El índice que mide el nivel de apertura informativa de las diputaciones provinciales, a cargo de Transparencia Internacional, encuentra mejoras en 2015 respecto a la anterior edición: la nota media sobre un total de 80 indicadores de las 45 diputaciones sube a 81 sobre 100, frente a los 69 de 2013. Además, el índice bianual de la ONG pro transparencia recuerda que 15 diputaciones no pasan del aprobado en el área de cumplimiento con la Ley de Transparencia.

El mercadeo de cargos y prebendas no encaja en “el impulso de la regeneración democrática”, que es la finalidad de la Ley de Transparencia. Los asesores no son exclusivos de las diputaciones, abundan en todas las administraciones en las que los gobiernos y partidos colocan a los suyos. La semana pasada se supo que al vice valedor do Pobo, cargo que tanto aporta al desarrollo y bienestar de Galicia, se le asigna presupuestariamente un asesor con una retribución anual cercana a los 62.000 euros.

Cinco meses después de su registro y un tortuoso camino para llegar al pleno del Parlamento andaluz, la proposición de ley de cuentas abiertas impulsada por Podemos ha sido tumbada con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP y Ciudadanos.

Ya sucedió cuando el Tribunal Supremo tuvo que requerirle en varias ocasiones la documentación sobre la que, presuntamente, estaba asentando su reforma del sector de las energías renovables. El Ministerio, finalmente, entregó los papeles al TS... pero no todos, porque aseguró que la mitad de ellos no los tenía. El caso es que ahora vuelve a hacer oídos sordos con el Defensor del Pueblo, al que no le ha entregado la documentación que este le requiere sobre un permiso que Industria concediera a Repsol para buscar fracking mediante en Cantabria.

El borrador que prepara el Ministerio de Presidencia incluye restricciones que no aparecían contempladas en la ley base aprobada en diciembre de 2013. Con este reglamento, denuncian ONG especializadas, "se acaba limitando el derecho de solicitar información a un número reducido de personas". Los requisitos que fija el reglamento son "una excesiva carga" sobre el demandante de información.

Entrevista a la periodista de Fundación Civio y autora de Españopoly: "El BOE es un pozo de sabiduría con millones de titulares". "Tenemos un problema. A la hora de nombrar altos cargos en lo público no hay control. El Tribunal Constitucional siempre se ha repartido entre PP y PSOE. Esto no es normal". "Si tu gobiernas pensando en que el ciudadano es imbécil y no explicas las medidas que tomas las cosas irán mal. Si lo explicas bien todo el mundo lo entenderá"

Ninguna de las normativas aprobadas contemplan una modificación del sistema judicial contencioso administrativo para garantizar el derecho de acceso a la información pública y conseguir que las Administraciones cumplan de forma real y efectiva sus obligaciones de transparencia

El 28 de abril de 2006 el de aquella portavoz del PP en el Parlamento, José Manuel Barreiro, registraba una enmienda a la totalidad del texto de la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. Según los conservadores, ya presididos por Alberto Núñez Feijóo, aquella norma no acercaba "novedad ninguna". Pese a aquella enmienda a la totalidad y pese a llegar a calificarla de "ridícula" el PP acabó votando a favor de la norma que, por primera vez, le imponía a la Junta obligaciones como la publicación de los salarios.

La ley reguladora del alto cargo ratifica que los presidentes del Gobierno, tras su cese, mantendrán su propio estatuto aprobado por decreto ley en 1992 por Felipe González. En 2008 Zapatero añadió un artículo a ese decreto para que, en caso de fallecimiento, las parejas de los exmandatarios dispongan de coche oficial y protección, si Interior lo estima necesario.

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, dio este martes una semana más a los grupos para pactar la adaptación de la institución a la ley de transparencia. Tal y como informó este diario, la cámara lleva un retraso de un mes en el cumplimiento de esta legislación. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 10 de diciembre de 2013, reflejaba que las obligaciones de transparencia para la actividad pública en esta y otras instituciones entraban en vigor un año después.

El martes, 13 de enero, la Mesa del Congreso estudiará un informe de la Secretaría General de la Cámara Baja sobre las posibles normas a aplicar al amparo de la Ley de Transparencia, para hacer de Las Cortes un lugar más accesible y abierto a los ciudadanos. Según fuentes consultadas, en dicho informe se planteará, entre otras medidas, la posibilidad de dar a conocer públicamente una parte de los Presupuestos del Congreso, lo que no ha ocurrido en toda la etapa democrática.

Tres semanas después de la entrada en vigor de la norma, no ha publicado datos de las retribuciones de sus máximos responsables, convenios y contratos. El ICO, adscrito al Ministerio de Economía, es la séptima entidad de crédito en España por volumen de activos. El banco público es una de las pocas entidades públicas empresariales del Estado que todavía no se ha adaptado a la nueva normativa

El presidente de la Cámara, Jesús Posada, se opone a hacer públicos datos como el gasto de viajes por diputado. La Junta de Portavoces estudiará el martes un informe de los servicios jurídicos para ver cómo encajan las obligaciones de la nueva normativa.

El diario El País califica de "histórica" la Ley de la Transparencia, y hace suyo "el espíritu de la norma" para ofrecer a los lectores un canal más cómodo y rápido para tramitar las preguntas que estimen oportunas al Gobierno. "El acceso" al "portal de transparencia del Gobierno por ahora, resulta complicado", dice el diario de Prisa; por ese motivo, "para eliminar esas dificultades", El País ofrece una "herramienta sencilla en la que los lectores pueden hacer sus preguntas".

La democracia para nuestro Gobierno es como una ramera, como un chapero. Juega con los ciudadanos al coitus interruptus, al casi llego y aunque quería llegar, va a ser que no llego. ¿Transparencia?

El partido de Pablo Iglesias califica de “ampliamente insuficiente” la Ley de Trasparencia aprobada por el...

La nueva Ley, bautizada “Ley de Transparencia”, entra en vigor solo en el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales dispondrán de otro año más para implementarla. La Ley ha sido criticada por diversos expertos por la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento (el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), por no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental y por no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones como documentos accesibles al público, entre

Entra en vigor la segunda fase de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un cambio “tibio” según los expertos.Casa Real, a medias tintas en la ley

Presidencia del Gobierno, en avenida Puerta de Hierro. 8 de octubre. Diez de la mañana. Comparecen las empresas interesadas en el concurso para diseñar la creatividad de la campaña de información de la Ley de Transparencia, un jugoso contrato con un presupuesto base de licitación cercano a los 80.000 euros. Peccata minuta, eso sí, en comparación con lo que el Ministerio gastará para promocionar la norma. Y es que, según consta en el resumen de la sesión informativa hecho público por el departamento de Soraya Sáenz de Santamaría, el montante...

Solo se publicará cada tres meses en su web un informe global sobre los viajes de los diputados que paga la Cámara. Además, los grupos parlamentarios tendrán que autorizar estos viajes.

Sáenz de Santamaría alega que la norma, que aún no ha entrado en vigor, es "para las administraciones públicas"Señala que el poder legislativo se rige por sus propios reglamentos en referencia a los del Congreso y Senado, que tampoco informan de los desplazamientos

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

Villar no quiere cobrar el porcentaje de la recaudación de las quinielas que anualmente le corresponde a la federación que preside. La excusa que pone ante su Junta para negarse a hacerlo, y ni siquiera contestar a las reiteradas llamadas del CSD, es que el dinero es poco. Sin embargo, esta cantidad (este año concretamente 750.000 euros) no es discutible, pues es el 1% de lo recaudado y así lo establece el real decreto que desde 2013 regula la distribución y premios de las apuestas deportivas del Estado...

La publicación de los datos de patrimonio está contemplada en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, pese a su entrada en vigor el 10 de diciembre pasado, no se ha hecho pública ninguna relación de bienes. Ese retraso ha motivado una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Meritxell Batet y una ofensiva de la izquierda para asegurar la ‘transparencia’ en el Gobierno de Rajoy.

El Gobierno de Rajoy incumple la ley de transparencia, actúa de forma opaca, no practica el regeneracionismo y no publica los bienes de los altos cargos.Siete meses después de la entrada en vigor de la ‘Ley de Transparencia’, el Gobierno de Rajoy sigue sin cumplirla y se resiste a publicar la declaración de bienes y patrimonio de altos cargos de la Administración Pública, tal y como establece la propia norma

No hay justificación alguna para lo que ha sucedido en el Congreso con la reforma de la ley de Extranjería. Lo pueden pintar del color que les apetezca, pero no es más que racismo puro y duro. Para entendernos, hay mucha gente a la que le parece mal que vengan negros a España. Incluso el líder de la oposición, desde la moderación y el centrismo, vinculó alegremente esta semana la inmigración con las agresiones a homosexuales, mujeres y, se desprende de sus palabras, con la inseguridad en nuestras propias casas.

En los últimos cuatro años el porcentaje de mujeres que han agredido sexualmente con penetración a otras mujeres y niñas (y puede que a algún niño u hombre) se ha incrementado en un 700%. La opinión pública tiene derecho a saber si esas 174 “mujeres” violadoras han usado su pene para violar o por el contrario tales actos obedecen a una repentina oleada de violencia sexual femenina, de la cual habría que averiguar las causas. No vaya a ser que al final, como siempre, las mujeres estemos cargando con culpas que no nos corresponden.

El PP no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno lleva este martes al Congreso. El partido de Alberto Núñez Feijóo insistió en los últimos días en sus condiciones para cambiar de posición -la mayoría de las CCAA del PP eran muy reacias- y tras un intercambio de mensajes entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, fuentes de Génova reconocen que el texto no cumple con sus exigencias. La puerta, ahora sí, parece cerrada definitivamente.

Javier Sánchez Serna, ha criticado que las medidas de regeneración que presentó el presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso son una "tomadura de pelo" y así lo trasladará al Gobierno en la ronda de contactos que mantendrá con los grupos parlamentarios. Es más, ha reprendido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que llegó a hablar de derogación de la Ley Mordaza cuando lo que se acordó es una "reformita" al reformular un artículo "menor" de la norma de Seguridad Ciudadana, el precepto 36, para que deje de ser infracción la toma...

Ewa Zajączkowska-Hernik es una eurodiputada miembro del partido «Nueva Esperanza» de Polonia, adscrito al grupo de la AfD alemana «Europa de las Naciones Soberanas»

El pleno admite a trámite los recursos del ejecutivo central contra ambas leyes que acusan a la normativa de la Comunidad de Madrid de invadir competencias estatales, patologizar a menores transexuales o perjudicar a las asociaciones LGTBI.

El humo de Sanchez en el congreso: no ha presentado nada más que lo obligado por el reglamento europeo. La oligarquía dueña de los medios. No se cambia nada. El periodismo está muy mal.

Pocos detalles han trascendido sobre los planes de Moncloa en cuanto a la financiación pública de los medios de comunicación tras la presentación del plan antibulos por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Pero este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado alguna pista, asegurando que las audiencias de los medios son unos de los elementos más importantes para distribuir la financiación pública y se ha mostrado a favor de incorporar nuevos criterios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a su reelección al frente de este órgano. Todo apunta que repetirá en el mismo, aunque antes ha buscado el apoyo de los diferentes grupos del Parlamento Europeo con guiños a cuestiones como la crisis inmobiliaria. En este sentido, la conservadora ha prometido un plan de vivienda asequible, así como la creación de dos nuevas carteras para comisarios: una de Vivienda y otra de Mediterráneo.