Desde que los cinco violadores de 'La Manada' fueron condenados en sentencia firme en 2019, el exguardia civil Antonio Manuel Guerrero solo ha pagado 1.675 euros de los 100.000 con los que todos deben indemnizar, de forma conjunta, a la joven a la que agredieron sexualmente, grabaron y abandonaron a su suerte en un portal de Pamplona la noche de San Fermín de 2016. Guerrero asegura que quiere "satisfacer la responsabilidad civil" que le impuso la Audiencia de Navarra y pretende hacerlo pagando a la víctima 10 euros al mes.

El PP de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a un mensaje del periodista Manuel Rico, que desveló en infoLibre en junio de 2020 la existencia de este protocolo, sobre la noticia de que los conservadores y Vox se unieron para tumbar en la Asamblea la comisión de de estudio sobre las residencias de mayores durante la pandemia. "Qué políticos más raros: están orgullosísimos de la gestión que hicieron, pero no quieren que se conozca", tuiteó el lunes por la noche el periodista.

El Gobierno de Rueda confirma oficialmente que "no existe expediente administrativo" derivado del anuncio hecho por su antecesor en la Xunta. Sanidad aseguró que había valorado "distintas alternativas, formatos y lugar" y que el proyecto se había demorado, pero ahora dice que nunca hubo ninguna tramitación formal.

Una intervención de Carmen López, de Marea de Residencias, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha desatado la tensión. “Vienen a intentar retorcer el dolor”, ha llegado a decir una diputada del PP a la mujer, que vio morir a su madre en 2020

«Cumplió ocho años de prisión —explica—, le aplicaron la pena mínima porque el delito estaba a punto de prescribir, faltaban seis meses. Fueron ocho años en los que siguió diciendo que es inocente y no hizo nada para reinsertarse en la sociedad»

La víctima tenía una discapacidad del 33% y requería de cuidados especiales. La Guardia Civil ha detenido en Huelva a los dos familiares con los que convivivía

Mercedes Durán y Marian de Frutos relatan su caso tras ver desestimada una indemnización por no estar empadronadas en Madrid en el momento del atentado. Familiares de asesinados por ETA como Anselmo Durán, Antonio de Frutos, Elena Moreno, Isidoro Díez, Agapito Sánchez y Joaquín Imaz, o los heridos José María Lobato y Javier Correa, son parte de la docena de víctimas a las que el Gobierno de Madrid, presidido por Díaz Ayuso (PP), ha negado una indemnización como víctimas del terrorismo de esa Comunidad autónoma.

El fallo de la magistrada de Torrejón de Ardoz razona que “el reconocimiento de 'notorio arraigo' a la confesión demandante no debilita la veracidad de las declaraciones de todos los ex fieles y de la Asociación que la denomina como 'secta', atribución que hacen numerosos ex miembros según sus propias experiencias porque está íntimamente relacionada con los comportamientos criticados y que se han descrito, y no existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que, una vez reconocida oficialmente como confesión religiosa, impida criticar...

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Los Villares, en Jaén, a cinco personas de una misma familia acusadas de atacar a los familiares de una de las dos menores que la semana pasada denunciaron haber sufrido una agresión sexual grupal.Los detenidos, entre los que hay un menor de edad, se habrían enfrentado contra las familias de las víctimas en una pelea que tuvo lugar la noche del pasado viernes.

La declaración de la víctima, que quedará registrada como prueba, se hará pixelada y con la voz distorsionada para evitar que se la pueda reconocer si más adelante se filtra el vídeo. La denunciante reclama una sentencia que lo condene a 12 años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel

La información de la periodista de este diario Ana María Pascual es mucho más que la salida a la luz de una denuncia por violencia sexual de una mujer en instalaciones de una agencia de investigación pública, pagada con los impuestos de todos/as. La exclusiva de Público desvela una actuación estructural de agresiones a mujeres seguidos de intentos por silenciarlas por parte de los y las responsables del CSIC. "...únicamente han tomado declaración a cuatro de los 16 tripulantes y que aún no se han analizado las cámaras de seguridad"