La empresa Allwork Vestuario Laboral, participada al 50% por Francisco Antonio Otero Illodo, marido de Paula Prado, facturó durante la pandemia 145.975,72 euros con contratos a dedo, vendiendo sobre todo EPIs a la administración gallega. El día 13 de marzo de 2020 el marido de Paula Prado, la actual secretaria general del Partido Popular de Galicia, pasaba a ser socio al 50% de Allwork Vestuario Laboral. Hasta ese momento, esta sociedad apenas había accedido a licitaciones públicas con ninguna administración dependiente de la Xunta.

La firma gallega Mape Asesores ha obtenido contratos menores por valor de 129.000 euros, la mayoría en 2021 y con un objeto de contrato muy similar.

Ente Certificazione Macchine SRL. Esta es la empresa italiana que certificó las mascarillas de la compañía Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas del que se lucró el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. También figuraba como entidad europea en los tapabocas FFP2/KN95 que vendió la mercantil Leno al Ayuntamiento de Madrid, de la que los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina fueron intermediarios. Asimismo, aparece en el material con sello falso que vendió la firma Sibucu 360 al principio de la pandemia.

El Gobierno de Rueda confirma oficialmente que "no existe expediente administrativo" derivado del anuncio hecho por su antecesor en la Xunta. Sanidad aseguró que había valorado "distintas alternativas, formatos y lugar" y que el proyecto se había demorado, pero ahora dice que nunca hubo ninguna tramitación formal.

Linux Technology, empresa que denunció por vía penal a Plexus y a la supuesta aliada de esta, Sibucu, por irregularidades en el concurso para dotar a los colegios gallegos de pantallas educativas por valor de 15 millones de euros dentro del proyecto Abalar, ha rechazado las acusaciones formuladas por Plexus después de que la primera expusiese públicamente los hechos por los que acudió a los tribunales.

Cuando mandó cortar el tráfico, la semana pasada, la Consellería alegó que “la Xunta realizó en enero sondeos y un levantamiento topográfico completo del puente, constatándose la deformación de uno de los muros del estribo, que ahora se procederá a arreglar”. Este lunes se derrumbó, precisamente, un estribo.

Medio Ambiente alega que sus inspectores visitaron recientemente las plantas de As Somozas y comprobaron que ya no se utiliza la balsa que emitía cal. Algo que en apariencia contradice lo denunciado ante la Justicia, que acaba de abrir una investigación por lo penal. Quien deberá investigar si las nubes, cuya existencia la Xunta reconoce y son evidentes por las imágenes, llevan solo agua y polvo, como alega la Administración, o compuestos químicos, como alertan los denuncianets, es el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ferrol.

La Junta Electoral de Galicia ha abierto un procedimiento sancionador contra la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia por enciar el pasado viernes de mensajes de texto a los móviles del personal sanitario gallego con anuncio "electoralista" en el que se les informaba de una subida salarial, acordada en abril de 2023, a dos días de las elecciones autonómicas del domingo.

Se le investiga, junto a otras dos personas -el jefe del Servizo de Enerxía e Minas en A Coruña Coruña y un funcionario del mismo departamento-, por varios supuestos delitos de falsedad documental.

Pese a que los SMS informan de mejoras en sus nóminas, "resultaba objetivamente innecesario e inoportuno transmitirlas de modo individual en el curso de un proceso electoral, máxime cuando el citado personal habría recibido esas modificaciones retributivas sin necesidad de ninguna comunicación previa". "Tampoco suponían (los mensajes) la puesta en conocimiento de dicho personal de ninguna medida para salvaguardar el interés público", añade este organismo, porque las subidas habían sido aprobadas meses atrás.

Unos 4.300 mariscadores de a pie y a flote han recibido 550 euros cada uno en compensación por el dinero que dejaron de ingresar a causa de la mortandad de bivalvos de octubre y noviembre. A esa ayuda directa podrán sumar los profesionales de a pie otra de 91 euros por cada día que no hayan podido trabajar debido a una catástrofe acreditada por científicos gallegos. Todavía no es definitiva la cuantía de esta segunda subvención.

Así, en las siete ciudades gallegas la renta máxima de alquiler será de 550 euros, mientras que en una serie de concellos intermedios, cuyo listado puede consultarse en el anexo de la resolución, el tope será de 500 euros por vivienda. En el resto de los municipios de la comunidad, el precio máximo será de 425 euros. www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240220/AnuncioC3Q2-130224-0001_es.

Los topónimos deturpados como Viana del Bollo o Ginzo desaparecerán de los correos electrónicos oficiales de las oficinas liquidadoras de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga). Tras la queja presentada desde A Mesa pola Normalización Lingüística, la Xunta ha rectificado y remitido a los trabajadores de la entidad pública un nuevo listado de direcciones con los topónimos oficiales.

Desde que se posicionó durante la crisis de los pellets, el marinero -con casi 175.000 seguidores en sus redes sociales- no ha vuelto a ningún programa de la televisión autonómica y ha dejado de tener noticias del reality divulgativo que le habían ofrecido presentar. "A mí en ningún momento me llaman ni para hablar de los pellets, ni de la mortandad del marisco, de las ayudas al marisqueo, o de la mina de San Finx, temas relevantes que iban en contra de los intereses del gobierno de la Xunta”.

Después de dos años colaborando en programas de diferentes formatos, ha dejado de recibir llamadas de la televisión pública.

¿Contaba Rueda, cuando decidió convocar a los gallegos a las urnas el domingo de Piñata, con tener una jornada tan multicolor como el que se está viviendo en Xinzo de Limia? Aquí son especialistas en agotar todos los recursos del Entroido, sea o no día de comicios electorales.

En 2017, la Xunta ocupó ilegalmente un terreno privado de más de 15.000 metros cuadrados no previsto inicialmente para la construcción de la Autovía do Morrazo con el fin de "liberar a la constructora del costoso transporte del terreno y los escombros sobrantes de la obra". a un lugar autorizado". Así lo estableció el tribunal, que condenó al Gobierno a sacar esas tierras del terreno ocupado y devolverlas a su propietario en el estado anterior.El Gobierno gallego incluso pidió al tribunal que le permitiera no cumplir la pena, pero este se negó.