La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de las Illes Balears ha constatado irregularidades en los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas de la empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residencia para mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència (Eivissa), según desvela en exclusiva elDiario.es. Cabe destacar que la empresa, que está acusada de grave desamparo a los mayores, forma parte del grupo francés Colisée –que explota más de medio centenar de centros de mayores en..

Documento que presenta los trabajos y conclusiones de la comisión ciudadana. Muestra detalladamente informes, declaraciones y estadísticas que dan luz sobre lo acontecido en las residencias de la comunidad de Madrid durante el COVID19 y su carácter de excepcionalidad respecto a otras comunidades, así como la discriminación ejercida (y sostenida en el tiempo) por la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso en la dejación de trato hacia miles de residentes que por ello murieron de forma indigna.

Ni se iban a morir todos, ni se iban a morir igual. Los protocolos de la vergüenza existieron y condenaron a 7.291 mayores a morir sin atención hospitalaria, sin medicación para el dolor y sin esperanza en lo más duro de la pandemia de covid-19. Las residencias no se medicalizaron, como aseguró el Gobierno de Ayuso y exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De haber tomado otras decisiones, miles podrían haberse salvado.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha señalado este sábado que es "inconcebible" que la Comunidad de Madrid no haya "hecho nada" en los cuatro años transcurridos desde el inicio de la pandemia para "resolver los problemas" que aquejan, a su juicio, a las residencias de la región.

Han pasado cuatro años desde que la pandemia de coronavirus impactó sobre la sociedad mundial. Y hasta ahora no se había hecho un informe concienzudo y riguroso sobre las muertes en las residencias de ancianos de Madrid. Era necesario: fue la comunidad –de España y de Europa– donde se produjo un mayor impacto sobre la vida de las personas mayores. Los datos oficiales superaron de lejos los de cualquier otra región del continente europeo. En Madrid pasó algo excepcional dentro de la grave crisis de la enfermedad.

La Comisión Ciudadana por la Verdad, impulsada por asociaciones de familiares y sociedad civil, destaca quel el 21,5% de mayores que vivían en residencias fallecieron en los meses de marzo y abril por la mala atención y porque no se les derivó a hospitales

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias. Afea el papel de la Fiscalía y recomienda reabrir la comisión de investigación en la Asamblea y un cambio en el modelo de cuidados.

En concreto, el TSXG ha estimado el recurso de apelación de Fiscalía contra una sentencia dictada por la Audiencia de Ourense, que absolvió del delito continuado de estafa al apoderado de una residencia geriátrica a quien un residente instituyó heredero universal de todos sus bienes, al tiempo que desheredaba a sus dos hijas.

La Consejería de Asuntos Sociales, anunció que preparaba un nuevo contrato de alimentación para estos centros públicos. Que se iban a invertir 26 millones de euros, que el presupuesto subía un 25% y que las mejoras llegarían en enero de 2024.En agosto pasado el Ejecutivo regional reconocía un retraso hasta marzo de este año y ahora, en marzo, reconoce otro retraso hasta el 24 de abril

El Gobierno Ayuso tuvo 4 vías para intentar salvar la vida de residentes: hospitalizar, medicalizar residencias, llevar a Ifema o a hospitales privados. Murieron 7.291 sin atención hospitalaria. El epidemiólogo Francisco Pozo explica cómo murieron: "Esa forma de morir es cruel".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto adjudicar el servicio de alimentación de cinco residencias de mayores públicas de la región a una empresa acusada de servir comida en mal estado. Se trata de los centros incluidos en el primer lote de los nueve que se van a asignar en las próximas semanas, después de que el martes caducaran los contratos hasta ahora vigentes. Las residencias son las de La Paz, la de San Fernando de Henares, la de Manoteras, la de Arganda del Rey y la Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares.

Un diputado del PP interrumpe constantemente a la presidenta de la Marea de Residencias para impedir que hable de las 7.291 víctimas que fallecieron abandonadas por Ayuso en las residencias

7291: hasta que lo asuman. Vídeo de Alán Barroso .

Cuatro años después de que la COVID dejase patente el precario estado de la atención a mayores en las residencias, el modelo de gestión apenas ha experimentado cambios en la Comunidad de Madrid. La actualidad va dejando un reguero de sucesos relacionados con la precariedad, el último de los cuales ha sido el incendio mortal en un centro del barrio de Aravaca. El Gobierno regional no ve problemas de fondo, sin embargo.