Mediante una resolución, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en este proceso. Así, ordenan al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal Barbadillo que dispongan la inmediata liberación de Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

La Mesa calificará mañana el texto que presentó el Partido Socialista pero que cuenta con el apoyo de los grupos del nuevo bloque de investidura

Álvaro García Ortiz asegura en el congreso de la asociación conservadora en Jerez que el ministerio público se pronunciará “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demande” su intervención y declara: “cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada Ley de amnistía, exige, en todo caso conocerla en su literalidad”

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso presentó contra el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas y que, solo en 2023, ha recaudado 623 millones de euros, la mayoría en esa región. El pleno, con siete votos a favor y cuatro en contra, rechaza los argumentos del recurso anunciado por Ayuso y entienden que este impuesto no invade competencias autonómicas en la gestión de los impuestos transferidos para ser gestionados y recaudados por las comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional cuenta desde hace menos de un año con una mayoría de magistrados de perfil progresista inédita en una década. Se trata de una configuración que, en los últimos meses, ha tomado decisiones relevantes sobre asuntos como el aborto, la eutanasia o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazando recursos de la derecha y provocando la reacción de PP y Vox. Las acusaciones de ser un órgano politizado desde ambos partidos y algunos ámbitos del mundo judicial discurren en paralelo a las decisiones del pleno que des...

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra una norma de la Comunidad de Madrid que imponía la obligación de recabar autorización judicial para aplicar la eutanasia a personas con discapacidad tuteladas, anulando así este precepto concreto, según ha informado la corte de garantías

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechazaron su querella por prevaricación contra el juez Manuel Piñar, que la condenó inicialmente a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores.

[Leer en modo lectura] El abogado del Estado ha presentado un recurso de amparo en nombre de Irene Montero, para que el Constitucional anule la sentencia en la que el Supremo la condenó a indemnizar con 18000 euros a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, al que atribuyó públicamente la condición de maltratador, sin serlo. El servicio jurídico del Estado ha llevado la representación de la titular de Igualdad durante todo el pleito, por lo que Montero no ha tenido que costearse un abogado.

Los cuatro magistrados que forman el bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) han advertido de que la reforma que impide a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hacer nombramientos discrecionales supone una «desnaturalización» del órgano, hasta el punto de que afecta a su principal función constitucional: garantizar la independencia judicial frente al «poder político».

El Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones al rechazar los recursos interpuestos por el PP y Vox, con el aval de la mayoría progresista frente al rechazo del bloque conservador. Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno del tribunal de garantías, que tenía dos ponencias sobre la mesa radicalmente opuestas, una por cada recurso, ha respaldado la posición de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que aval