Las grandes telecos españolas han puesto en marcha o anunciado en 2021 planes de ajustes de empleo que, en su conjunto, supondrá la reducción de casi 4.000 puestos de trabajo, cerca del 8% del total de las plantillas totales de las operadoras. En los últimos 20 años, las plantillas totales del sector han caído más de un 40%, con una bajada de los ingresos del sector superior al 30% en poco más de una década.

106 empleados del equipo destinado a la gestión de incidencias y mantenimiento de las redes fija y móvil de Vodafone, iniciarán a partir del próximo lunes 29 de noviembre una huelga indefinida para protestar por la venta de la unidad a la compañía multiservicios y ETT Eulen. Se da la situación de que esta unidad, que originalmente estaba compuesta por empleados directos de Vodafone, ya se externalizó a Huawei en el 2019.

El pasado 5 de septiembre llamo a @vodafone_es para dar de baja la línea de un familiar fallecido. Muchos sabéis el dolor y el esfuerzo que supone ocuparse de estas cosas en esos momentos. En @vodafone_es me dicen que ya está tramitada la baja y me dan un número de expediente [...] Pasan semanas y la línea sigue activa y @vodafone cobra [continua]

La juventud de la plantilla de Vodafone recorta el efecto de las prejubilaciones.

La operadora ha rebajado en seis trabajadores el ERE que ha puesto en marcha por lo que despedirá a 509 trabajadores con una indemnización de 33 días por año trabajado

El variable, en base a los objetivos del último año fiscal, se extiende, en menor medida, al resto del equipo. La teleco explica que fue bastante más elevado que los anteriores porque se premió la gestión de la Covid.

Los grandes operadores de nuestro país (y de Europa en general) están en una encrucijada. Mientras exigen normas que protejan sus inversiones y piden a los gobiernos que actúen ante la fragmentación del mercado que no existen en otras partes del mundo, se ven obligados a seguir invirtiendo en infraestructuras vitales como la fibra óptica o el 5G. Todo esto ante una asfixiante presión de terceros operadores que les roban clientes a cientos en un mercado del bajo coste que siempre está al rojo vivo.

La sentencia, que se ha conocido este jueves 2 de septiembre, va en la línea con una anterior de septiembre de 2020 donde el alto tribunal europeo también se pronunciaba sobre un servicio similar ofrecido por Telenor en Hungría. Del nuevo fallo del alto tribunal europeo se deriva también que las limitaciones del ancho de banda, del anclaje a red o del uso en itinerancia, debido a la activación de una opción de este tipo, son también incompatibles con el derecho de la UE en lo que respecta a la normativa de roaming.

Orange y, sobre todo, su marca Jazztel, son las compañías que más practican el acoso telefónico, con llamadas comerciales disfrazadas de múltiples argumentos para el contacto: “Deseo trasladarle la última oferta”; “Le llamo del departamento de calidad”; “Conoce la promoción…”, según los estudios anuales que publica la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces).

Algunos llevan "20, 18, 16 años” instalando equipos y líneas para Vodafone, reparando las averías de sus clientes, y no saben si mantendrán su empleo el mes que viene. Son alrededor de "600 personas" que trabajan para Vodafone en distintos puntos del país, pero que no están contratadas directamente por la multinacional. Dependen de la compañía murciana Icono Enterprise, a la que Vodafone ha rescindido el contrato tras veinte años de subcontratación. "No sabemos qué va a ser de nosotros. Vodafone es el único cliente de Icono Enterprise".

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto cuatro sanciones diferentes a Vodafone España por un importe total de 8,15 millones de euros por la realización de acciones de marketing y prospección comercial a través de llamadas telefónicas y envío de comunicaciones comerciales electrónicas. La Agencia Española de Protección de Datos da un plazo de seis meses a Vodafone España para que acredite que se ha ajustado a lo dispuesto en el Rreglamento y la Ley Organica de Protección de Datos.

El consejero delegado de Orange España, Jean-Francois Fallacher, deshoja la margarita del fútbol. El ejecutivo tiene sobre la mesa una difícil decisión: mantener la compra de los derechos del fútbol o bajarse y unirse a Vodafone, que completó el movimiento hace dos años. El desembolso anual supera los 300 millones de euros. Para él se trata de un precio muy alto. La decisión aún no ha sido tomada, pero en el cuartel general de Telefónica, dueña en exclusiva de estos activos, ya se estudia cómo rentabilizar el pago en solitario de la factura.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar y Vodafone ante el Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor de las 17 comunidades autónomas al considerar que las últimas subidas de los precios aplicadas por ambas operadoras a sus tarifas no se han justificado en «motivos válidos», tal y como establece la ley.

El Ministro de Sanidad ha formalizado sendos contratos con Telefónica y Vodafone, según los cuales las operadoras de telecomunicaciones prestarán un servicio de 'insights' de movilidad para medir el impacto del Covid-19 y ayudar en la toma de decisiones en la gestión de la crisis por más de 223.000 euros.

La empresa de telecomunicaciones ha indicado que estos números se deben al impacto negativo del coronavirus y a la fuerte competencia dentro del sector.

Los responsables de ambas compañías en España, Colman Deegan en el caso de Vodafone y Meinrad Spenger por parte de MásMóvil, negocian los últimos flecos de la operación, cuya fecha de cierre se ha fijado para el primer trimestre del presente año. Además, este diario ha confirmado con otras fuentes de total solvencia que ambos operadores han establecido estos días contacto con sus proveedores de red para estudiar el estado de las infraestructuras de comunicaciones de cara a la fusión.

Vodafone se tendrá que batir el cobre en los tribunales del Reino Unido contra la empresa española Top Optimized Technologies (TOT). La pyme liderada por Álvaro López Medrano, que fue su socia hasta 2015, le reclama ante los tribunales británicos responsabilidades por plagio, infracción de uso de patente, incumplimientos de contrato, uso indebido de información y aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Unas acusaciones por las que pide 509 millones de euros, según refiere el juez que instruye el caso.