El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera “lógico” que las defensas de los condenados del ‘procés’ se planteen solicitar una revisión de las penas, pudiendo pedir incluso la absolución, a partir de la entrada en vigor el próximo viernes del nuevo Código Penal, que rebaja la sedición y modifica la malversación. Y cree que “lo que procede” es que el Tribunal Supremo, que les condenó, revise la pena de inhabilitación, “porque la de prisión ya fue conmutada” con los indultos.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado que el proceso independentista en Cataluña se ha terminado tras la decisión de la Generalitat de sentarse en la mesa del diálogo con el Gobierno, la ruptura de la coalición de ERC y Junts y la división en el independentismo: «ERC ha aceptado el marco de convivencia».

Reitera que el procedimiento electoral sigue rigiendo por el Derecho nacional no sólo en lo que se refiere a las normas de votación y atribución de mandatos, sino también en lo relativo a la elegibilidad de los miembros de la Eurocámara. Junqueras fue condenado por el ‘caso procés’ a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos sus honores, empleos y cargos públicos, incluidos los electivos, e incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos.

(video) Bolaños, a Arrimadas: "Escuchando su intervención podrá darse cuenta de que usted es absolutamente intercambiable con la ultraderecha, con la derecha que llevó a Cataluña a esa tensión insoportable durante 2017"

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada, que podrían ir desde una rebaja de las penas por este mismo ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos.

juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado del conocido como caso Voloh, ha citado a declarar en calidad de imputado a Eugenio Calabuig, presidente del grupo Global Omnium y propietario a su vez de Aguas de Valencia. Lo hará en una pieza separada de esta causa dirigida contra políticos y empresarios independentistas catalanes por presunto desvío de fondos públicos para el procés.

“En 15 años en la unidad de medios aéreos nunca había vivido nada igual”. Así se ha expresado este lunes el mosso d'esquadra que iba de copiloto en el helicóptero policial contra el que, presuntamente, el joven F.L.G. disparó un cohete durante las protestas por la sentencia del procés en 2019. Ante la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona ha arrancado el juicio, en el que la Fiscalía pide hasta 9 años y medio de cárcel para el acusado. La Generalitat rebaja la pena a los dos años de prisión, mientras la defensa reclama la libre absolución.

El Tribunal Constitucional ha ordenado a un juzgado de Barcelona investigar la denuncia de agresiones policiales realizada por una fotoperiodista en el marco de las movilizaciones del Procés en 2019. En la sentencia, subraya la necesidad de investigar con diligencia las denuncias de acciones que puedan haber impedido ejercer el derecho a la libertad de información.

La última sesión del comité que investiga las injerencias del Kremlin en la Unión Europea evidenció los esfuerzos de Puigdemont por conseguir el apoyo de Putin a la independencia de Catalunya. En ella, comparecieron el periodista Jesús González Albalat, de El Periódico de Catalunya, y Nicolás de Pedro. El informe definitivo de esta comisión está cada vez más cerca, mientras el entorno independentista lo intenta ocultar. Gonzalo Boye escribió un tuit diciendo “Repitamos todos: la trama rusa no existe”. En el Parlamento Europeo suena otra música.

Un estudio del ICPS revela que el procés ha supuesto un ascenso de la aversión hacia la política y, al mismo tiempo, un sensible aumento de la polarización entre partidarios y opuestos a la independencia. Los indicadores de los sucesivos sondeos revelan que “el gran incremento” que registra el sesgo afectivo de los independentistas como bloque a partir del 2012 demostraría que esa “escalada no se produjo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, sino que tuvo su origen en el giro independentista de CiU”.

La condena por desobediencia grave a la representante de la CUP no supondría su entrada efectiva en prisión, pero sí la pérdida del escaño

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha rechazado este martes la propuesta de la ANC de declarar la independencia de forma unilateral el segundo semestre de 2023: "Es evidente que hoy no se dan las condiciones para tirar adelante una propuesta como la de la ANC. Esto lo sabe todo el mundo".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas como diputados en el Parlament tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena por el proceso independentista.

El auto que hoy se ha dado a conocer, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, firmado por el Juez Aguirre, considera que «no existe base suficiente para continuar la instrucción del caso», al no haber encontrado hechos que sean constitutivos de delito durante la investigación. Además, al no haber ninguna parte más personada en esta parte del proceso, la resolución dictada hoy no es recurrible.

Una hipotética extradición de Carles Puigdemont a España para rendir cuentas ante la Justicia podría convertirse en el quebradero de cabeza que hiciera saltar por los aires la legislatura catalana y complicar el decurso calmado que se le ha vuelto a abrir al Gobierno de Pedro Sánchez, al menos por unos meses, tras el Debate sobre el estado de la Nación. Es por ello que, en su cara a cara con Sánchez, Aragonès se remitirá a uno de los pilares de su programa de máximos para la negociación bilateral: la amnistía.

Además de la rama policial y judicial, la Operación Cataluña, tuvo la rama mediática. De hecho, el mismo comisario de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, así lo explicó al entonces líder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, en el momento de iniciar la ofensiva del Estado contra el Procés.

En noviembre de 2018 se conocieron las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra contra los responsables políticos del procés. En protesta por escritos, la Asociación Nacional Catalana decidió responder con una campaña para boicotear a empresas, productos y marcas no catalanas y, en particular, fabricadas por empresas pertenecientes al Ibex 35. Sin embargo, no tuvo ningún impacto, o tan poco como para hacer que este lunes Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) haya decidido dar carpetazo a la investigación.

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de ERC para recuperar el dinero que depositó como aval ante este organismo por la presunta malversación en la organización del referéndum ilegal y unilateral de independencia (DUI) de Cataluña de octubre de 2017. La formación secesionista se quedará, por tanto, sin recuperar los 2,1 millones de euros que pagó como aval a finales del año pasado, y cuya devolución ha reclamado sin éxito, pues seguirán consignados en el tribunal.

La Guardia Civil ha detenido al excónsul honorario de Finlandia por traficar con una droga alucinógena conocida como khat

El Tribunal Supremo cambia su criterio y decide ahora entrar a revisar la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes.

La magistrada impone al expresident 15 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Elies Campo es uno de los investigados por la Audiencia Nacional desde hace unos años en las causas abiertas, que son secretas, contra el llamado 'CNI catalán', que pretendía hacer una 'República digital' como paso a la secesión, así como en la acusación contra los organizadores y activistas del Tsunami Democràtic por estar tras las numerosas protestas tras conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O por sedición en 2019. Forma parte de The Citizen Lab, un grupo investigador de la Universidad de Toronto que publicó el informe Catalangate.

La Comisión de Ética Judicial, organismo independiente del CGPJ, ha emitido un dictamen en el que afirma que todos aquellos mensajes de jueces en Twitter “que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho” no están protegidos por la libertad de expresión de los magistrados. El organismo ha emitido este dictamen después de una consulta sobre manifestaciones hechas por jueces en las redes sociales, dice, “invitando a incumplir las normas jurídicas o mostrando su apoyo público a políticos de una determinada ideología condenados por su partic