeos, "sentimiento de impunidad" por "su condición de policías".

Desde Otea entienden que la con la resolución se vulnera la forma en la que se evalúan los datos epidemiológicos de los concejos que sirven de base para la determinación de la prórroga en función de que superen o no los límites establecidos.

Los diputados de Vox Ceuta habrían enviado los mensajes a través de un grupo de Whatsapp llamado 'Gestora Vox'.

El llamado 'caso Renedo' sentó en el banquillo a trece personas. Ex altos cargos del Principado, funcionarios municipales y empresarios se vieron salpicados por la mayor trama de corrupción destapada en Asturias. Consejero de Educación entre los años 2003 y 2010, José Luis Iglesias Riopedre era uno de los hombres más solventes de los gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces. De hecho, cuando las acusaciones empezaron a caer sobre él, el asombro fue mayúsculo entre quienes lo conocían.

ACODAP denuncia a una juez usurpadora, María del Carmen Pozuelo Sánchez ¿de dónde ha salido?

El extesorero del PP pidió hablar también en la pieza de la caja 'B' del PP madrileño tras ofrecerse en la causa de sus papeles y en el caso Villarejo.

Sostiene el magistrado Luis Ángel Garrido que las medidas de los gobiernos contra la Covid-19 son "todas aleatorias", que no hay ninguna evidencia científica y que "un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillito. No hay doctorado de esto". En cierta forma, qué bien que el conocimiento de la epidemiología hubiese seguido siendo epidérmico, señal de buena salud de la población. Ahora mucha gente sabe pronunciar epidemiología, nos conoce y hasta se ha aficionado a nuestra disciplina.

El juez entiende que la renuncia de la tutora a la dispensación de la vacuna a su hermano "resultaría contraria a los intereses del discapaz”, por lo que considera "más beneficioso para la protección de su salud" que lo vacunen. Además, subraya que "la protección de la salud del discapaz habrá de prevalecer frente a la renuncia manifestada por su tutora".El magistrado también indica en el auto que discrepa de la valoración de la tutora en cuanto a que su hermano es "relativamente joven y carente de patologías previas.

Es el magistrado que han aplaudido los hosteleros y han criticado epidemiólogos y políticos. Luis Angel Garrido es un viejo conocido de los tribunales

El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ponente del auto que ha obligado al Gobierno de Iñigo Urkullu a reabrir la hostelería, Luis Garrido, guarda ahora silencio asesorado por su entorno tras haber cargado contra los epidemiólogos 24 horas antes del fallo en Radio Popular y tras haberse ratificado en esas declaraciones 24 horas después del fallo en dos programas de ETB.

El fiscal del distrito de Fulton Fani Willis ha abierto una investigación criminal sobre el ex presidente Trump por sus ′′ intentos de influir en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020." La investigación se refiere a una controvertida llamada telefónica que Trump hizo con el secretario de Estado de Georgia, una persona familiarizada con la investigación dice.

(...) En la Audiencia Nacional, aunque dicen sus detractores que no se mataba trabajando, ya sea por pura casualidad casual o vaya usted a saber por qué, el caso es que acabó buscando y encontrando su participación en el denominado Caso Faisán en el que sin complejos intentó que de una manera u otra, atajos incluidos, este asunto formara parte de la orquesta que en el ámbito mediático dirigía su amigo Pedro J. Ramírez y en el genovés su otro no menos amigo Federico Trillo. El caso acabó siendo archivado.

El juez Santiago Pedraz, que mantiene en la Audiencia Nacional una línea de investigación abierta sobre el delito de cohecho reflejado en la caja b del PP, ha decidido citar a declarar el próximo lunes al extesorero popular Luis Bárcenas. El magistrado ha tomado esta decisión tras la última confesión de Luis Bárcenas, donde mostró su predisposición a colaborar en esta pieza del caso Gürtel.

Las recientes restricciones a la entrada de extranjeros debido a la nueva cepa del COVID-19 proveniente de Reino Unido han vuelto a poner sobre la palestra la posibilidad de retener a viajeros no nacionales en la frontera y, sobre todo, las posibilidades de control judicial de las condiciones de dicha retención. Y es que esto no resulta una nimia cuestión pues, en definitiva, se trata de retenciones llevadas a cabo por la autoridad policial, las cuales, en numerosas ocasiones, no trascienden al conocimiento público.

Sobre Miguel Bosé y la relación que mantuvo con él mientras fue su suegra aseguraba que «no vengo a criticar a Miguel, voy a contar lo que he vivido y lo hago por mi hijo y por mis nietos. En un principio era un buen yerno, nos llevábamos muy bien, pero de la noche a la mañana cambió la cosa. Se volvió más huraño, con otra forma de ser, he visto sufrir mucho a mi hijo por no ver a los otros niños».

Uno de ellos es quien supone que redactó el contrato y otro el representante legal de la empresa con la que se suscribió. El pasado enero, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó sendos recursos de Podemos en los que solicitaba, por un lado, que se decretase la nulidad de la causa en la que se investiga y, por otro, que se le retirase la condición de investigado. No obstante, emplazaba al juez a determinar «con celeridad» qué delitos cabe atribuir al partido político como persona jurídica para evitar que se prolongue de forma innecesaria.