El hombre, que cobraba una pensión no contributiva, falleció en abril de 1991, pero la Administración lo creyó vivo hasta el 2014, cuando descubrió que su hija y su yerno ocultaron su muerte durante nada menos que 23 años. En ese tiempo, puntuales, acudieron al banco todos los meses para percibir la prestación. En total, recibieron 68.000 euros sin tener derecho a ello. Los acusados, con la finalidad de salir impunes, hicieron responsable a la madre de la acusada.
