Descendientes de siete fallecidos en dos residencias de la capital relatan al magistrado cómo se les negó el traslado de sus familiares a hospitales y critican que la Fiscalía no haya estado presente este jueves en sus declaraciones. Fuentes presentes en las comparecencias explican a elDiario.es que varios familiares de ancianos fallecidos en estas dos residencias durante la pandemia han roto a llorar ante el juez Marcelino Sexmero mientras explicaban cómo vivieron aquellos días.

La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia es un asunto que, parece, siempre pesará sobre Isabel Díaz Ayuso. Los familiares no olvidan que la líder regional firmó los llamados protocolos de la vergüenza en contra de las voces críticas incluso de su propio Gobierno y que en última instancia la no derivación a hospitales provocó que personas que se podrían haber salvado no lo hicieran. Esto último dicho por expertos.

La Junta ha resuelto favorablemente la reclamación de los conservadores, aunque Más Madrid ha recurrido este domingo, por lo que de momento las lonas permanecerán. Pero el asunto podría volvérseles en contra y provocar otro caso de Efecto Streisand. Desde que saltó la noticia, el número se está volviendo a viralizar en las redes sociales y hay algunas llamadas a que los madrileños lo muestren en sus ventanas y balcones.

Más Madrid ha recurrido la decisión de la Junta Electoral de Zona ante la provincial y acusa al partido de Ayuso de “estar nervioso" y querer "borrar su responsabilidad políticas" relacionada: old.meneame.net/story/pp-maniobra-retirar-lonas-mas-madrid-recuerdo-vi

El magistrado que analiza la muerte de ancianos en la residencia privada Amavir de Arganzuela y la pública Adolfo Suárez de San Blas llama a declarar a siete familiares de ancianos fallecidos después de tomar declaración, entre otros, al exconsejero Alberto Reyero y al ex alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur

Las denuncias en cuestión versan sobre las presuntas convocatorias y concesiones de subvenciones, sin respaldo presupuestario ni fiscalización previa, por parte de la Comunidad de Madrid y de sus organismos competentes para convocar y conceder subvenciones; así como por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y radican en la época en la que ambos gobernantes prorrogaron los presupuestos de sus territorios, concretamente entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2023.

En esta ocasión han sido los sollerics, que después de días seguidos de colapso en el municipio se han plantado y exigen soluciones. «Si vives en Mallorca, estarás puteado de mayo a septiembre. Nos venden la moto que vivimos del turismo, pero nos obligan a vivir para él», denunciaba un vecino de Sóller este mismo jueves. «Hace más de cuatro días que se repite la misma situación y todavía no estamos en temporada alta, esto es inasumible», espetaba otro.

La cifra se ha convertido en un símbolo que persigue a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y agrupa a las familias que cuatro años después siguen buscando justicia. El cartel dice: “7.291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”

El 37,6% de los catalanes creen que iniciativas como los indultos y la Ley de Amnistía han mejorado la convivencia en Cataluña, mientras que el 23,8% creen que la han empeorado y el 36,1% opinan que sigue igual, según ha estimado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este jueves. Los jóvenes de 18 a 24 años son los que ven peor estas medidas (32,3%) y también los que tienen de 25 a 34 años (30,5%), ambas cifras por encima de la media.

Además, los servicios de proximidad de atención a personas mayores que viven en sus domicilios apenas se ha instalado en el 51,6% de residencias.

La asociación de familiares de residentes Rede denuncia esta mañana un brote de gastroenteritis vírica que afecta a decenas de residentes mayores y trabajadoras en la residencia Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes II (CRAPD II) en Lavadores, Vigo. La Xunta informó a los familiares con cinco días de atraso, se queja el colectivo, alude a la falta de atención médica durante varios días, acusación que la Administración niega, indica que la atención médica esta siendo constante ante un brote que, en todo caso, tilda de "leve"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

Recuerdo vívidamente aquella noche. Estábamos en medio del Mediterráneo. No se veía nada. El cielo y el mar formaban un lienzo negro. Entonces, en medio de la oscuridad, los vimos: unas 100 personas, hacinadas peligrosamente en un bote de goma con capacidad para no más de 20, con algunos cayéndose ya por la borda, aferrados a los costados. Detrás de ellos aparecía otra embarcación, y luego otra.

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.

La plataforma de Elon Musk no ha dado ninguna explicación de la medida a los perfiles afectados, que suman cientos de miles de seguidores.

Una pequeña embarcación de madera fue encontrada por unos pescadores en la costa noreste de Brasil con los cadáveres de al menos 20 personas a bordo. Según informó este sábado la agencia Associated Press (AP) citando a la oficina del fiscal general y a medios locales, se ha enviado a un grupo forense para determinar la procedencia de los fallecidos. AP explica que la embarcación fue hallada flotando a la deriva en la costa del estado de Para, en un lugar remoto a unos 300 kilómetros de la capital de la región, Belem.

Este anciano de 80 años, que se jubiló hace siete, está actualmente en la cárcel, donde ha pasado casi toda su jubilación. La razón de su detención: el robo de un poco de sushi. Reincidente, fue condenado a pena de cárcel. «Aquí les dan de comer, tienen un techo, cuidan de ellos... Muchos ancianos cometen pequeños robos para que los manden a la cárcel», explica Akiko Sasaki, trabajadora social en el centro de reclusión de Onomichi, una prisión donde solo hay ancianos.

El letrado mayor del Senado lo ha rechazado ya que indica indica que la petición de información relativa a una "presunta organización criminal directamente vinculada con el Gobierno que dirige don Pedro Sánchez Pérez-Castejón" excede el ámbito de la comisión.