Hay decenas de plazas vacantes en tribunales de todo el país. Su cobertura se encuentra paralizada desde hace tiempo, pendiente de que algún día remoto nuestra judicatura salga de esa excepcionalidad interminable. El deterioro institucional es inmenso. En cualquier país europeo la cúpula judicial goza del máximo respeto de la ciudadanía, como un espacio casi sagrado. Aquí el descrédito sigue avanzando y ha alcanzado ya niveles inquietantes.

El Tribunal Constitucional ha decidido estudiar de urgencia el recurso que ha presentado el Partido Popular contra la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende reformar el Consejo General del Poder Judicial y desbloquear la renovación de dos de sus magistrados por parte del órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno andaluz renovará a los 959 médicos durante un año y seis meses al resto de profesionales, 11.015. El Sindicato Médico celebra la decisión, pero mantiene el paro a finales de enero si no se atienden el resto de exigencias

La Dirección General de Tráfico (DGT) reducirá los periodos de vigencia del carné de conducir de las personas mayores. Así lo han confirmados altos cargos del departamento que dirige Pere Navarro en el transcurso de una jornada de debate sobre los obstáculos que limitan la movilidad de las personas mayores y las necesidades de éstas, celebrada en el marco de la Vial Week (Semana de la Seguridad Vial) y organizada por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) en la sede de CEAPAT Imserso.

El líder del PP ha esgrimido este miércoles un nuevo argumento para justificar la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir cuatro años de parálisis. Alberto Núñez Feijóo sostiene que el PP mantiene el bloqueo en la renovación para “proteger el poder judicial”, porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”.

El Consejo de Europa lo tiene claro: el bloqueo en el Poder Judicial es “muy preocupante”. Un bloqueo que dura ya cuatro años, fruto de la negativa del PP de acometer la renovación de sus miembros. Así, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo de 46 miembros no dependiente de la UE– “lamenta la falta de avances” en la “independencia y transparencia” de los nombramientos en el ámbito judicial, algo que tiene mucho que con la actitud que lleva ejerciendo el PP durante cuatro años.

Cuando un asunto lleva un retraso de cuatro años llega un momento en que la situación empieza a ser preocupante y no tanto por la demora en sí misma, sino porque empieza a adquirir tintes de normalidad. Este domingo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá cuatro años en funciones, cuando su mandato es de cinco improrrogables. Ha doblado el que hasta ahora era el retraso más largo que se había vivido en el órgano de gobierno de los jueces.

Puede que no sea la conversación habitual en el metro o en el transporte de camino al trabajo, como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo por casi cuatro años del Poder Judicial va más allá de la batalla política y afecta de forma muy directa a los ciudadanos. Queda particularmente patente el colapso en el Tribunal Supremo, donde las vacantes que no se cubren están provocando que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo.

Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa mientras ponen pegas al candidato de los progresistas.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre señala que el 39,4% de los encuestados considera al PP como el principal responsable de que no se haya llegado a un acuerdo en las negociones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, mientras que un 21% de los consultados cree que es el PSOE.

La presidenta de Madrid ha lanzado una preocupante acusación contra Pedro Sánchez sobre la renovación del cuerpo judicial

Los nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraban su rechazo hasta el momento a apoyar la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano, han levantado su veto. En un comunicado hecho público en la noche de este miércoles, el grupo considera "imprescindible" reactivar las conversaciones con el sector progresista para encontrar a dos candidatos de consenso tras el fracaso de la negociación abierta entre el Gobierno y el PP para designar a sus sustitutos en el Consejo.

Félix Bolaños, explicaba tras la ruptura de las conversaciones respecto a los nombramientos que le corresponden al Gobierno para el TC, que "el Ejecutivo ahora tiene que ver las opciones". Se entiende que "no hay alternativa al no acuerdo" y se tilda de "muy grave" la situación en la que ahora queda el CGPJ.

Un grupo de personas -políticos, cargos electos, magistrados, periodistas, empresarios- tiene en sus manos el poder de impedir el normal funcionamiento de las instituciones democráticas españolas. Un grupo de poder que es capaz de imponer su voluntad incluso al líder de la oposición. Un grupo de presión que es capaz de marcar el punto exacto en el eje ideológico en el que pueden estar las ideas políticas para ser “tolerables” en unas instituciones que consideran como propias. Un grupo que, además, es capaz de hacer prevalecer sus intereses

La lista de la DGT recoge nueve categorías de enfermedades: vasculares, cardiacas, psiquiátricas, neurológicas, endocrinas, digestivas, respiratorias, oncológicas, crónicas y degenerativas.

Artículo de la portada de El Mundo sobre el acuerdo de renovación del CGPJ: El PP teme la reacción de "la derecha política, judicial y mediática"

La condición que el Partido Popular exige de forma reiterada para cesar su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que, antes de elegir un nuevo Consejo que sustituya al actual, se cambie la ley “para que los jueces elijan a los jueces” que vayan a formar parte de dicho Consejo. La UE no ha establecido una norma sobre cómo garantizar la independencia del Poder Judicial. Las recomendaciones existentes son únicamente eso, recomendaciones y estudios elaboradas por grupos de expertos del Consejo de Europa.

La Comisión Europea ha dicho este lunes que la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, "reafirma" la urgencia ya expresada desde Bruselas de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Wigand ha recordado la recomendación del último informe sobre Estado de derecho en la UE que insta a España a renovar el CGPJ con carácter prioritario y a abordar una reforma del sistema de elección de los vocales inmediatamente después.

Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido este jueves sin acuerdo el segundo Pleno que celebra para intentar pactar los dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde nombrar, aunque sí ha fijado que los negociadores de los sectores progresista y conservador volverán a reunirse el próximo 5 de octubre con miras a que las designaciones puedan sellarse en un nuevo cónclave al día siguiente o el 13.