Al filo de las cuatro de esta tarde el alto tribunal ha recibido una catarata de escritos en los que los síndicos renunciaban a los cargos encomenados por la Generalitat. El TC había advertido a los miembros de este cuerpo electoral con la posibilidad de multas de hasta 12.000 euros diarios si insistían en dirigir la votación. Tras las dimisiones impulsadas por la Generalitat, Puigdemont quiere dejar el control del proceso de votación en manos de observadores internacionales.

El Congreso abrirá una vía para buscar una salida dialogada en Cataluña, con una reforma constitucional en el horizonte, en una comisión del Congreso, tras el 1 de octubre. La puesta en marcha de esa comisión fue aprobada ayer en la Mesa del Congreso. Esa reforma tendría que ser sometida a referéndum no antes de 2019, entre otras cosas porque Podemos se comprometió a llevar a las urnas cualquier cambio aunque no afecte a artículos especialmente protegidos, y tiene mayoría suficiente para hacerlo.

La propuesta de sanción para los síndicos de Cataluña que va a discutir el Tribunal Constitucional fija una multa diaria de 15.000 euros para los cinco miembros de la Sindicatura electoral y de 7.000 euros diarios para los delegados provinciales de Arán, Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona.

El apercibimiento del Constitucional a Vicent Sanchis y Saül Gordillo se refiere a la campaña de publicidad del 1-O que emitan las cadenas autonómicas, no al hecho de informar sobre el referéndum, señalan fuentes del TSJC.

El Tribunal Constitucional ha anulado la Ley de Transitoriedad aprobada el jueves pasado en el Parlament. El tribunal ha comunicado también las querellas al Govern y a la Mesa del Parlament por el 1-O. El pleno del TC anuló la semana pasada la Ley del Referéndum.

También ha aceptado los incidentes de ejecución del gobierno español contra el decreto de convocatoria, la lista electoral y todos los preparativos del 1O.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este jueves los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre que aprobaron anoche el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la vigencia de dichos acuerdos.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de España, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de 70 páginas contra la ley del referéndum aprobada por el Parlamento catalán, al que advierte de que no goza de la “superioridad” que se arroga sobre la Constitución española. El recurso considera que la ley vulnera ocho artículos de la Constitución española y también el Estatuto de Autonomía.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha replicado hoy al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que la querella anunciada "no altera absolutamente para nada" los planes del Govern de celebrar un referéndum el 1 de octubre y ha dicho: "Vamos a seguir adelante".

El Tribunal Constitucional,sin quererlo o al menos no con ese propósito,ha sentado una nueva doctrina sobre el delito de prevaricación judicial que se ha distanciado mucho de la que tradicionalmente había mantenido el Tribunal Supremo en casos anteriores, pero que es más acorde con los nuevos tiempos..lo que defiende es que el delito de prevaricación judicial dolosa solo debe aplicarse en el supuesto en el que se acredite un “acuerdo de voluntades”,entre el juez al que se le reproche la prevaricación y el beneficiario de la misma.Esto es..

En junio de 2010, el PP presentó un recurso contra la ley de plazos aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Más de siete años después, el Constitucional admite que "no hay novedad sobre el asunto".

¿Cuántas naciones hay en España? La pregunta sigue sin respuesta en el PSOE. El principal partido de la oposición proclamó en su último congreso, el pasado mes de junio, que reconocía el "carácter plurinacional" del Estado español y se inspiraba para esa declaración en la propia Constitución, que en su artículo 2 reconoce la existencia de nacionalidades (aunque no naciones) y regiones.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir el recurso de amparo presentado por Juana Rivas para que se suspendiera la sentencia que ordenaba entregar a sus hijos a su marido y ha alegado “extemporaneidad” en la presentación de la demanda de la mujer. Juana Rivas sigue ilocalizable desde que hace varias semanas incumpliera la orden de entregar a sus hijos al padre, con residencia en Italia, y sobre ella pesa una orden de detención.

El equipo de Rajoy tiene todo preparado para actuar nada más tramitarse la Ley de Referéndum en el Parlament. La respuesta dependerá de lo que hagan los independentistas. Dos opciones sobre la mesa: recurso ante el TC y anulación de la norma. También se contempla un incidente de ejecución de sentencia y querellas contra altos cargos del Govern.

El Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso presentado por Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que se niega a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltrato, porque la mujer no ha agotado sus opciones de recurso ante los tribunales ordinarios.

El alto tribunal admitirá a trámite el recurso presentado por el Gobierno, con aval del Consejo de Estado, y advertirá a la Mesa del Parlament y a los altos funcionarios de que si no cumplen su providencia podrían ser inhabilitados. Los magistrados del tribunal han sido advertidos de que deberán estar localizados a lo largo del verano por si hay que tomar nuevas decisiones sobre Cataluña.

Juana Rivas, la madre de Maracena que sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por maltrato, formalizará el próximo lunes a través de una letrada un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poder permanecer con sus niños. La abogada Almudena Mendoza, que fundamentará su actuación en el interés superior de los menores y en una posible vulneración de la tutela judicial efectiva, ya representó a una madre en una situación muy similar a la de Juana Rivas.

El Gobierno ha decidido recurrir la Ley aprobada este lunes 24 de julio por el Parlamento Balear sobre espectáculos taurinos, y que prohíbe la muerte y el sufrimiento del animal, y así se lo ha comunicado al ejecutivo autonómico.

El pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso interpuesto por el ejecutivo central y suspende la aplicación de esta norma de forma cautelar: la Junta decidió entre otras cosas reducir la jornada de sus funcionarios a 35 horas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado: "Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender". En una entrevista a 'Le Figaro' recogida por Europa Press, Puigdemont ha avisado: "Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado: "Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender". En una entrevista a 'Le Figaro', Puigdemont ha avisado: "Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Catalunya el 1 de octubre".

El Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparo, por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a un extranjero al que fue denegada la residencia de larga duración porque el tribunal al que recurrió fijó la vista un año y tres meses después de que el asunto se presentara, con el consiguiente temor por parte de esta persona a ser privado de libertad mientas se resolvía el asunto. Se da la circunstancia de que el tribunal de garantías ha tardado cuatro años en resolver este caso desde que fuera admitido en junio de 2012

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite, por no ser los hechos constitutivos de delito, la denuncia presentada por el exdiputado Francesc Homs contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por delitos de desobediencia o prevaricación al negarse, según el también exconsejero catalán, a acatar pronunciamientos del Tribunal Constitucional