Numerosos medios recogen hoy la noticia de que Miriam Blasco, ganadora de un oro en Barcelona 92, está casada desde hace más de un año con Nicola Fairbrother, la británica que fuera su rival en la final olímpica y de la que es pareja desde hace 22 años. Así se lo revelaba Blasco a Maria Escario en Televisión Española. Lo que esos mismos medios obvian es que el de Blasco, que tras su carrera deportiva se dedicó a la política y fue senadora del Partido Popular, fue uno de los 131 votos contra la ley de matrimonio igualitario aprobada en 2005.

La española venció a la británica Nicola Fairbrother para conseguir la primera medalla olímpica española de una mujer. Según ha contado a la periodista María Escario en el programa Enfoque, de Televisión Española, Nicola Fairbrother y ella comenzaron una relación sentimental que acabó en boda hace año y medio. Para compensar lo que ocurrió en aquella final, Miriam y Nicola decidieron que en su boda cambiarían los metales de sus alianzas, la plata para Miriam y el oro para la británica.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación' --2 y 3-- en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

El magistrado instructor y el fiscal Anticorrupción del caso Osvaldos aplicaron al principal investigado, el exgerente del hospital General de Valencia Sergio Blasco, lo que ya se conoce como ‘doctrina Urdangarin’, al no retirarle el pasaporte pese a estar imputado por varios delitos de corrupción y existir riesgo de fuga, ya que vive y trabaja fuera de España y del territorio Schengen, concretamente en la República Dominicana.

El nuevo gobierno del Botànic ha tenido que cumplir una sentencia que obliga a la Generalitat Valenciana a abonar 11.800 euros por una periodista que el político del PP tuvo cinco años en su gabinete de forma ilegal porque estaba contratada por una fundación.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han detenido a nueve personas en relación con la investigación abierta a Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconsejero de Solidaridad y exdiputado popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, condenado a seis años de prisión por el caso Cooperación. Uno de los detenidos es el propio Sergio Blasco.

Agentes de la UDEF registran la Conselleria de Sanitat. Reclaman documentación relativa a los últimos gobiernos del Partido Popular y todos los contratos firmados por el Hospital General de Valencia cuando su gerente era Sergio Blasco, sobrino del exconseller encarcelado Rafael Blasco. Los agentes han solicitado "documentos de licitación, adjudicación y contratación resultante de concursos públicos ofertados y adjudicados" a catorce sociedades, contratos de suministro de material. Las sociedades son:AGEM Auxiliar General de Electrónica;..

La Fiscalía Anticorrupción solicita la retirada del pasaporte para la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar y su hijo artista, Rafael Blasco Ciscar, alias Rablaci, por presuntas irregularidades que se están investigando en el museo en la época de gestión de la exresponsable de la institución cultural.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investigar el uso que hizo el empresario Augusto Tauroni de un ordenador portátil que le intervinieron en la cárcel valenciana de Picassent, donde se encontraba cumpliendo condena -seis años de prisión- por el caso Blasco, relacionado con el fraude en subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Además de a Blasco, el tribunal condena al exsubsecretario de la Conselleria Alejandro Catalá; el exdirector general de Inmigración Josep Maria Felip y al entonces presidente de la citada fundación, Marcial López, "como responsables contables directos y solidarios" al pago de esta cantidad.

Fue una funcionaria de Instituciones Penitenciarias, presente durante el examen, quien se dio cuenta. No se le expulsó ni se reflejó en el expediente, sino que, sencillamente, se le suspendió el examen", apunta una de esas voces. Otra confirma que "no se tomaron más medidas disciplinarias" y añade que, a juicio de los trabajadores del centro, "es una situación puramente anecdótica", aunque admite: "ha sido la comidilla durante los últimos meses".

En Podemos siguen abandonando el barco. Esta vez, el secretario general de Podemos Peñíscola (Castellón), Víctor Blasco, ha presentado públicamente su dimisión del cargo por "la ausencia de participación de la ciudadanía", según ha indicado en un comunicado, en el que asegura creer "firmemente" en el proyecto de la formación morada, pero "no está listo para que la gente de Peñíscola lo entienda y trabaje por él".

El exconseller del PP se presenta como insolvente tras lustros en la cúpula del gobierno valencianoLa Generalitat apenas ha recuperado un 10% de los fondos a los que tiene derecho por sentencia judicial, 2.7 millones de eurosEl empresario conchabado con Blasco, con apartamentos en Miami y un yate, solo ha abonado 150 euros

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los contratos supuestamente amañados beneficiaron al empresario Augusto César Tauroni, encarcelado igual que Blasco por el desvío de fondos destinados al tercer mundo.

El juez que investiga el amaño de contratos para la extinción de incendios ha ordenado la detencion de otras cuatro personas relacionadas con el llamado cartel del fuego, la trama que conspiraba para repartirse los concursos públicos para luchar contra los incendios forestales. Los arrestados estarían implicados en el cobro de comisiones ilegales por una operación urbanística, la tramitación de un PAI. Están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad.

Le juzgaron, le condenaron y ahora está dispuesto a confesar. Caiga quien caiga...

El comité de empresa de FCC parques y jardines señala que la junta consultiva de contratación de Aragón ha dictado un informe, en relación a la certificación de la pasada huelga, que pudiera conllevar que el consejero Jerónimo Blasco decretó pagar alrededor de 200.000 euros de más a la multinacional FCC durante el mes de huelga. El comité de empresa de FCC Parques y Jardines ha anunciado que la junta consultiva ha dictado un informe en el que refleja que las consecuencias económicas de una huelga corresponde soportarlas al contratista

La conselleria de Transparencia se encuentra auditando los Centros de Valencianos en el Exterior (Cevex), unas asociaciones que vivieron su época de máximo esplendor en la etapa de Rafael Blasco. Existen unos 15 centros sobre los que falta información (diez de ellos fuera de España). Así, en algunos de ellos como Miami, Atlanta, Nueva York, Hong Kong o Estocolmo la información recabada apunta a que solo hay inscritas "una sola persona, dos o muy pocas". rel: www.meneame.net/story/rafael-blasco-ingresa-carcel-picassent

El Gobierno valenciano se ha comprometido a que los 1,6 millones de euros procedentes de la condena al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados, que les obliga a devolver este dinero, en el conocido como caso Cooperación, vaya destinado a los fondos de cooperación valenciana.

Hay dos apuntes contables por valor de 5.000 euros, en concepto de estudios y trabajos técnicos, a nombre de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en el caso Blasco. Castel Aznar era el evaluador externo de los proyectos de Cooperación que se proponían a la conselleria que dirigía Rafael Blasco y que “ha acabado formando parte de la larga lista de imputados de este caso lamentable y vergonzoso”.

Junto a él han sido declarados otros ex altos cargos de la Generalitat y empresarios, que deberán responder solidariamente del dinero malversado En cuestión están las subvenciones que la Generalitat Valenciana concedió a la Fundación Cyes para proyectos de cooperación en Nicaragua