La aplicación de este precepto constitucional autoriza al Gobierno, previa autorización del Senado, a dar órdenes a todos los policías de la comunidad, a los profesores e incluso a los medios de comunicación públicos"No es una suspensión de autonomía; es una sustitución de autoridades", según Teresa Freixes, catedrática en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona"Mas puede ac