El Tribunal Superior de Justicia valenciano obliga a la Fundación del Instituto de Investigación del hospital La Fe de Valencia a readmitir a un trabajador despedido por denunciar irregularidades. El despedido estaba amparado por la Agencia Antifraude, a quien éste trasladó sus pesquisas, que luego pasaron a Fiscalía.

Un informe pericial encargado hace varios meses por la jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, determinará si la Generalitat de Eduardo Zaplana amañó los concursos de la concesión de licencias de Inspección Técnica de Vehículos de 1997 y del Plan Eólico Valenciano en 200,3 en los que resultaron beneficiadas sociedades vinculadas a la familia del expresidente de las Cortes Valenciana, Juan Cotino, y su sobrino Vicente.

Después del éxito de la primera edición, este 2º Congreso antifraude WCA, que cuenta con el patrocinio oro de Wolters Kluwer, otorgará a los asistentes herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo.

La Oficina municipal contra el Fraude, con Carlos Granados al frente, prevé presentar en 2019 hasta 25 denuncias constitutivas de fraude, corrupción o mala administración intencionada de los poderes públicos, como recoge el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Además la oficina cuenta con tramitar una quincena de expedientes. En su comparecencia en el Pleno de septiembre, Granados indicó que la oficina ya había recibido ocho denuncias.

La Oficina Antifraude de Cataluña contrató los servicios de una empresa controlada por el comisario José Manuel Villarejo un año antes de que tuvieran lugar las grabaciones al ministro. En concreto, Servicios de Investigación y Detección llevó a cabo un “análisis telefónico y radioeléctrico”, en el vehículo oficial que utilizaba Daniel de Alfonso y en los despachos de éste tanto en la oficina como en su propia vivienda a fin de detectar si estaba siendo espiado.

La Agencia Antifraude considera que el acuerdo en los sindicatos y la EMT de Rita Barberá por el que los jubilados parciales de la empresa pública de autobuses trabajaban menos que el resto de trabajadores podría ser constitutivo de hasta 4 delitos. Por este motivo, ha asegurado el concejal de Movilidad, la entidad dependiente del Parlamento valenciano les ha comunicado que traslada la investigación a la Fiscalía para que indague si se habrían perpetrado delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad.

Joan Llinares advierte que la prescripción de estos delitos es un "agujero por el que se exoneran los delitos de corrupción"

El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso cobró casi 70.000 euros en trienios y complementos indebidamente percibidos, según un informe de la Sindicatura de Cuentas que detecta irregularidades contables en la gestión de la entidad que podrían ser delictivas.

Joan Llinares (Alzira, 1953) es desde junio de 2017 el director de la Agencia Antifraude valenciana. Abogado de profesión, ayudó a levantar las alfombras del IVAM, donde halló presuntas irregularidades en la gestión del museo valenciano en la época de Consuelo Císcar. Con las investigaciones judiciales en marcha, Llinares se marchó a Barcelona, donde ayudó a esclarecer el denominado 'caso Palau' y puso en funcionamiento la oficina de Transparencia y Buenas Prácticas en el Ayuntamiento de la ciudad condal.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado vía libre a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid tras rechazar integralmente el recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2016 y que había derivado en medidas cautelares. La decisión judicial apunta que la Oficina "se ajusta a derecho en el diseño de la dirección y de su consejo asesor",igual que la selección de sus miembros a los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por lo tanto, "no hay vulnera

Un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy evita, por el momento, que la Oficina municipal contra el fraude del Ayuntamiento de Madrid investigue casos de corrupción. El Pleno municipal de este miércoles nombró como director de este organismo de carácter independiente, y de nueva creación, al magistrado Carlos Granados, pero sus labores, hasta que se pronuncie la Justicia, se limitarán a la "prevención". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó cautelarmente tres artículos del reglamento de la Oficina Antifraude.

El director de la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan A. Llinares, ha aprobado la primera resolución por la que se reconoce el estatuto de persona denunciante a un funcionario de habilitación nacional de la subescala de secretaría-intervención, destinado en un municipio de la provincia de Alicante, que denunció un presunto fraude acaecido en su Ayuntamiento. La investigación está siendo tramitada por un juzgado de instrucción y cuenta con el impulso de la fiscalía anticorrupción.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado suspender de forma cautelar la labor de inspección de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid al "invadir competencias atribuidas a otros órganos" del Consistorio como la Intervención General y la Inspección General de Servicios.

La Comunidad Valenciana pone en marcha una oficina antifraude formada por 30 funcionarios que perseguirá la corrupción. El Consell aprueba este viernes su presupuesto de 1,5 millones de euros. Su misión será evitar delitos en las administraciones públicas y llevarlos a los tribunales. Contempla sanciones de 30.000 a 400.000 euros por negar información, dificultar investigaciones o realizar denuncias falsas. Su recién elegido director, Joan Antoni Llinares, destaca la protección al denunciante y que habrá un buzón para denuncias anónimas.

El objetivo es contar con un organismo "sólido" e "independiente" con los poderes para investigar y llevar a juicio a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecte a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

El Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, vivía en Bruselas una suerte de retiro político placentero donde la presión mediática e informativa se diluía entre los miles de despachos que acogen las instituciones europeas. Sin embargo, la noticia de que la Oficina europea Antifraude (OLAF) lo está investigando ha cambiado las tornas y su puesto queda ahora en manos de Juncker.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha presentado este miércoles en la comisión de investigación del Congreso como víctima de la grabación realizada en su despacho en octubre de 2014 y ha dicho que espera que dicha comisión aclare quién y por qué realizó y difusión su conversación el que era entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el juez Daniel de Alfonso.

Jorge Fernández Díaz ordenó a la Policía Judicial investigar quién grabó las reuniones que mantuvo con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Los expertos policiales concluyen que el mecanismo de grabación podía ser "fijo o bien un elemento móvil" y que graba antes de que esté el ministro en su despacho.

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La Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias que abrió al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso por malversación de caudales, al dudar del "origen lícito" de la grabación de sus conversaciones con el exministro Jorge Fernández Díaz.

El partido recuerda que la Oficina Antifraude de Cataluña investigó Padrosa porque seguía siendo apoderado de seis empresas privadas proveedoras del CatSalut con contratos que facturaban unos 14 millones de euros, mientras él dirigía el Servicio Catalán de la Salud y recortaba la financiación de los hospitales para ajustarse a la situación presupuestaria del momento.

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman Sachs. La jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición."Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos" y deben escudriñar las sociedades implicadas en la compraventa

La Agencia Tributaria ha ignorado durante ocho meses la petición del juzgado que indaga sobre la adjudicación de 2.395 VPO en Madrid a Goldman SachsLa jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición"Los inspectores son solicitados por "la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos"