Familias y trabajadores del centro de Santiago que la Xunta se niega a intervernir alertan de su dramática situación, sin personal sanitario, con 34 de sus 39 internos contagiados y ocho de sus catorce gerocultoras y auxiliares de baja por covid.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avanzado este sábado que su formación no va a apoyar la Comisión de Investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, pese a haber dicho en un inicio que sí, y se ha mostrado partidaria de cambiar el modelo de estos centros.

Desde el inicio de la pandemia ha habido 30.000 muertos en estos centros. Pero este no sería un número real, pues muchos de los fallecidos en el momento más crítico de la primera ola en los geriátricos no se achacaron al coronavirus al no existir prueba diagnóstica. Se estima que el 43,3% de los muertos por coronavirus en España en los últimos doce meses eran usuarios de residencias. En las residencias de Madrid la incidencia de defunciones es casi un 53% superior a la media de muertos registrados en geriátricos de España.

Nuevo informe con datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España. Todas las fuentes muestran que los hogares de caseros son la población de mayores ingresos del país. Sus ingresos más que duplican los ingresos de los inquilinos. ¿Qué pasaría si los caseros dejaran de percibir ingresos de los alquileres? Su renta seguiría siendo más del doble que la renta de los inquilinos. Renta caseros sin alquiler: 40.515€. Renta inquilinos: 19.758€. Datos: Agencia Tributaria. Lo mismo se observa con los datos del Banco de España.

Un grupo de vecinos de la Punta ha montado unas patrullas de vigilancia en la pedanía, para prevenir posibles robos y ataques a personas mayores como los que se han producido en los últimos meses. Según indican fuentes vecinales de toda solvencia, estas personas salen con sus propios coches por la pedanía y si ven gente sospechosa por la zona avisan a la policía. De hecho, las patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional que operan en este pueblo del Sur ya se han encontrado con ellos e incluso los han identificado.

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.

Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2023 indican que solo el 37,5 % de las personas entre 65 y 74 años han mantenido algún contacto o interacción con la Administración en los últimos 12 meses. El 27,5 % la han utilizado para obtener información oficial de páginas web de la Administración, enviar formularios cumplimentados online como el pago de impuestos y la solicitud de citas médicas (26,5 % ), así como para descargar formularios oficiales (21,1 %).

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir

La plaza mayor madrileña acogerá una réplica con “todos los detalles de las que pisan los profesionales en la Caja Mágica durante el torneo”. Estará disponible para que los aficionados puedan alquilarla y “jugar al tenis en un marco histórico de la capital”.

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

El proceder del Gobierno en la compra de parte de Telefónica está generando estupor en el mundo económico. Una compra a cuentagotas, que está encareciendo el precio de la acción de la teleco y, por ende, el coste de la operación. El pasado 19 de diciembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba la intención del Estado de entrar en la compañía con una participación del 10% para convertirse en su primer accionista. El Gobierno justificó entonces la operación como respuesta a la entrada en el capital