La empresa pública destinó empleados a cubrir las vacantes dejadas por personal en paros sindicales convocados durante el pasado año en oficinas de Sevilla y Barcelona.

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado al joven que grabó a cuatro policías nacionales durante el registro de un domicilio del Paseo Mallorca en el que estaban celebrando una fiesta en pleno confinamiento, el 9 de mayo de 2020, a indemnizar a cada uno de los agentes con 3.000 euros. La jueza le condena por un delito de calumnias con publicidad y le impone una pena de catorce meses de multa, a razón de seis euros diarios.

Un pastor de Viladrau con largos años en el oficio y bien conocido en el macizo del Montseny, Francisco Gallardo, de 71 años, ha sido condenado por el juzgado penal número 1 de Girona a 15 meses de cárcel por envenenar intencionadamente a diversos animales, domésticos y salvajes.

Una monja de Torrance (California, EE UU), acusada de desfalcar más de 835.000 dólares del colegio católico en el que trabajaba para apostarlo en Las Vegas, fue condenada a pasar un año y un día en una cárcel federal y restituir casi todo el dinero, informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una mujer ha sido condenada a 11 meses de prisión y al pago de una multa de 720 € tras reconocer ayer en un juzgado de lo Penal de Palma que falsificó en 2017 recibos médicos de su hija para engañar a su exmarido. El convenio regulador que firmaron tras el divorcio establecía que los gastos extraordinarios de origen médico o farmacéutico de la menor debían ser abonados al 50%. La acusada no entrará en la cárcel al alcanzar su abogado un acuerdo con la fiscal para que la pena quede suspendida por plazo de dos años en los que no podrá delinquir.

El Tribunal de Apelaciones de Illinois, EE.UU., resolvió esta semana reducir la condena de Nancy Rish, que cumplía cadena perpetua por el secuestro y asesinato de un empresario en 1987, después de que sus abogados solicitaran considerar la evidencia de violencia doméstica contra la mujer, que podrá salir de prisión este año, recogen medios locales.

El exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Supremo que le condenó por dar una patada a un policía nacional sin que quedara probado –el Alto Tribunal le condenó con la declaración del agente como única prueba acusatoria– durante una protesta en La Laguna (Tenerife). La condena del Supremo provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retirara su acta de diputado.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Comunidad de Madrid por las condiciones de trabajo de los sanitarios de la atención primaria y del personal de pediatría. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han decidido avalar en su mayor parte la sentencia de los tribunales madrileños que establecieron que los derechos de integridad física y salud de los sanitarios estaban siendo vulnerados por sus condiciones y falta de protección, pero sí rechaza que la Justicia pueda obligar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a hacer un tipo concreto d

Rafael Marcos estuvo siete años sin ver a su hijo. La madre, María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, primero le impidió verlo tras separarse ambos, y luego consiguió que lo impidiera el Estado: le acusó, con un informe psicológico, de abuso sexual sobre el menor. Cuando se evidenció que todo era falso, y después de hablar en el Congreso de los Diputados sobre abuso infantil de la mano de Podemos, Sevilla desapareció con Samuel, que tenía nueve años.

Un juez de lo Contencioso-Administrativo ha condenado a la Corporación RTVE a pagar hasta 3.000 euros en costas procesales por tardar más de dos años y ocho meses en cumplir una resolución firme por la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le instaba a facilitar datos sobre el coste del programa de Carlos Herrera en La 1 y las copias de los contratos que se habían firmado con la productora. La sentencia es firme.

Dos mujeres han sido condenadas por un delito de odio por dirigir insultos homófobos a un hombre en Villalón de Campos (Valladolid). El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha impuesto una condena de un año de cárcel y 960 euros de multa a a la más joven, Montserrat G.M., de 46 años, y de ocho meses de cárcel y 840 euros de multa a su madre, Antonia M.G., de 74 años.

Cinco meses de suspensión de empleo por una falta muy grave de acoso por razón de sexo a una compañera en la Guardia Civil, a la que humilló con llamadas hechas en modo "manos libres", por lo que pudieron ser ecuchadas por otros compañeros, en las que la llamaba "guarra" y la relacionaba con la práctica del 'bukake'.

Los gobiernos de Israel y Alemania, impulsores de la resolución, celebraron al unísono su aprobación en la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que se aprueba un texto propuesto por la delegación israelí.

Por compartir imágenes, que un tribunal en Pakistán considero como blasfemia contra el profeta Mahoma, considerado por el Islam como una figura muy importante dentro de la religión, condeno a muerte a una mujer, aunque aun puede apelar la acusación. "El material blasfemo que compartió/instaló la mujer acusada [en la plataforma de mensajería de WhatsApp] y los mensajes, así como las caricaturas que se enviaron a la denunciante, son totalmente insoportables e intolerables para un musulmán", escribió el juez.

El servicio de salud de Castilla-La Mancha ha sido condenado a pagar 80.000 euros a la familia de un paciente que murió de un cáncer el 1 de agosto de 2018. El Defensor del Paciente ha defendido a la familia

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado por delito de odio a dos vecinas de Villalón de Campos, Montserrat G.M. y Antonia M.G, que en octubre de 2020 se dirigieron con expresiones insultantes contra un varón por razón de su homosexualidad e incluso la primera de ellas llegó a gritar que debería de estar encerrado en un manicomio por ese motivo.

El condenado circulaba borracho y drogado, en contra dirección y a con exceso de velocidad.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado al Servizo Galego de Saúde, dependiente de la Xunta, a indemnizar con 130.000 euros a la familia de una mujer a la que tardaron más de un año en diagnosticarle el cáncer de ovarios del que acabó falleciendo.

José Antonio Vendrell apura una condena de 11 años que recibió en 2013; hoy es un ejemplo de superación y de cómo los programas de reinserción pueden reconducir una vida y salvarla. Tiene 49 años, dos hijos, de 16 y 22 años, y vive en Cartagena, en uno de los pisos de reinserción del colectivo AMAS. Esta entidad acompaña a las personas que se encuentran en situación de exclusión social debido a una adicción y las ayuda a integrarse en la sociedad.

Ha sido acusado de permitir en 2006 la entrada de toneladas de hachís por la costa granadina a cambio de dinero.