"Lamento ser cansino, pero más lo son ellos; amén del sainete y por lo que nos afecta, hemos vuelto a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", apunta este miércoles el presidente del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado. "Que nos dejen en paz", suplica más tarde.

El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos de ETA que tomó hace tres meses. A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, archivó por falta de pruebas la investigación sobre una posible conexión rusa con Tsunami Democràtic, que sí observa en el caso Voloh el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre.García-Castellón investigó durante meses la posible financiación desde el Kremlin, así como apoyo paramilitar, como la supuesta promesa de 10.000 efectivos rusos para respaldar la independencia.

El empresario Javier Pérez Dolset ha mandado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitando que cite como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen; y a los directivos del Grupo Planeta, Mauricio Casals, presidente de La Razón; José Crehueras, presidente de Atresmedia; y a Antonio García Ferreras, director de La Sexta, entre otros, por su presunta colaboración en operaciones de descrédito o de espionaje como la Operación Cataluña. El documento presentado por Pérez

El magistrado afirma que cabe proseguir la investigación al menos medio año más porque faltan “numerosas” diligencias por practicar, entre ellas la respuesta a varias comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Países Bajos o Suiza, así como la contestación a varios recursos presentados, tanto a la Sala de lo Penal de la Audiencia por la imputación de terrorismo, como contra que la exposición razonada para elevar la causa al Supremo.

García Castellón, acelera en la construcción de su acusación. Desde un muerto por infarto durante unas protestas contra la sentencia del procés hasta su última averiguación, cuatro años después, de un supuesto plan que nunca se ejecutó para protestar por la presencia del rey en Catalunya

El Ministerio Fiscal debería querellarse contra el juez de la Audiencia, aunque tal vez, dada la muy alta probabilidad de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite dicha querella, podría ser más eficaz la recusación de dicho juez. La pérdida de imparcialidad se produce cuando, en el ejercicio de la función jurisdiccional, un juez o magistrado se desvía del cumplimiento de la función que tiene constitucionalmente encomendada de una manera que no puede ser explicada de manera objetiva y razonable haciendo uso de las reglas.....

El periodista del País Carlos Cué, y la periodista de El Mundo Lucía Méndez han protagonizado este encontronazo a cuenta de la Ley de Amnistía, durante su intervención en el programa La Hora de la 1 de TVE. Analizando la intervención de Gerardo Pisarello en el programa, y la postura de su partido hacia la figura del Juez García Castellón, la periodista del Mundo no dudó en criticar las palabras del portavoz de Sumar. Carlos Cué no duda en desmentir las falsas acusaciones de Lucía Méndez, y en calificar de totalmente absurdos sus argumentos.

Ordena a la Guardia Civil que investigue si la plataforma independentista tenía la intención de "actuar" al paso de la comitiva real, durante la entrega en Barcelona de los premios de la Fundación Princesa de Girona 2020, tras hallar una conversación que pasó por alto del alias Xuxu Rondinaire

"El sentido común y el análisis jurídico coinciden: esto no es terrorismo", ha señalado el catedrático. "Es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo". Este catedrático considera que, aunque no hubiera blindaje de la causa por parte del juez de la Audiencia, no prosperaría

Ayer, el García-Castellónvolvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía, que no sin polémica y con falta de explicaciones pretende blindar a Carles Puigdemont, precisamente, de los sucesivos movimientos del magistrado, que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial.

El magistrado tarda 48 horas en responder a las enmiendas pactadas por los independentistas y el PSOE y concluye que los cambios también le permiten dejar fuera el caso Tsunami del olvido penal al procés. La consideración terrorista que el juez otorga a las protestas de la plataforma es la vía que ha proyectado para dejar fuera de la amnistía a dos de los líderes imputados en Tsunami para los que se negocia el olvido penal al procés, Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC).

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el juez responde a la petición del líder de Junts, que el pasado mes de noviembre preguntó al magistrado si lo empezó a investigar por las protestas de 2019 pese a la inmunidad que tiene como eurodiputado. La respuesta del instructor ocupa apenas siete líneas y en ella viene a admitir la coincidencia de fechas de decisiones procesales de calado con hitos políticos de la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, que ha provocado una tormenta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, ha señalado que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del 'procés' son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

En concreto, el audio está incluido en el sumario de la pieza separada número 34 del caso Tándem, según especifica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que explica la relevancia del contenido de la conversación que el comisario jubilado mantuvo con el entonces 'número dos' del Ministerio del Interior del Gobierno del PP, Francisco Martínez: "Se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos" a Gómez de Liaño

Nuevo escrito del abogado de Carles Puigdemont en el caso Tsunami. Gonzalo Boye acaba de reclamar la nulidad de parte de las actuaciones al apreciar irregularidades en la prórroga de la instrucción. Argumenta que el juez instructor contaba con un plazo de 12 meses para dictar la extensión de la investigación y que se retrasó varios días. El caso Tsunami está removiendo los cimientos de la ley de amnistía debido a la acusación de terrorismo que pesa contra el expresident catalán y Marta Rovira.

La decisión del Ministerio Público de abrir diligencias por las maniobras contra su exjefe en Cataluña, Martín Rodríguez Sol, contrasta con la negativa del magistrado y de Anticorrupción a rastrear los movimientos policiales en Andorra contra la familia Pujol. La Fiscalía Superior de Catalunya indagará en las maniobras de la brigada política del PP para desprestigiar a su exjefe. La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP

5 de noviembre de 2021. En esa fecha, el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que comanda el magistrado Manuel García Castellón,comunicó a Jordi Pujol Ferrusola que había recibido su recurso contra la negativa del instructor a investigar la Operación Catalunya. Más de dos años después, no hay constancia en el caso de que el juez haya resuelto el recurso.El silencio procesal alrededor de la petición del hijo mayor del expresident es un nuevo ejemplo de la resistencia de los tribunales españoles en investigar las maniobras

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de "vulneración persistente del Estado de Derecho".

Después de que los vocales conservadores hayan pedido una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, este órgano del consejo ha emitido un comunicado en el cual asegura que las declaraciones de Ribera "son contrarias a los principios de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea".