Las conclusiones de la investigación interna de la Xunta señalan que no existen pruebas para concluir que hubo "chivatazos" a las residencias. La organización de familiares y usuarios de residencias lamenta que este sea un primer paso para sancionar a los inspectores que denunciaron los hechos. La secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Xuventude, María Francisca Gómez Santos, ha informado de ello.

“Los sacaron de su chabola para meterlos en un ataúd”. Como varias generaciones de su familia, Rosana procedía del poblado de O Caramuxo, en el barrio de Navia, “el más joven de la ciudad” y hacia donde se expande la urbe. Allí, en 2019, se levantaba una treintena de chabolas. En aquella parcela de 31.000 metros cuadrados, la empresa Global Fitness Sport quería levantar un complejo administrativo y deportivo. Pero, para eso, los chabolistas sobraban. Relacionada www.meneame.net/story/cuatro-menores-muertos-incendio-edificio-centro-

Acusan a la Tesorería de la Seguridad Social de llevar a cabo una inspección masiva de manera oculta, requiriendo información a las gestorías sobre autónomos societarios, que deberían reclamar los inspectores en uso de sus funciones, pero para la que, consideran que este organismo no tiene capacidad de hacerlo.

El Ayuntamiento de Murcia aseguró que "no tenía constancia" de que el establecimiento estuviera funcionando desde que ordenó su cierre en el año 2022

Los propios inspectores alertaron que su labor era saboteada por la Xunta que avisa a los centros antes de sus visitas.El debate de dos mociones impulsadas por el BNG y el PSdeG en las que piden investigar las denuncias de filtraciones de inspecciones en las residencias de mayores ha estado marcada por la bronca entre la oposición y la diputada del PPdeG Raquel Arias, quien espetó que "no es decente venir a pedir más servicios y recursos" a la Xunta mientras les parece "chachi que les den" una condonación de deuda "a los catalanes.

Derogar la norma urbanística del 30% aprobada en 2018 por la exalcaldesa Ada Colau es una reivindicación perseguida por el poder económico catalán. En 2018 se aprobó en Barcelona una normativa urbanística que obligaba a los promotores inmobiliarios a reservar un 30% de todas sus promociones a vivienda asequible. Con esta medida, el Ejecutivo de Ada Colau pretendía situar la política pública de vivienda como una prioridad en una ciudad donde el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de alquiler como de propiedad es una de las más caras de

Allí, tras guardar un minuto de silencio, los sindicatos han leído un manifiesto en el que han recordado que "no hace ni un año" que se produjo otro fallecimiento en un siniestro, en aquella ocasión en Cardama, y han subrayado que esos resultados fatales son "producto de las condiciones laborales y la falta de compromiso de la Xunta de Galicia y la Inspección de Trabajo que, desoyendo las distintas denuncias, siguen haciendo caso omiso de las mismas".

[Vista de lectura. Muro poroso.] La semana pasada, el youtuber Un tío blanco hetero sorprendió anunciando su marcha de España. Los motivos, según ha explicado en varias ocasiones, tienen que ver con su cuota de autónomos, que ha subido hasta los 510 euros, y con su descontento con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno. "Después de las elecciones, y de ver que mi situación no se va a arreglar a corto plazo, sino que quizá empeore, he decidido irme de España. No quiero pagarle al Gobierno esta fucking fiesta".