1000 familias que viven en viviendas de vpo sorteadas hace 11 años, en 2013 fueron vendidas a un fondo buitre por una media de 72k/casa, Fidere. Quedan menos de 2 meses para que tengan que decidir si comprar a 180k y 5 meses para que se haga efectivo. Llevan años luchando por un precio justo. Han llevado sus reivindicaciones y movilizaciones hasta YouTube a través de un video donde vienen a denunciar la situación.

"Íbamos a construir 6.500 viviendas públicas con dinero procedente de un fondo social. Y se me cesó", critica María Serrano, ex jefa de la EMVS

El éxito de Colau es incontestable. El PSC le ha apoyado. ERC incluso firmó un documento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para aprobarla definitivamente en septiembre.Pero el sector coincide en que la medida tendrá justo el efecto contrario: encarecerá el precio de la vivienda nueva y lo hará de manera muy rápida en un mercado ya estrecho de por sí. Se teme que, además, la subida se extienda, en diverso grado, a los pisos de segunda mano y a los de alquiler.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid estima la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero y acaba con un acuerdo firmado en 2013 por el gobierno de Ignacio González con Azora Gestión.

Un juez de lo contencioso administrativo anula la compra de miles de viviendas del fondo Azora a la Comunidad de Madrid en 2013.

La Plataforma de Afectados de la VPO reprocha que, mientras baja el Euribor, Fomento sube los tipos de interés a muchas familias “en situación crítica”. Pese a que el Euribor baja (-0,198 en enero de 2018, 0,094 puntos menos que el mismo mes que 2017), el Ejecutivo central no ha continuado la misma línea para los tipos de interés en los planes de vivienda 2002-2005 y 2005-2008. Para estos dos planes, Fomento ha subido el tipo un 0,02% y un 0,01%. “La subida alcanza a la mayoría de los afectados VPO”.“Esos préstamos hipotecarios están finiquitad

La Comisión Europea decide "examinar" la solicitud que pide "incoar" la operación, realizada durante el mandato de Ana Botella

Una agencia inmobiliaria y varios propietarios de la localidad gipuzkoana de Errenteria han encontrado una forma de saltarse la normativa vigente y obtener más dinero con la venta de su VPO. La agencia o el propietario piden al interesado que abone una cantidad, por supuesto fuera del contrato, por una hipotética reforma realizada en la vivienda con anterioridad.

La Comunidad de Madrid no dará amparo a los defensores de revertir la venta de viviendas de protección oficial y de protección pública (VPO) a fondos buitre, operación que se dio en el ayuntamiento con Botella y en la comunidad durante la etapa de Ignacio González..la Comisión Jurídica Asesora de la región desaconseja anular la venta con retroactividad en un informe.La comisión cree que revertir la situación podría “discriminar” a fondos frente a particulares,la retroactividad habría suscitado “iniquidades” y podría vulnerar la libertad de empr

Carmena incumple su promesa de denunciar la venta masiva de VPO a fondos buitre, como anunció a bombo y platillo en septiembre de 2016. El Ayuntamiento de Madrid ni ha pedido a la Comisión asesora jurídica que declare la "nulidad radical" de la venta de 1.860 casas a Fidere, ni se ha dirigido a la cartera de Competencia de la Comisión Europea ni ha denunciado a Blackstone ante la Justicia de Estados Unidos. Y en Ahora Madrid cunde el nerviosismo.

El fondo buitre Blackstone pagó 200 millones por VPO -la mayoría en Madrid- que ahora valen 660 millones, más del triple.

Ramón Espinar Merino es uno de los hombres fuertes de Podemos, aliado incondicional del líder, Pablo Iglesias, y secretario general del partido en la Comunidad de Madrid. Además, es senador por designación autonómica y diputado en la Asamblea de Madrid. Una acumulación de cargos que contrasta con su precariedad laboral de hace menos de tres años, cuando no era más que un pobre desempleado de 28 años que levantaba la voz en televisión en nombre de la asociación Juventud sin Futuro.

La PNL impulsada por el grupo socialista el pasado 15 de febrero (a favor de recuperar las ayudas a la subsidiación que había suprimido el Gobierno de manera retroactiva a 300.000 familias, unas 23.000 valencianas aprox.) salió adelante con los votos del PSOE, Ciudadanos, Compromís, Foro y otras fuerzas del grupo mixto, a los que agradecemos enormemente su apoyo. No tuvo votos en contra, pero sí abstenciones, como las del PP y de Unidos Podemos. La abstención de Unidos Podemos confirmó un cambio de tendencia en la política de total apoyo a los

El archivo considera que el informe que decía que Ana Botella "vulneró las reglas de buena gestión" no aporta nada nuevo a la causaEl Partido Socialista, que recurrirá el auto, había solicitado la reapertura del caso de adjudicación de 1.860 viviendas al fondo BlackstoneEl juez indica al Ayuntamiento, que se adhirió a la petición socialista, que sería responsable subsidiario si el caso prosperase

La justicia ha admitido la demanda de desahucio de la empresa contra la familia Mejías por "expiración del término" del contratoEsta familia es la única a la que, sin explicaciones, Fidere no ha renovado el alquiler tras diez años pagando sin demoras, pero siguen viviendo allíEste procedimiento se está desarrollando a la vez que una instrucci&oacute

Vivienda mantiene cuatro promociones en Granada, Almería y Jaén sin inquilinos desde hace años. No logra venderlas ni alquilarlas. Uno de los bloques fue reconvertido en residencia de estudiantes, con un sobrecoste de 176.000 euros, pero cerró por falta de demanda. El Defensor del Pueblo andaluz denuncia que la mala gestión de la vivienda pública “incentiva” a los ocupas.

Las viviendas que se quedan libres bajan de precio, mientras que cuando se renuevan contratos herederos de VPO se mantienen o se suben. Por ejemplo, Fidere cobra a una heredera de vivienda social 712 euros por un piso de tres habitaciones y alquila casas de cuatro en el mismo recinto por 691 y 720. La empresa ha dado continuidad a los alquileres de forma automática, excepto a la cara visible de los afectados, a la que ha impedido renovar, y a otras siete familias que deben marcharse aduciendo reformas.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha pedido la dimisión del portavoz del Grupo Socialista, Daniel Jiménez, por entender que cometió un fraude ético y moral y un presunto fraude legal para adquirir dos viviendas de protección oficial.