El Fisco multó a un accionista de Scranton, señalada por la firma Gotham en el supuesto maquillaje contable de la farmacéutica, por negarle datos de esta empresa y de otra creada en Islas Vírgenes

Las confesiones minoritarias en España que tienen firmados acuerdos con el Estado se despiden de un año 2023 de algunos "avances" pero también de "discriminación" y piden para 2024 que se extienda para ellas la casilla de la Declaración de la Renta --por la que se puede destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia católica--, en el caso de musulmanes y evangélicos; y en el caso de los judíos, que se erradique el antisemitismo.

La trama suplantaba a los beneficiarios, que obtenían un nuevo permiso por un mínimo de 2.000 euros. Fuentes del caso detallan que el modus operandi consistía en suplantar la identidad de personas que, «por no tener los conocimientos necesarios para la obtención del permiso de conducir de la clase B, pagaban a otras personas para falsificar los documentos de identidad y se presentaban a los exámenes». La operación continúa abierta para la localización y revocación de cada uno de los permisos de conducción de personas que lo hayan obtenido.

Esta medida entraría en vigor el 1 de enero y beneficiaría a las rentas de hasta 33.000 euros.

Los cambios fiscales restarán 2.300 millones a la recaudación de las autonomías

Creo que todos razonablemente podemos convenir en que el tributar por rentas ficticias atenta contra el principio de capacidad económica y el de no confiscatoriedad previsto en la Constitución por gravar unas rentas que, en realidad, no existen, por mucho que opine lo contrario nuestro Tribunal Constitucional. ¿Esto es así en toda España? No, el País Vasco se resiste a eliminar estos coeficientes de actualización. Todos los contribuyentes somos iguales, pero algunos (los vascos) son más iguales que los demás.

El Tribunal extiende la doctrina que ya estableció para el Impuesto sobre Sociedades. Permitirá a empresarios y profesionales deducir estas cantidades de su rendimiento neto. Los magistrados determinan que "tienen naturaleza de gasto financiero".

El conseller de Sanitat de Carlos Mazón, el popular Marciano Gómez, pagó a una trama presuntamente corrupta sin conocer a las empresas y sin ninguna justificación, tal como reconoció ante el juez instructor del 'caso Osvaldos', la causa pendiente de juicio en la que figura como principal procesado Sergio Blasco, sobrino del exconseller del PP condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana.