Un juzgado de Madrid ha decidido abrir una investigación secreta en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su actividad profesional denunciada por el pseudosindicato Manos Limpias. Según ha informado el Tribunal Superior de Madrid, el juzgado 41 de la capital ha admitido a trámite una denuncia de Miguel Bernad, recientemente absuelto de la acusación de instrumentalizar causas judiciales para extorsionar a bancos y a empresas, contra Gómez por su trabajo en el IE Africa Center por supuestos delitos de tráfico de influencias.

El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

La Audiencia Nacional ha vuelto a tumbar una prórroga irregular de una causa por parte del juez Manuel García Castellón. Si hace unas semanas la Sala de lo Penal anuló la prórroga que el juez impuso en una de las piezas separadas del conocido como 'caso Villarejo', esta vez han hecho lo mismo con su decisión de ampliar el tiempo de investigación sobre los homenajes a presos de ETA.

La obsesión del juez Marchena con Puigdemont está arrastrando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es casi lo mismo que decir a toda la Justicia española, a un desastre similar al que el capitán Ahab arrastró a la tripulación del Pequod por su obsesión con la ballena Moby Dick..

El magistrado reconoció en una charla en octubre que había engañado a sus colegas franceses a principios de los 2000. Ahora plantea una maniobra similar con Suiza para hacer pasar como definitivo un informe que no lo es para avanzar en la causa de Tsunami. Tras la mentira de García Castellón, el juez busca ahora una maniobra similar con Suiza. Ahora es para tratar de afianzar sus acusaciones contra Marta Rovira. García Castellón recibió un revés del país helvético, que ya ha cuestionado la investigación por su posible carácter político.

Los «whatsapps de las cloacas» fundamentan la querella de los morados contra la «policía patriótica» del Gobierno de Rajoy

La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio. El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que inte

El Ministerio Fiscal debería querellarse contra el juez de la Audiencia, aunque tal vez, dada la muy alta probabilidad de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite dicha querella, podría ser más eficaz la recusación de dicho juez. La pérdida de imparcialidad se produce cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un juez o magistrado se desvía del cumplimiento de la función que tiene constitucionalmente encomendada de una manera que no puede ser explicada de manera objetiva y razonable haciendo uso de las reglas.....

"El sentido común y el análisis jurídico coinciden: esto no es terrorismo", ha señalado el catedrático. "Es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo". Este catedrático considera que, aunque no hubiera blindaje de la causa por parte del juez de la Audiencia, no prosperaría

Detalles sobre el juicio que se celebrará en Madrid por la querella criminal que pretende llevarnos a la cárcel (nos piden seis años) y cerrar por quiebra el medio Cubainformación, así como la asociación de amistad vasco-cubana Euskadi-Cuba, propietaria del dominio web del citado medio hasta el año 2020, ya que la persona y organización querellante, perteneciente al entramado del "anticastrismo" vinculado al Departamento de Estado de EEUU, solicita una elevada cantidad (casi 70 mil euros) entre multas e indemnización.

Ayer, el García-Castellónvolvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía, que no sin polémica y con falta de explicaciones pretende blindar a Carles Puigdemont, precisamente, de los sucesivos movimientos del magistrado, que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial.

“No se puede instrumentar la justicia en la línea de una persecución política y no hacerlo en defensa de las víctimas”, dice el ex magistrado de la Audiencia Nacional respecto a los crímenes del franquismo en un seminario internacional sobre Derechos Humanos y justicia de transición en “tiempos de negación” “Muchos se rasgan ahora las vestiduras cuando se habla de ‘lawfare’ en la justicia española… pues claro que hay ‘lawfare’, aquí, en Brasil, y si no que se lo digan al presidente Lula”, afirma el juez Baltasar Garzón.

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera

La Guardia Civil de Cantabria está investigando el supuesto robo de un perro a un ganadero por parte de una 'tiktoker', creadora de contenido en la red social Tiktok. La chica pensó que el animal -un cachorro de raza mastín- estaba abandonado y, tras comprobar que no tenía microchip, lo dio en adopción a una familia. En concreto, vio por última vez al cachorro el día 12 y lo echó en falta en torno al 14, aunque al principio no le dio mucha importancia, pues les deja comida para varias jornadas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas.

El Consejo dice que no sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer