Los hechos se remontan a la primavera de 2019, cuando la empresa del querellado, aprovechando que tenía un permiso forestal para limpiar el campo, derribó el molino con maquinaria pesada, y demolió dos caminos en la zona, en los que había el yacimiento de Vilamorós, con restos del bajo imperio romano y de la etapa medieval, entre los años 284 y 1492.

Isla Valdecañas no será derribado. No al menos la mayor parte de lo que está construido. El hotel de cuatro estrellas, los 185 chalés, el campo de golf y las construcciones en funcionamiento a día de hoy se mantendrán en pie, según ordena el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Trabajo como médico de familia en el barrio de Labañou (A Coruña) desde hace treinta años. Nunca, hasta ahora, me habían obligado a ejercer la profesión en condiciones tan precarias y estresantes como las de los últimos tiempos. Hubo jornadas de atender a más de sesenta pacientes en el día. Tomar decisiones clínicas contra reloj produce una sensación de incertidumbre que lleva a que muchos compañeros no la puedan soportar. Y las personas que solicitan consulta tienen que esperar, a veces, varios días para ser atendidas.

El Tribunal de Cuentas ha aceptado investigar la demolición del memorial a las víctimas del franquismo en el cementerio de La Almudena de Madrid, una decisión del alcalde José Luis Martínez Almeida. En la denuncia presentada ante el órgano de control del gasto de las administraciones públicas se detalla que esta obra, aprobada durante el mandato de Manuela Carmena estaba casi terminada, se había ejecutado ya el 80% de presupuesto y justo en ese momento el nuevo equipo de gobierno del PP y Ciudadanos decidía parar la construcción e iniciar el ..

La compañía ha perdido una batalla legal que se inició en 2012 por construir más metros edificables de los permitidos con el visto bueno del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

La piqueta llama a las puertas de ‘Villa PP’. Así es como se conoce la lujosa urbanización de 52 chalés, con sus soláriums y sus piscinas saladas, en primera línea de playa de Os Raeiros (San Vicente do Mar, O Grove), una urbanización levantada hace casi 20 años que un juzgado de Pontevedra ha ordenado demoler. No es la primera sentencia contraria a los intereses de los propietarios, pero la posibilidad de evitar el derribo de las viviendas es cada vez más lejana, en un caso marcado por los vaivenes políticos y no exento de alguna vendetta.

El Ministerio de Fomento calcula que a cierre de 2017 existían en el territorio nacional 476.938 viviendas sin ocupantes que se corresponden con el 1,36% del total del parque de residencias de nuestro país. Lo que más sorprende es que no todas ellas acogerán jamás un residente; según varios expertos, unas 70.000 están condenadas a ser demolidas.