El Supremo aclara que los interinos, aunque lleven una década en su puesto, no tienen derecho a la excedencias voluntarias, porque no son propietarios de la plaza, como los funcionarios de carrera.

Los Gobiernos españoles incumplen hace más de dos décadas una directiva europea para controlar la temporalidad en el sector público. El Defensor del Pueblo europeo (Ombudsman) ha admitido la queja de los empleados públicos interinos españoles que llevan desde 2013 esperando respuesta de alguna institución ante su situación, tal como refieren, de desamparo: no saben si van a ser renovados, trabajan como indefinidos sin serlo, y no tienen los derechos acordes a su antigüedad o de cara a su pensión de los que disfrutan otros empleados públicos.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha el proceso de consolidación de plazas de profesorado interino, a partir de la ley Iceta, y da el plazo de un mes para que cerca de 8.000 interinos de la Comunidad, la mitad de ellos en centros educativos de la provincia de Alicante, puedan optar a un puesto fijo. Hay 26.000 interinos y las plazas totales previstas por las dos vías para la estabilización de puestos alcanzarían a 9.150 aspirantes. 17.000 interinos se van a quedar "fuera de los procedimientos previsto".

El Tribunal Supremo (TS) entiende que la excedencia voluntaria por interés particular prevista en el artículo 89.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) no resulta de aplicación a los funcionarios interinos, aquellos que trabajan de forma temporal para una administración pública.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que puede ser inconstitucional el decreto ley que exonera a los interinos del conocimiento de catalán en el proceso de consolidación de las plazas. El Gobierno ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad contra el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de Baleares.

Los socialistas advierten de que el bipartito va a cesar a más de 30 agentes interinos y los pocos que queden de servicio en calle "quedarán abandonados a su suerte". Solo dos patrullas se destinarán a todos los barrios de Alicante. Las partidas rurales quedarán desiertas de vigilancia; no se atenderán muchos colegios; se reduce la Unidad de Violencia de Género; se reduce Atestados. Se va a desatender la vigilancia de ordenanzas, tráfico, veladores, etc. Va a ser prácticamente imposible atender determinados requerimientos de toda índole.

La temporalidad en la sanidad es de un 50%, y hasta un 80% en investigación sanitaria. El problema es que no se convocan apenas oposiciones para plazas fijas y las que se realizan no se ejecutan. Eduardo se ha presentado varias veces a exámenes para una plaza fija, y en el último, en 2019, la consiguió. 24 años trabajando en la sanidad, cuidando enfermos sin contrato fijo. Eduardo, enfermero, lleva 24 años siendo interino. Esto quiere decir que cubre una vacante en teoría temporal. Y sí, temporales son las vacantes que va ocupando sucesivamente

Tras un recurso de la Junta de Andalucía, el asunto ha vuelto a llegar al máximo tribunal andaluz, que se ratificó en una sentencia, dictada el 8 de junio, a la que este medio ha tenido acceso. En ella, da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), y reitera que priorizar las candidaturas según su orden de llegada es inconstitucional, pues es contrario a los principios de mérito y capacidad.

Vamos hacer un repaso a las disposiciones que desarrollan estos procesos especiales de estabilización e intentar resolver, dentro de lo posible, algunas de las dudas que estos días están surgiendo entre los ocupantes de las plazas en cuestión y los aspirantes a las mismas.

Javier Araúz, en el centro, y Pau Albert Martí, subrayaron la necesidad de pedir la suspensión de los procesos de estabilización hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare las cuestiones prejudiciales planteadas.

La Confederación de sindicatos STEs-i de trabajadores de la enseñanza ha presentado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo y la Unión Europea por los procesos de estabilización del personal interino que están convocando estos días las comunidades autónomas, según informa en una nota de prensa este lunes.

Esta iniciativa se adopta en cumplimiento de la ley estatal para la reducción de la temporalidad en la función pública.

El juez recoge la petición hecha por Javier Arauz de Robles Dávila, abogado defensor de dos funcionarias interinas de la Administracion autonómica de Justicia. Cada una de ellas atesora 37 años y 17 años y 7 meses, respectivamente, en ese régimen de temporalidad, pese a hacer el mismo trabajo que los funcionarios de carrera. La petición de Araúz es de fijeza al no existir, en nuestro ordenamiento jurídico, ninguna norma que castigue el abuso de la temporalidad.

Antes del 1 de junio las diferentes administraciones deberán ofertar las plazas que tendrán que sacar para estabilizar a este colectivo.

El Gobierno central y el de Navarra ambos socialistas, discrepan sobre la estabilización de los profesores interinos del Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI) que se votará hoy en el Parlamento foral. Al Ministerio de Educación no le gusta un proceso que establece requisitos que no están contemplados en la legislación básica y supone la creación de funcionarios docentes propios, en paralelo a los cuerpos estatales.

El Ministerio de Educación modifica el Real Decreto a última hora y limita el concurso de méritos a la estabilización de plazas estructurales ocupadas por interinos desde antes de 2016, las de reposición y nueva creación tendrán que ser por concurso oposición.

El Govern de la Generalitat ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para estabilizar 59.000 plazas actualmente ocupadas por interinos en fraude de ley. La mayoría de ellos docentes y sanitarios, en el que la Generalitat ha calificado como el "mayor" proceso de estabilización de la historia de la institución. Y pretende hacerlo antes del 2025

El abogado de interinos, Javier Araúz, denuncia que actuaciones para intentar burlar su aplicación, como las del Gobierno de Aragón o el de la Comunidad de Madrid, publicando numerosas convocatorias de oposiciones días antes, son “fraudulentas e incluso constitutivas de infracción, porque vulneran los principios básicos del ordenamiento jurídico”. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA ) ya ha impugnado más de 36 convocatorias.

Medio centenar de sentencias de varios juzgados de lo contencioso administrativo de Sevilla, confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han obligado al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos a expulsar a interinos de sus bolsas de trabajo.

Un docente relata en un grupo de Facebook las vicisitudes para pasar tiempo de calidad con su hija a raíz de las incertidumbres y el sacrificio que genera

La decisión de la mayoría de las CCAA (12) de convocar sus oposiciones de Educación antes de que se ponga en marcha la adaptación del Real Decreto de los interinos puede terminar en los juzgados. Las razones se desconocen (algunos alegan motivos políticos, otros aseguran que benefician "demasiado" a los interinos) pero lo que está claro es que así evitan aplicar el cambio de normativa. Quienes opositan con menos experiencia también preparan recursos si las pruebas acaban convocándose según el Real Decreto de interinos.

Los centros comunicarán las necesidades a diario y los lunes, jueves y viernes durante, al menos, un mes se convocará al profesorado eventual

La ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público entrará en vigor este jueves, un día después de que haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. La norma, que recibió luz verde definitiva en el Senado hace una semana, reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.

A pesar de que desde determinados sectores se está insistiendo en que conceder la fijeza a los interinos va en contra de la ley, a pesar de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara, la realidad es que la Constitución y la jurisprudencia avalan la reclamación de los trabajadores públicos. Los méritos y la experiencia de los interinos justifican la legalidad de otorgar de manera definitiva la fijeza, sobre todo porque ya hay jurisprudencia europea al respecto que es prevalente sobre las leyes nacionales.