El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha dicho que la operación policial muestra que el modelo de gestión de la planta “va en contra del interés público” y que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es “ilegal”.

La Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra desde primera hora de esta mañana registrando las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

“Lo único que busca el equipo de gobierno del PP es que los vecinos adelanten, con la subida de tarifas de agua y alcantarillado, la inversión que tiene que hacer la empresa adjudicataria”, lamenta García. Así mismo, el PSOE ha querido recordar al equipo de gobierno del PP que “este proceso no puede llevarse a cabo ya que la subida de tarifas vienen ya establecidas en el pliego de adjudicación de 1.994, la postura del Grupo Socialista ha sido apoyada por el resto de grupos de la oposición.

Una ‘mordida’ para agilizar el cobro de los trabajos en la desaladora de Escombreras. El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS, según informa El País.

Francisco Correa mencionaba las desaladoras y potabilizadoras entre los proyectos donde buscaba comisiones. El aún diputado Gómez de la Serna también hizo negocio con ellas y Aznar intentó vendérselas a Gadafi. Como en el caso Acuamed, la gestión de obras hidráulicas se vuelve opaca al interponerse empresas estatales y estar impulsadas bajo el paraguas del interés general.

La empresa pública Acuamed adjudicaba de forma irregular los proyectos en los que se han descubierto los millonarios sobrecostes sin justificarAnticorrupción y Guardia Civil sitúan en el centro de la trama a un alto cargo de Medio Ambiente, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto. El plan está ejecutado en más de un 90%, según la memoria de Acuamed, y ha sido objeto de una fuerte fi

El Cabildo de Gran Canaria agilizará las gestiones necesarias para ceder la segunda posición de Megaturbinas en el Puerto de Arinaga para la instalación de un aerogenerador, lo que le permitirá sacar a concurso su desaladora abastecida solo con energías renovables, básicamente sol y viento, "un proyecto único en Europa".

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, decidió confiscar hace un año una desaladora privada sin orden judicial. No sólo ha tenido que devolver la planta sino que está imputado por prevaricación y coacciones. San Ginés se basó en un informe de su asesor Ignacio Calatayud, que considera que no hacía falta que un juez avale la decisión porque la desaladora no es un bien público

Acuamed, la compañía pública dependiente de Agricultura encargada de construir y gestionar las desaladoras, utilizó al menos 400 millones en 2013 y 2014 para comprar bonos del Estado y deuda pública española. La cifra es superior a la invertida esos dos años en poner en marcha las desaladoras y en mejorar la red global. El PSOE derogó el Trasvase del Ebro, el PP no ha terminado las desaladoras, mientras el Levante español sigue seco.

Si el aeropuerto de Corvera genera unos intereses diarios de 22.000 euros, el contrato de la desaladora de Escombreras con una empresa del grupo presidido por Florentino Pérez sale por 35.000 euros diarios. La factura mensual de ambas infraestructuras supera el millón.

”El Gobierno no tiene competencia alguna en la conservación, mantenimiento y explotación de las desalinizadoras de Fuerteventura y Lanzarote ni en la planificación del abastecimiento a la población de Canarias”. Ésta ha sido la respuesta de la Mesa del Congreso de los Diputados a una pregunta de Izquierda Unida sobre las alternativas para obtener agua potable en caso de derrame en las perforaciones petrolíferas que Repsol está llevando a cabo cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, que se abastecen íntegramente de agua desalada.

La desalinizadora de Escombreras se ha sumado al largo listado de instalaciones, de carácter privado o público, que en los últimos años han sido visitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de investigaciones vinculadas a la corrupción política. Agentes de la Policía Judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, se presentaron el lunes en las oficinas de la planta desalinizadora para requerir a sus responsables la entrega de diversa documentación...