El gobierno se la contrató a Indra, un gigante tecnológico que, a pesar de estar entre las favoritas de la administración pública de nuestro país, independientemente de quien gobierne, (es reconocida por ofrecer sus servicios para el recuento electoral cuando toca votar o para instalar tecnologías de vigilancia en las fronteras) ha protagonizado varios despidos masivos en los últimos dos años.

La conocida como "última cena" fue un cónclave de alto nivel convocado en 1993 por la administración Clinton. El entonces secretario de Defensa, Les Aspin, convocó a las principales empresas de Defensa de Estados Unidos y les conmino a fusionarse o llegar a acuerdos puntuales para incrementar la potencia del sector. Tras la caída del Muro de Berlín había que dar un golpe de timón a una industria central en la economía estadounidense

El primero de los sistemas de Indra se ha implantado en la base aérea de Le Luc-en-Provence, sede de la Escuela de Aviación Ligera del Ejército de Tierra Francés. Este aeródromo presta servicio además como escuela de pilotos del NH90 y escuela franco-alemana de formación de pilotos del helicóptero Tigre. Indra ultima ahora la incorporación de estos mismos sistemas en la base aérea de DAX, en las Landas, que también forma parte de la Escuela de Pilotos de Aviación Ligera del Ejército de Tierra Francés y en la que se da la formación inicial a pi

Según explica el sindicato, Santander Global Tech (SGT), empresa cliente perteneciente al Grupo Santander, hace ya más de un año que tomó la decisión de trasladar el servicio a Madrid por lo que, hasta ahora, los y las trabajadoras de Cantabria estaban siendo sacados por bloques del mismo y reubicados en diferentes proyectos de los múltiples que la empresa tecnológica dispone y, además, con muy buenos resultados. Denuncian que Indra ha alegado dificultades para la asignación a otros clientes por la no existencia de un centro de trabajo físi...

La Sepi, controlada por el Ministerio de Hacienda, elevará su participación en Indra hasta el 28% en una operación valorada en cerca de 150 millones. El Gobierno tomará así el control de Indra a base de talonario, tras no lograr doblegar al correoso consejo del grupo tecnológico y de defensa español, en el que los consejeros independientes se han opuesto, hasta ahora, a aprobar operaciones instadas desde el Ejecutivo. En el accionariado de Indra no existía, al menos aparentemente, inestabilidad alguna.

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado que la plantilla de Indra, empresa tecnológica que da servicio al Banco Santander en el 'búnker' de Solares desde 2012, ha mermado en "casi un 43%" tras dos primeros años de actividad "prometedores". En concreto, el sindicato ha apuntado en nota de prensa que se ha ido reduciendo la plantilla "de forma injustificada" desde el año 2014, pasando de 91 trabajadores en septiembre de ese año a los 52 que hay actualmente. "En el último año hemos perdido 20 puestos de…

Indra ha ganado 55 millones de euros en los seis primeros meses del año, cifra que contrasta con las pérdidas de 75 millones registradas en el mismo periodo del año anterior y los 34 millones de beneficio que registró en 2019 (+63%), el último año previo a la pandemia. Los ingresos de la cotizada en esta primera mitad del año han crecido un 11,6% respecto a 2020 y un 10% respecto a 2019, siempre comparando usando la divisa local.

Una brecha de seguridad de la sanidad madrileña deja al descubierto datos privados de miles de ciudadanos. Entre los datos que han quedado expuestos, los del rey Felipe VI o los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ambos residentes en Madrid

La última de estas adjudicaciones ‘a dedo’ la publica este mismo viernes el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad. Con fecha de 2 de julio da cuenta de la ampliación en la “atención telefónica a usuarios de la campaña de vacunación y seguimiento de contactos”. La mencionada UTE percibirá por esta tarea algo más de 2,7 millones. En concreto, 2.737.020 euros. Tal y como recoge el portal, el “importe económico estimado” se hace en base a la estimación de 13.000 llamadas al día por un coste de 2,90 euros y durante 60 días, desde el 19 d

La empresa gestiona desde hace once años el Centro de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud por casi siete millones de euros al año. Con la pandemia ha ampliado sus funciones y sus contratos. Trabajadoras del centro denuncian caos y escasa formación para resolver dudas sobre el covid-19.

Lo ha hecho a través de un contrato de emergencia y sin publicidad por 224.479 euros. La Comunidad de Madrid tendrá disponible a finales del mes de junio el Certificado Verde Digital de Vacunación frente a la Covid-19, también conocido como ‘pasaporte Covid’ o ‘cartilla verde’, para que los madrileños que estén pensando en viajar a otros países europeos este verano puedan hacerlo con todas las garantías sanitarias y de seguridad que exige la Unión Europea (UE).

El consejo de administración de Indra ha aprobado el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente no ejecutivo[..]Medida impuesta por la Sepi, primer accionista del grupo, con el 18,7% del capital.[..]La compañía ha nombrado dos consejeros delegados, con carácter solidario, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, responsables de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, sobre quienes se delega las funciones ejecutivas.

La SEPI es el primer accionista de Indra, con el 18,7% del capital, y el Gobierno es el principal contratista de la empresa. En representación del organismo público se sientan en Indra el exministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, y el exdiputado por el PSOE en Sevilla, Antonio Cuevas, quien también forma parte de la comisión de nombramientos de Indra.

Por segundo día consecutivo, las acciones de Indra se sitúan como las más penalizadas del Ibex 35. El valor se deja más de un 10% entre el viernes y el lunes tras conocerse la marcha de la presidencia de Fernando Abril-Martorell, que será sustituido por Marc Murtra, ingeniero industrial y patrono de la Fundación La Caixa, que fue también jefe de gabinete del exministro de Industria Joan Clos hace catorce años

Indra Business Consulting es la única consultora que ha resultado exonerada definitivamente de la prohibición de contratar con el sector público, medida prevista en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público, dentro del grupo de 22 compañías que han sido multadas por constitución de cártel, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una reciente resolución de expediente.

Indra se erige como una de las firmas tecnológicas pioneras en España. Un supuesto ejemplo a seguir en un país en el que el uso del cemento siempre se ha preferido al de los ordenadores. Pero, como decía Mark Twain, cada persona (o empresa) tiene su lado oscuro. En el caso de la compañía que preside Fernando Abril-Martorell más si cabe, cuando organismos como la CNMC o Hacienda no le quitan el ojo de encima.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que quedan aún diligencias importantes por practicar.

La multinacional Indra quiere evitar ir a juicio por la causa de la caja B del PP de Madrid. Consciente de que esta investigación penal está aproximándose a su fin, la empresa ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se le desligue de cualquier irregularidad. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, imputó a la consultora hace poco más de un año al considerarla como un instrumento de desvío de fondos del Gobierno regional de entonces.

El Portal de la Contratación Pública de la región da cuenta de la adjudicación sin publicidad de esta nueva ampliación por 1.001.880 euros. Según detalla, contempla que se hagan 4.500 llamadas al día por un coste de 2,90 euros cada una. El plazo de ejecución estimado es de 60 días, desde el 27 de enero hasta el 27 de marzo.La Comunidad mantiene su confianza en la UTE de Indra y Telefónica para esta labor de seguimiento. Algo por lo que se ha embolsado ya más de dos millones de euros con las sucesivas adjudicaciones, sin contar el nuevo contrato

Cuando el pasado 2 de enero el Boletín Oficial del Estado publicó la contrata por la que dejaba en manos de Indra la asistencia técnica del plan de vacunación del Covid-19, a nadie le sorprendió. El contrato, que asciende a 961.819,32 euros, impuestos incluidos, es el último de una larga lista de adjudicaciones relacionadas con la sanidad que, en los últimos diez años, le ha reportado a la empresa más de 151 millones de euros.

Telefónica e Indra suman un total de 3 millones de euros en cuatro contratos para dar seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En tres ocasiones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado un primer contrato que había sido adjudicado el 29 de mayo a la ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' -por la vía de emergencia y sin publicidad- para realizar el seguimiento de contactos y el estudio de seroprevalencia en la comunidad.