La Guardia Civil, en la denominada operación CETIL, ha desarticulado una importante organización delictiva de ámbito internacional, a la que se responsabiliza directamente de la introducción de más de 6.000 kilogramos de cocaína procedente de Sudamérica, por distintos puntos del continente europeo. En la última fase de esta operación, agentes de la UCO de la Guardia Civil, junto con agentes de la Policía de Holanda y de las agencias estadounidenses HSI, han actuado simultáneamente en distintos puntos de España y Holanda coordinados por EUROPOL.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado un escrito de defensa en la pieza separada del caso Lezo sobre la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en el que pide anular las grabaciones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según consta en el documento de 70 páginas firmado por el abogado Esteban Mestre, que busca invalidar todo el procedimiento.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) para requerir diversa documentación de contratos menores en el marco de una investigación judicial que afecta a la etapa de David Lucas (PSOE) y por la que se han realizado diferentes citaciones en sede policial en calidad de testigo, según fuentes de la investigación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevos datos al caso Erial: una presunta comisión de algo más de 150.000 euros que recibió Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, a cambio de adjudicaciones; "enchufes" en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas; y el papel que jugó en el entramado societario el peluquero del 'expresident', que está investigado en la causa.

La Audiencia Nacional (AN) ha avalado el cese del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí, acordado por el secretario de Estado de Seguridad el 1 de agosto de 2018 por pérdida de confianza de la Dirección General de la Benemérita y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre las presuntas mordidas que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus cobró de 23 empresas contratistas a través equipo de fútbol del que era presidente, el Olímpic de Xàtiva, apunta a que las comisiones fueron una constante durante su presidencia. Para la UCO, los cargos públicos y privados ostentados por el expolítico del PPCV "habrían propiciado la instrumentalización de los primeros para obtener beneficios en los segundos"

Un informe policial, en el que se han basado juez y fiscal, señala que Rus utilizó a contratistas públicos del Ayuntamiento de Xàtiva, donde era alcalde, así como de la diputación que presidía para obtener fondos ilícitos tanto para él como para el equipo, llegan a recaudar 755.000 euros de varios contratistas. Una cifra que podría ser muy superior puesto que hay más empresas bajo la lupa de los investigadores.

En el informe de la UCO, se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita a Antonio Suárez Santana por desvío de fondos. El también presidente de la Federación canaria sustituye en la RFEF a Andreu Subies, también investigado.

El expresidente de la Generalitat habría situado al frente de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios, a personas afines como Máximo Caturla o el marido de la socia de su mujer en una farmacia de València. Los investigadores del caso Taula aseguran que la constitución de la empresa pública se realizó expresamente para desviar fondos al partido y comisiones para particulares..

La Guardia Civil le recrimina que le encargó atestados ya hechos años antes, que ordenó parar otros y que no le dio los expedientes para poder investigar

Villar Mir ha remitido un escrito al juez en el que le exige que identifique a los confidentes que alertaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pago de una comisión ilegal al expresidente madrileño Ignacio González en contraprestación por la presunta adjudicación fraudulenta del contrato de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero; fue imputado "porque unas fuentes ignotas le atribuyeron haber entregado un cheque a determinado investigado". Y, según el abogado, esas "fuentes aportaron a..

La presidenta de la SGAE ha sido espiada. El ordenador de Pilar Jurado ha sido hackeado, según ha constatado la UCO, que ha precintado inmediatamente el ordenador para investigar de donde venía el pirateo y que ha estado horas en su sede buscando información, tal y como han contado a este periódico fuentes de la entidad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, de que ha encontrado unas facturas sospechosas que podrían estar relacionadas con presuntas comisiones vinculadas con la "ejecución de obras en México adjudicadas a la sociedad española Infoglobal SA, de la que Javier López Madrid es accionista a través de Financiera Capital SLU y SIA Capital Management SA".

Las sospechas de fraude vuelven a extenderse sobre el jamón. Esta vez sobre los jamones congelados. Según ha podido confirmar elEconomista.es a través de distintas fuentes, el Seprona de la Guardia Civil está investigando, en estrecha colaboración con la UCO, la venta masiva de jamones, sometidos a un proceso de congelación y descongelación sin avisar al consumidor, tal y como establece la normativa. Hace un año, la Guardia Civil ya descubrió un almacén frigorífico donde se guardaban 10.700 piezas, de productos congelados en mal estado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó el 11 de febrero de 2016 en la casa del gerente de Esperanza Aguirre y administrador electoral del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, un dispositivo de almacenamiento de memoria (USB) que, según concluyen los agentes en un informe de diciembre de 2018 del caso Púnica, guardaba evidencias de que el partido en Madrid habría ocultado en 2011 gastos electorales por un montante cercano a los 3 millones de euros.

Según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior a la citada agencia, el cese se ha justificado por “pérdida de confianza”. Marlaska destituye al coronel de la UCO de la Guardia Civil por “pérdida de confianza”, después de que Sánchez Corbí firmase el pasado 25 de julio una orden interna comunicando a los diferentes departamentos de la UCO de que quedaba “temporalmente suspendida” cualquier investigación al no haber aprobado el Ministerio, ni en junio ni en julio.

Un nuevo equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil retoma la investigación del doble crimen sin castigo de Almonte, donde Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de 8, fueron asesinados de 151 cuchilladas. El único acusado, que mantenía una relación sentimental con la esposa y madre de las víctimas, fue absuelto por un jurado popular. Después de que el Tribunal Supremo confirmara la absolución, la jueza instructura ordenó reabrir la investigación.

La Guardia Civil le recrimina que le encargó atestados ya hechos años antes, que ordenó parar otros y que no le dio los expedientes para poder investigar. La Fiscalía Anticorrupción hace mención en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños de una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del escándalo de los ERE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consigue otro éxito en su lucha contra la ciberdelincuencia al lograr la detención de ‘Lupin’, nombre en clave tras el que se oculta uno de los mayores ciberestafadores de España.