Una familia con cuatro niños, entre ellos un bebé de un mes, deja este viernes su piso de Vallecas sin tener otra alternativa tras expirar su contrato de alquiler hace cuatro años

A su edad, Núria Marcet es quizás la activista contra los desahucios más veterana de Barcelona. También una de las más apreciadas por sus compañeros de lucha, que la saludan con efusividad. Desde hace varios años, acude casi cada semana a alguna de las convocatorias de la asociación 'Resistim el Gòtic' para frenar desalojos en la puerta de los afectados. Antes iba sola y andando; desde que sufrió una caída hace un año, lo hace en silla de ruedas y acompañada. “Tiene tantos amigos en el barrio que siempre se entera de adonde hay que ir”

La pareja de 22 y 20 años, con dos niños de 3 y 1, sin trabajo ni dónde ir, han sido desalojados de una vivienda social tras cinco meses viviendo en ella. Su drama es un claro ejemplo de la situación que viven miles y miles de familias que no tienen capacidad económica para hacer frente a un alquiler y que viven con la preocupación constante de no saber qué pasara mañana. Lo suyo es un carpe diem extremo, sin ilusiones, simple y llanamente prima la supervivencia.

La moratoria de pago decretada por el Gobierno hasta agosto da un respiro a quienes no disponen de recursos para abonar el alquiler o los suministros, pero no evita la incertidumbre. Irina, con cinco hijas, no puede pagar la luz desde hace un año: "No tengo ni para el abono transporte".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) ha dictado sentencia estimando que no existe vulneración del artículo 8 CEDH (derecho a la vida privada y familiar/inviolabilidad del domicilio) ante el desahucio y demolición del hogar de los demandantes residentes en la Cañada Real. El caso refiere al desahucio y demolición de una casa, habitada por los progenitores y sus dos hijos, construida sin autorización.

Un hombre armado con un hacha ha motivado esta mañana un amplio despliegue policial en el barrio de Nuevo Gijón, en la calle Trueba. El varón trató de agredir con su arma a los agentes y tuvo que ser reducido a la fuerza. Recibió dos disparos. La calle ha sido acordonada y se han desplazado a la zona varias dotaciones policiales y dos ambulancias. Según los testigos, el hombre estaba a punto de ser desahuciado y salió armado a la calle exclamando que prefería "la cárcel" antes que quedarse sin casa.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), vinculado a Naciones Unidas, ha solicitado a España que "suspenda" u otorgue una "vivienda alternativa" a la mujer con cinco hijos en situación de riesgo social cuyo desahucio de la vivienda pública en la que residen desde hace cinco años "sin título habilitante" está señalado para este miércoles.

Sara Moreno pide ayuda: su marido, cocinero de profesión, no cobrará el ERTE este mes y ha recibido solo 2 euros de su empresa. Sara Moreno Martínez lanzó ayer un mensaje de auxilio. Uno que refleja la arista social más aguda de la crisis económica derivada de la sanitaria. «Tenemos un mes para juntar 400 euros para pagar el alquiler o el casero ya nos ha dicho que emprenderá acciones», explicó a este diario esta vecina de San Claudio, madre de una niña de 5 años.

Los tres grupos plantean que no se puedan producir lanzamientos de su hogar a personas sin alternativa habitacional ni cortar los suministros mientras dure el estado de alarma.

Los Mossos d’Esquadra inician una nueva estrategia para intentar desarticular el fuerte movimiento por la vivienda de Catalunya a través de la aplicación masiva de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri Otxoak denuncia que “1.723 familias barakaldesas han sido desahuciadas en los últimos 8 años, a una media de cuatro por semana”, desde que su vecina del barrio Desierto, Amaia Egaña, se quitara la vida en el momento en el que iba a ser desahuciada.

Unidas Podemos ha reclamado en el seno de la coalición que el Gobierno impida "de forma efectiva" los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.

En torno a 4000 personas se han manifestado este sábado por el centro de Barcelona contra los desahucios. La manifestación se había convocado a raíz del desalojo policial violento de la Casa Buenos Aires del barrio de Vallvidrera y ha exigido el fin de todos los desahucios. Las pancartas de cabecera denunciaban: «No son desahucios, es una guerra contra los pobres» y exigía «Paremos todos los desahucios». Los manifestantes han denunciado que «no tolerarán» nuevos desahucios en la ciudad y han clamado contra la gestión de la pandemia.

Desahucio hoy en Barcelona a una familia con un abuelo con el 65% de discapacidad y un nieto de 7 años. Despliegue policial de 40 Mossos para echarlos a la calle en plena pandemia.

El primer contrato indefinido que conserva, a nombre de su expareja, es del año 1986, contrato que ella subrogó en 1998. "Pagué siempre. Siempre. Ingresaba el dinero el día 1. Pero el impago de un mes, que yo sí pagué, pero él asegura no haber recibido, un error informático, dicen, veremos, empezó el proceso de desahucio", asegura. "No me puedo creer que me vayan a echar de mi casa por 300 euros. Que haya perdido mi contrato indefinido, que era mi tesoro, por 300 euros", repite incrédula.

Cuando una persona o una familia es desahuciada porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca el viaje es de no retorno. Quedarse sin techo implica abrazar la exclusión, la pobreza. Si uno no tenía para pagar lo acordado mes a mes en el mercado libre... ¿cómo conseguir ahorros para la fianza y los meses por adelantado? ¿cómo adecentar la vivienda y hacer frente a las facturas? ¿cómo pagar ahora un alquiler con un precio similar al que propició el impago, primero, y la pérdida de la vivienda después?

En 1998 el gobierno de Aznar suprimía el artículo 5 de la Ley y el reglamento hipotecario, otorgando así a la Iglesia el poder de registrarse como propietaria de edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas, si a esto le sumamos que los obispos podían emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos, los populares haciendo gala de su cercanía al Opus ¿Qué consiguieron?

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que "en los próximos días" dictará una instrucción para todos los fiscales que aborde el tratamiento de la okupación, que considera un "fenómeno delictivo" que requiere "una acción específica", tras registrarse 7.540 okupaciones en el primer semestre, según los datos del Ministerio del Interior. Delgado ha añadido que pese a gozar de una respuesta "suficiente en el ordenamiento jurídico", algunos delitos requieren de "una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía".

Grandes empresas, bancos y la derecha mediática llevan a cabo desde hace meses una agresiva operación contra la ocupación de viviendas, que estigmatizan a través de una campaña que busca infundir inseguridad y miedo en la ciudadanía. Lo hacen desde los medios, como demuestran los reportajes publicados en El Mundo y El Español, o mediante la cobertura alarmista y matutina del programa Espejo Público, de Antena 3.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ampara a una pareja de okupas que se instaló en un piso de la localidad valenciana de Torrent que no era de su propiedad. Hasta que les identificó la Policía, seis meses después de que estuvieran allí, no tenían comunicación de la dueña de que quería que se marcharan. En definitiva, no se reunían todos los requisitos exigibles para que se considerase que la pareja había cometido un delito de usurpación de vivienda.

Este jueves, unos 200 activistas han logrado paralizar el primer desahucio en el área metropolitana de Barcelona en una pequeña victoria que anticipa la vuelta a la lucha para evitar nuevas expulsiones.

"¿Mami, nos echarán de casa?". Esta es la pregunta que hace cada día Camelia, una niña de 4 años, a su madre Rocío Pérez. Una pregunta que la madre solo sabe responder con sollozos. A pesar de cobrar una prestación y de llevar varios años en lista de espera para una vivienda social en L'Hospitalet de Llobregat, la familia no ha encontrado otra solución para tener un techo que ocupar una vivienda para no quedarse en la calle. Tras la pandemia, creían que su desahucio se suspendería. Pero no.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.668 en el primer trimestre, cifra un 20,8% superior la del trimestre anterior y un 9,3% por encima de la del mismo periodo de 2019, registrando así su primer aumento interanual tras 20 trimestres de descensos, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La crisis económica y social desatada por el Covid19 en España muestra la cruda imagen de la pobreza en la que se han visto sumidos cientos de ciudadanos. Y esto podría empeorar con el paso de los meses, según advierten desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.