La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

"A partir de ahora el tema de las coberturas para los concursos hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…". "Intercambio de favores. Me puedes ayudar para este? Puedo dar tu nombre?". Son extractos de los correos electrónicos que se cruzaban los miembros de los dos cárteles formados por 22 consultoras, entre ellas algunas de las principales firmas del sector, que ha desarticulado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incorporado el 15 de febrero al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la caja b del PP, confirma la operativa seguida presuntamente por la formación conservadora para adjudicar contratos públicos a los empresarios que hacían donaciones irregulares al partido y el papel que el extesorero Luis Bárcenas jugó en ello.

Según una denuncia presentada por ACODAP, Carlos Lesmes habría dado instrucciones para “amañar” los juicios por los que ha sido condenado ilegalmente el juez Presencia. Según la denuncia, el todavía presidente provisional del CGPJ justifica por escrito las represalias ilegales con el asombroso argumento de que “no es legítimo que los jueces decanos denuncien la corrupción de sus propios compañeros de carrera.”

El exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno cumplió su compromiso con la Fiscalía Anticorrupción y en su turno de última palabra mostró su "profundo arrepentimiento" y "perdón a la sociedad", así como a las personas afectadas por su responsabilidad, tras admitir todas las corruptelas e irregularidades que rodearon la visita del Papa a Valencia en 2006 para adjudicar lo que se necesitaba a la trama Gürtel.

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.