María Dolores Mesa narra cómo le han cobrado cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e incluso años. La Audiencia Nacional instruye el caso

Durante el primer semestre hubo un flujo negativo de 12.976 personas. La mayor parte de esta emigración se produce entre la población activa, que disminuye levemente. El crecimiento de la población fue positivo por la llegada de inmigrantes. La economía crece al 3% y crea empleo. Sin embargo, la fuga de españoles continúa. La mayoría en edad de trabajar, lo que supone un hándicap el crecimiento potencial del Producto Interior Bruto (PIB) y extrema el desafío de la sostenibilidad de las pensiones.

La OCDE certifica el fracaso de España a la hora de atrasar el momento de la jubilación: sólo el 5% sigue trabajando tras los 65 años. El Santander, el banco más importante del país, acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos por el que ofrece a los trabajadores mayores de 50 años que tiene en plantilla irse a sus casas con el 80% de su salario base actual garantizado. Otra de las principales empresas españolas, Telefónica, ha prorrogado recientemente su Plan de Suspensión Individual de Empleo, dirigido a sus trabajadores mayores de 53 años,

En vísperas de que los diputados del Pacto de Toledo hagan público su catálogo de recomendaciones para el futuro del sistema público de pensiones, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social libran en el seno del Gobierno una guerra de cifras para determinar quién debe compensar a quién al objeto de poner a cero el contador de cuentas pendientes por las malas prácticas del pasado.

Llega diciembre y un año más la Seguridad Social tiene que tirar de sus ahorros para abonar la paga extra a los pensionistas. Los ingresos por cotizaciones dan para pagar la nómina mensual, pero no generan el superávit necesario para pagar las extras de julio y diciembre. Hasta ahora, el Gobierno las ha financiado con el Fondo de Reserva, conocido popularmente como la 'hucha de las pensiones', pero no será suficiente para cubrir todo el gasto de este año.

Una de las cuestiones sobre las que existe más debate en la reforma del RETA es la libertad de cotización. Los autónomos tienen la libertad para elegir su cuota de cotización, donde la gran mayoría opta por la base mínima de 919,80 euros, independientemente de si sus ingresos no llegan a los 9.907,80 euros del salario mínimo como los que ganan más de 60.000 euros anuales. Son dos situaciones extremas pero lo cierto es que no parece lógico que ambos tengan las mismas obligaciones.

Hospiten, Sanitas o el Grupo HM refuerzan la apertura de centros sanitarios en comunidades como Madrid en un país donde ya hay 12 millones de personas (el 25,32% de los españoles) que pagan por un seguro de salud. Madrid encabeza el ranking (40,1%). El deterioro progresivo de la sanidad pública, con una Atención Primaria muy ahogada en todas las comunidades autónomas, largas listas de espera para acudir a los especialistas e intervenciones quirúrgicas... ha influido decisivamente en el auge en la contratación de seguros privados.

250 votantes apoyan sustituir el nombre de la vía por "Paseo del 1 de octubre" en una consulta vecinal con una participación del 12%

La mayoría de la población, un 77%, considera que la soledad no deseada es un problema social importante en España, según un estudio social de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Hay más mujeres que hombres en el grupo que opina que ese problema es muy grave y también son ellas las que en mayor medida dicen “escribir o llamar con cierta frecuencia” a las personas de su entorno que lo sufren. La soledad está cerca: un 42,3% dice conocer directamente a alguien en esa situación; sobre todo, amigos, y en torno al 22% de la población...

Enrique Ossorio, vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso, no es el único alto cargo del PP madrileño que percibe el bono social térmico. También lo recibe Alfonso Serrano, número 2 del PP madrileño como secretario general y portavoz autonómico de su grupo parlamentario. Pero en su caso, y de forma misteriosa por la ausencia de explicaciones, la cuantía de la ayuda que hace cinco meses le otorgó la Consejería de Familia del Ejecutivo regional supera en un 60% la asignada a los que la legislación califica a secas como “consumidores vulnerables".