La mayor parte de los procedimientos que se pierden en la vía administrativa no se reclaman

La sentencia relata que el denunciante, según consta en la sentencia, prestaba sus servicios en una empresa con la categoría de operario de fabricación de rótulos desde el 2003 y en el trabajo de montaje de tubos fluorescentes estuvo expuesto a mercurio. Según el sindicato CIG, el documento lo declaraba «apto para trabajar», a pesar de las «gravísimas patologías que padece y de la fuerte medicación que tiene que tomar por la intoxicación derivada de su trabajo en contacto con vapor de mercurio».

La titular del Juzgado de lo Social número 17 de Madrid ha reconocido el derecho de la esposa e hija de un trabajador que sufrió un daño cerebral por el que finalmente falleció a percibir el importe de la pensión de gran invalidez que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en su condición de herederas.

Hay casos en los que se deniega el derecho a esta prestación por no cumplir con las condiciones necesarias. En estas situaciones, los afectados pueden reclamar.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha vuelto a recibir un nuevo revés, esta vez por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha desestimado –equivalente a inadmitir o denegar su admisión– el recurso de suplicación contra la sentencia de primera instancia que concedió una pensión vitalicia del ciento por ciento a un cocainómano que fue despedido, como vigilante de seguridad, por su adicción.

joven en el pago del alquiler: según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes madrileños deberían destinar el 105% de su sueldo para cubrir el alquiler medio en la región, de una media de 1.175 euros. Esto explica que solo alrededor de un 20,5% de ellos se haya emancipado.

Dudas más frecuentes sobre la situación legal en que se encuentran los trabajadores que llevan más de un año de baja médica.

El asunto ha sobrevolado estos cuatro años de presidencia. ¿Sufre Donald Trump demencia senil, ha perdido el sentido de la realidad, su capacidad mental hace peligrar la estabilidad del país? O por decirlo de manera más clara: ¿Está loco?. La temeraria actuación del miércoles, en la que incitó a las hordas insurgentes a avanzar sobre el Capitolio cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, ha vuelto a suscitar el debate sobre la posibilidad de incapacitar al presidente y evitar posibles riesgos en sus últimos trece días de gobierno.

Son datos oficiales del CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Según estos datos, el 18 de diciembre de 2020, entre los 112.807 vacunados en Reino Unido con vacuna de Pfizer, 3.150 (el 2,79 %) quedaron "unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or health care professional" o lo que es lo mismo, incapaces para realizar tareas normales, trabajar y requiriendo cuidados médicos. Enlace directo al informe: www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-

En los últimos días ha ido surgiendo una polémica que rodea a militares que contaban con contrato de larga duración y que por motivos médicos obtuvieron la incapacidad permanente absoluta, y en muchas ocasiones el paso al retiro. Estas personas están denunciando, anónimamente por miedo a represalias, que la subdelegación de Defensa no se está haciendo cargo de las pensiones que estas personas deberían recibir y por tanto quedan totalmente desamparados. No pueden trabajar y tampoco reciben la paga que por ley les correspondería...

En Estados Unidos existen pautas específicas tanto en la Constitución como en la ley federal que dictaminan quién asume el control si Trump no puede hacer su trabajo. (Aquí está la línea de sucesión). Pero el primer paso en estos casos es determinar que un presidente está incapacitado. Y en este punto hay muy poca claridad. Según la Vigesimoquinta Enmienda, él mismo podría tomar esa determinación y, con una carta al Senado, entregar formalmente el poder al vicepresidente Mike Pence. Este luego gobernaría hasta que Trump le informara al Senado

No se ven con la energía suficiente para revivir lo sucedido en la primera ola. Las plantillas aparecen mermadas y no hay hospital donde no se haya creado un grupo de apoyo psicológico para los sanitarios.

El Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid da la razón a la trabajadora frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social que concedió a la mujer, B.M.G. de 57, una incapacidad permanente para su profesión de celadora, pero no para ejercer labores en otros ámbitos. Sin embargo, el informe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Getafe subraya que el cuadro depresivo que presenta la paciente le impide desarrollar cualquier actividad laboral de forma normalizada.

Los médicos de familia piden que se busquen mecanismos alternativos a la incapacidad temporal para los padres acompañantes de niños en aislamiento, y recuerdan que plantillas mermadas por años de recortes han asumido el grueso de la gestión sanitaria en esta etapa de la pandemia

La gestión de la incapacidad temporal es el mayor motivo de ataques en consulta, recuerdan los médicos de Familia.

Lo de #FreeBritney es brutal. Britney Spears, 38 años, lleva 12 incapacitada legalmente por supuestos problemas mentales. No puede conducir, casarse, ver a sus hijos, gestionar su dinero o hablar de su incapacitación sin el permiso de su padre. Después de su crisis retransmitidia en directo en 2007, su padre pidió su tutela legal, en principio temporal hasta que se estabilizara. Sin embargo, desde ese año, el padre pide la renovación de esa tutela legal y se le concede. La tienen medicada, aislada y controlada.

Con esa pregunta, profesionales de la salud y los aspirantes a la gobernación evalúan los desafíos y retos durante la pandemia. Entre los retos que han quedado evidenciados las últimas semanas, figuran la incapacidad de los hospitales privados para retener a sus profesionales en medio de la crisis, las deudas millonarias de las compañías aseguradoras con los proveedores de salud, la limitación de los laboratorios para procesar las pruebas de diagnóstico, la escasez de inventario médico y las fallas administrativas en los procesos de compra…

Las secuelas físicas y psíquicas de una drogodependencia de larga duración pueden justificar una incapacidad absoluta para realizar cualquier tipo de trabajo. Incluso cuando el enfermo se haya negado a intentar rehabilitarse. Así lo determina una reciente sentencia del Juzgado de lo Social n.º 9 Las Palmas, que, rectificando al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), concede una pensión vitalicia de 1.580 euros mensuales a un trabajador adicto a la cocaína que fue despedido por este motivo

A pesar de la situación de pandemia que se está viviendo y del trabajo que hay en la unidades de COVID, el SERGAS sigue contratando al personal de estas unidades y resto de servicios por días, semanas o por cortos períodos de tiempo en vez de hacerles un único contrato mientras dure la situación. CIG-Saúde denuncia además que lo que hace el SERGAS es no prorrogar el contrato de personal temporal que trabaja en las unidades de COVID si están con una baja por incapacidad temporal por contagio del virus.

La sentencia reconoce que un demandante debe seguir percibiendo su prestación después de que el INSS se la concediera y después se la denegara. El varón presentó una demanda alegando lesiones de trastorno ansioso depresivo y mononeuropatía. Al demandante le propusieron tratamientos de desintoxicación y reinserción, pero renunció voluntariamente. La incapacidad se la quitaron 2 años después alegando que había mejorado.Recurrió consiguiendo un grado mayor,por lo que ahora es incapacitado de forma permanente absoluta y cobrará una pensión de 1582€

Un operador del servicio de Emergencias del 112 madrileño lleva más de un año y medio sin trabajar y sin percibir su sueldo pese a tener derecho a ello. "Tengo 133 euros en la cuenta corriente", afirma Miguel (nombre ficticio) a eldiario.es. La Comunidad de Madrid está incumpliendo una sentencia judicial firme que le condena a reubicar a este trabajador, con una incapacidad tras un accidente, y a indemnizarle por la tardanza en hacerlo. "Todavía sigo en casa, sin cobrar el sueldo ni lo que me deben", lamenta el trabajador.

El pontevedrés Enrique Julio Pereira inició el pasado 25 de enero una huelga de hambre para hacer visible su lucha contra la mutua Asepeyo para lograr la incapacidad permanente. El afectado, que ha llevado el caso a los tribunales, sufrió la rotura de los dos hombros en 2015, cuando, ejerciendo como vigilante en la estación de autobuses, se golpeó contra dos maceteros cuando intentaba detener a un menor delincuente.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a una trabajadora de 46 que se sometió a una operación contra la presbicia ocular y la hipermetropía con astigmatismo que padecía

El Supremo rechaza que se deniegue el pago solo por no cumplirse el plazo legal de seis meses de carencia