El Tribunal Supremo ha fijado que el hecho de que una mujer trabaje en un club de alterne y, además, ejerza «eventualmente» la prostitución por cuenta propia «no diluye las obligaciones del empresario de darles de alta en la Seguridad Social por la actividad lícita efectivamente ejecutada».

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 26 años y 11 meses de prisión que se impuso a un septuagenario por pedir a seis menores con problemas económicos que le dejaran hacerles tocamientos "a cambio" de dinero --entre 5 y 10 euros-- y de sobornos "como llevarlas a comer a una hamburguesería o a comprarles ropa".

La sala de lo contencioso-administrativo desestima el incidente de nulidad promovido por Ecologistas en Acción, paso previo para acudir al Tribunal Constitucional (TC), y considera que es "inviable" ya que "pretende reabrir el debate procesal" bajo la "invocación del derecho a obtener una tutela judicial efectiva". El colectivo sostenía que "negar" la competencia al CSN "equivale a impedir" su "derecho a la tutela judicial", ya que no dispone "de ningún otro sujeto pasivo posible".

Nuevo aval del Tribunal Supremo al cierre de la macrocausa de Isofotón. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha dictado un nuevo auto en el que confirma la decisión de un juzgado y de la Audiencia de Sevilla de dar carpetazo a este proceso, una investigación en la que había 39 imputados por las supuestas irregularidades en las ayudas por importe de más de 80 millones que se concedieron a esta empresa malagueña dedicada a la fabricación de placas fotovoltaicas.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella presentada por 31 diputados de Junts del Parlament contra la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, acusada de falso testimonio continuado ante la comisión parlamentaria sobre la Operación Catalunya. El tribunal – formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Antonio del Moral, Andrés Palomo, Pablo Llarena y Javier Hernández (ponente), afirma que los hechos tienen "irrelevancia penal" y que "no mintió".

El Tribunal Supremo ha avalado retirar a una calle de Madrid el nombre de un general que fue jefe de la casa militar del dictador Francisco Franco. Así, ha dado el visto bueno al acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad adoptado en mayo de 2017 y lo ha hecho en aplicación de la Ley de Memoria, que establece que las administraciones públicas deben retirar las menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

Los jueces rebajan de nueve a cuatro años y medio la condena de cárcel de un hombre que en 2019 hizo tocamientos a cuatro niñas menores en una pista de hielo de Vitoria

Los magistrados del Supremo avisan de que se deben revisar las penas por delitos de violencia sexual

Según los hechos probados, el guardia civil estaba realizando el 23 de octubre de 2019 un servicio de Jornadas de Formación 2ª Fase en la sede de la Comandancia de Granada. Ante las sospechas de que pudiera haber consumido drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia ordenó su presentación en el Negociado de Expedientes. Le preguntó si voluntariamente se sometería a una prueba de detección de dichas sustancias mediante la toma de muestra de orina, a lo que él accedió.

Estima el recurso de la Fiscalía y elimina una atenuante impuesta en la sentencia recurrida, pero rebaja en un año la condena a los dos exjugadores en aplicación de la nueva norma.

Se acaban de hacer públicas las sentencias 1836/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 1536/2022 del Tribunal Supremo que condenan, respectivamente, a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación, en procedimientos iniciados por varios profesores integrantes del colectivo Universitaris per la Convivència.

La polémica insistencia de la Junta de Andalucía por negar el reconocimiento de familia numerosa a una pareja de hecho sevillana llega al Tribunal Supremo. El gabinete jurídico de la Administración andaluza ha recurrido la sentencia que corrigió la decisión de la Junta de conceder el título de familia numerosa a un padre y a sus tres hijos, pero que se lo negó a la madre con el argumento de que "no existe vínculo conyugal" entre ambos porque se trata de una pareja de hecho y no de un matrimonio.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender la elección del progresista Rafael Mozo como presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces. El pasado 13 de octubre, durante el pleno en el que 16 vocales sacaron adelante el nombramiento de Mozo como sustituto del dimitido Carlos Lesmes, Olea ya advirtió a sus compañeros de que su elección era "ilegal".

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunció supuestas irregularidades en la instrucción de las diligencias por el accidente. La presencia del capitán, que supuestamente fue “beligerante” con el Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gandia sembrando “dudas” sobre su correcta actuación, “generó una sensación de desconcierto entre el personal interviniente al no entenderse en un principio en calidad de que estaba presente dicho mando en el lugar”

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que absuelva a Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional condenado a un año de cárcel por entregar un 'pendrive' con datos personales y empresariales de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Reclama anular la sentencia por una infracción legal, ya que se le aplicó un artículo del Código Penal (CP) que atañe a particulares y no a funcionarios.

En una sentencia de este miércoles, la Sala de lo Militar estima el recurso de quien había sido sancionado a multa como autor de dos faltas graves después de apoyar el 'Manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas', así como por las declaraciones que ofreció en una entrevista, en la que explicó su respaldo a dicho texto como respuesta a uno anterior denominado 'Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España', promovido por militares retirados y en la reserva.

El Tribunal Supremo (TS) ha revocado el archivo de la causa contra tres personas que publicaron en Twitter unos mensajes, acompañados de fotografías, en los que se identificaba a la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, según las resoluciones conocidas este jueves.Esta funcionaria fue testigo protegido en el juicio contra los independentistas catalanes en el Tribunal Supremo, ya que ella protagonizó los registros en el Departament de Economía para descubrir a los organizadores

Mediaset España vuelve a enfrentarse a una gran sanción económica por la emisión de anuncios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó en julio de 2019 a la empresa con 365.301 euros. Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado el castigo.El motivo de dicha multa fue por vulnerar dos artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) por superarse el límite de tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios, televenta y anuncios de sus propios programas y productos.

El Tribunal Supremo ha avalado la utilización de imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia como una prueba válida a la hora de despedir a un empleado al considerarlo como una "medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido" por la empresa. El Alto Tribunal establece que "el empleador no necesitaba el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad

El Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Barcelona que los absolvió y ratifica la del juzgado de Sabadell