Las ‘ranas’ son para el PP de la Comunidad de Madrid lo que las bicicletas para el verano. La dimisión este jueves de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en el ‘caso Lezo’ provoca un nuevo traspié en el sendero del Gobierno de Cristina Cifuentes.  “He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana” fue una de las frases que dejó Esperanza Aguirre para la posteridad, esto no solo se circunscribe a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La actual mandataria también ser rodeada de ra

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha escrito un mensaje en Twitter para señalar que espera que Canalda asuma su responsabilidad tras la imputación por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo y presente su dimisión. El Consejo de la Cámara de Cuentas está integrado por siete Consejeros elegidos por la Asamblea de Madrid para un período de seis años, además de un secretario general. El presidente, propuesto por la mayoría absoluta de los consejeros, es nombrado por la Presidencia de la Asamblea

El presidente del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado su dimisión de la entidad tras su imputación por su papel en la compra de Inassa cuando era director gerente del Canal de Isabel II El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha escrito un mensaje en Twitter para señalar que espera que Canalda asuma su responsabilidad tras la imputación por el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo y presente su dimisión.

Un total de 5,4 millones de euros que se repartieron entre cinco personas, cinco 'socios': Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid), Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno en Ceuta), Edmundo Rodríguez Sobrino (presidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica), Diego García Arias (director de Negocios y Expansión de Inassa) y Ramón Navarro Pereira (ex director general de la Triple A, filial de Inassa).

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por orden del juez del 'caso Lezo', han confirmado fuentes de la investigación.El registro se practicó el 21 de noviembre y el expresidente madrileño quedó en libertad el 8 de noviembre tras abonar la fianza de 400.000 euros, momento en el que abandonó la prisión de Soto del Real (Madrid).Días después, los agentes de la UCO se desplazaron al dúplex de la urbanización de Guadalmina, objeto de otra investiga

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido revocar la extradición solicitada para uno de los exdirectivos del Canal de Isabel II detenidos en Colombia después de que este haya empezado a colaborar con los investigadores y delatar a los cuatro compinches (cinco junto con él) que se llevaron presuntamente comisiones tras la compra de la filial brasileña Emissao, una de las piezas principales del caso Lezo. Diego García Arias, durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa [...]

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, intermediario en el Caso Lezo según las grabaciones a Ignacio González y Eduardo Zaplana

Seis empleados del Canal forman parte de la acusación. Han hecho un estudio de las pérdidas económicas de la plantilla desde que en 2012 González transformara el ente en una sociedad anónima.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado pronunciarse este viernes sobre las conversaciones de la Operación Lezo en las que se cita su nombre. "No me merece ningún comentario", ha aseverado.

La Audiencia Nacional, en colaboración con la justicia panameña y colombiana, ha conseguido decomisar 5,4 millones de dólares en metálico (4,6 millones de euros) al expresidente de la Comunidad de Madrid, ocultos en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros. También ha sido intervenido diverso patrimonio inmobiliario de González en Colombia, aún pendiente de tasar, según los investigadores

La empresa pantalla que recibió 1.4 millones de OHL tiene su sede en un edificio casi derruido y sin ventanas en el barrio de San Francisco de Ciudad de Panamá.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de dejar en libertad bajo fianza de 400.000 euros al ex presidente madrileño Ignacio González, en prisión preventiva desde el 21 de abril, al entender que ha disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir gracias al manejo de fondos en Colombia o Panamá.Cree el Ministerio Público que es necesario imponer a González "unas medidas menos restrictivas" de los derechos fundamentales, atendiendo a que el riesgo de fuga y de reiteración delictiva se han reducido tras más de seis meses de investigación

La Fiscalía Anticorrupción va definiendo poco a poco la investigación abierta contra el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo. Bajo su mandato, el Gobierno regional ordenó al Canal de Isabel II iniciar su primera aventura empresarial al otro lado del Atlántico, que se fraguó con la compra de la empresa colombiana Inassa a finales de 2001. Una operación que, según el ministerio público, pudo generar una "ilícita plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid"...

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González trató, durante la primera declaración prestada en la Audiencia Nacional tras su detención en la operación Lezo, desmarcarse de los negocios sucios del Canal de Isabel II. En los audios de su interrogatorio,asegura que desarrollaba "funciones mínimas" y apunta como máximo responsable al director gerente en aquellos años, Ildefonso de Miguel. "Yo solo iba al Canal los miércoles por la mañana", destaca..

Canal de Isabel II ha adjudicado, por 39.500 euros, al estudio jurídico Ejaso el contrato de servicios de asesoramiento jurídico en el caso Lezo,que investiga una presunta trama de corrupción política en la empresa madrileña.El importe máximo de la licitación era de 63.307 euros (IVA incluido) y se ha adjudicado al precio más bajo,han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

El expresidente madrileño intervino en una operación de compraventa de cuadros valorados en ocho millones y se interesó por relojes y joyas en subastas organizadas por la firma de su mujer

Los siete investigados mantenían lazos más allá del negocio de las mascarillas y compartieron posteriormente comidas y reuniones, incluso con altos cargos del Ministerio de Transportes, en una marisquería de Madrid. En total, más de 54 millones de euros de dinero público que dejó a la trama unas ganancias casi 17 millones de euros, según la investigación preliminar realizada por Anticorrupción. El juez Ismael Moreno investiga delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

Iglesias explica la figura de Koldo. Koldo es un hombre del aparato del PSOE del Pais Vasco. Intentan tapar con Abalos Los partidos tradicionales utilizan su poder para enriquecer a los amigos, tanto el PSOE como el PP. Hay que diferenciar entre los gánsters externos, y la gentuza dentro de los aparatos de los partidos.

La jueza del 'caso Hulla' sobresee provisionalmente la instrucción que le afecta por regularizar 1,2 millones de origen desconocido en la amnistía fiscal de Montoro

El PSOE se ha personado como acusación particular en el procedimiento abierto contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas dan este paso en el marco de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El partido destaca que podrá así acceder a toda la documentación relacionada con el caso.

El gobierno reveló directrices para la construcción de refugios subterráneos en las islas periféricas de la prefectura de Okinawa en caso de una crisis militar que involucre a Taiwán. Las instalaciones contarían con muros de hormigón reforzado con acero de al menos 30 centímetros de espesor, una vez terminados, los refugios también almacenarían suficiente comida y agua para durar al menos dos semanas.

FIN DEL CASO OIKOS! La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha emitido esta mañana un largo auto en el que informa que "sólo cabe concluir que no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos objeto de este procedimiento, por lo que sólo procede haber lugar al sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones"

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado por tercera vez a un juzgado reabrir una causa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de un residente en el centro Residencial Senior 2000 SL después de que, según alegó su hija, la derivación hospitalaria se realizara "a destiempo". Además de para la líder del Ejecutivo madrileño, la Audiencia ha instado a la reapertura de la causa para dos de sus consejeros de entonces: el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López.

Les invito a nuevo tour por las cloacas. En esta ocasión, partiendo de dos alcantarillas distantes, acabaremos sumergidos en el mismo colector. Por un lado, Israel Pilar Ortiz (caso Koldo) por otro José Ramón García González (Sibucu 360 SL). Croquis con las “coincidencias” entre el asunto de Ortiz y otra organización similar que gira en torno a José Ramón García González y la comercial Sibucu 360 SL (implicada igualmente en el tráfico de material sanitario durante la pandemia) y que salpica a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso..

Lo más llamativo de todo es su actitud según de quién sea el caso. Debe ser que están tan acostumbrados a tener casos de corrupción propios, que la novedad de uno ajeno es un soplo de aire fresco. Es por ello que usan la estrategia del "y tu más" cuando sale a colación lo de la pareja de Ayuso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destituyó el pasado 1 de febrero al jefe del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, que elaboró un informe sobre el caso Koldo y lo remitió a la Audiencia Nacional.

El empresario cántabro, que aparece citado en el auto del juez que investiga la trama, asegura que no tiene ningún vínculo comercial con el exministro José Luis Ábalos

Después de que el presunto “enlace”, Israel Pilar Ortiz, montara una delegación en Bilbao y fichara al cuñado del exlehendakari Patxi López, los dos empresarios de la trama vasca de mascarillas, José Luis Elorriaga Oribe y Gabriel Clavell Larrinaga, de la sociedad Developing Business Trading en 2020, comenzaron a vender mascarillas a Renfe, dependiente de José Luis Ábalos y donde ejercía de consejero el detenido Koldo García.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición del gobierno de Baleares para personarse como acusación en el 'caso Koldo' en nombre del servicio balear de salud. La Fiscalía Anticorrupción había informado en contra de la solicitud por considerar que las mascarillas se pagaron con fondos europeos, con lo que Baleares nunca se podía haber visto perjudicada por los hechos que se investigan.

Hoy les guiaré por una ruta que trasciende al caso Koldo, una ruta cloaquera que apesta a corrupción y que nos introducirá en un inframundo plagado de corbatas y maletines tan negros como el efectivo que albergan. Un informe de la Oficina de prevenció i lluita contra la corrupción a les Illes Balears en 2020 ya alertaba sobre la presencia de una de las sociedades de Senante en un proceso de contratación pública vinculado a la trama.