Después de que la Junta Electoral Provincial de Madrid haya desestimado la petición del PSOE para que revisen 30.000 votos nulos en la Comunidad de Madrid, los socialistas van a presentar la solicitud ante la Junta Electoral Central

Los bancos españoles han logrado el no tener que devolver una cifra cercana a los 44.000 millones de euros gracias a las decisiones controvertidas, que en muchos casos ha terminado en querellas por prevaricación, del Pleno de la Sala Primera del Supremo. Las sentencias sobre el IRPH dictadas por el Tribunal Supremo tras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han sido muy controvertidas porque tenían un claro sesgo favorable a los intereses de los bancos.

La Sala Civil y Penal del TSJEx ha inadmitido a trámite la querella presentada por Ecologistas en Acción contra los 34 diputados del PSOE en la Asamblea de Extremadura en la anterior legislatura por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad judicial. El colectivo acusaba a los socialistas por haber votado a favor de la ley para salvar del derribo el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas, para lo que se proponía la modificación de los límites de más de medio centenar de Zonas de Especial Protección.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite la querella de Ecologistas en Acción contra los 34 diputados regionales socialistas que aprobaron la ley que regulariza 55 espacios como Zona Especial de Aves (ZEPA), entre ellos Valdecañas, donde está el complejo que el Tribunal Supremo obliga a demoler.

El juzgado de Instrucción 3 de Ponteareas ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de A Cañiza (Pontevedra), el socialista Luis Piña, presentada por el PP de esta localidad, por un supuesto delito de prevaricación, al denegar a los 'populares' el acceso a ciertos expedientes y documentos municipales.Al respecto, los 'populares' han recordado que hay una sentencia del contencioso administrativo de 2020 que ya condenó al alcalde de A Cañiza, precisamente por no facilitar el acceso del PP a expedientes municipales.

Llevaban años viendo como los gigantes les birlaban los contactos en una partida que parecía jugarse con las cartas marcadas. Sin embargo, las denuncias nunca llegaban a puerto. En ocasiones ni zarpaban. Ahora, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa, las piezas comienzan a encajar.

A finales de marzo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenaba a la Comisión Galega da Competencia que incoase un expediente sancionador contra Monbus y Alsa "por indicios de haber podido repartirse el mercado". Lo indica, al concurrir en 2020, a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE), a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera.

La denuncia inicial contra Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, se presento en la Fiscalía de Madrid por Izquierda Independiente, que le acusa de haber permitido la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en suelo protegido de la ribera del río Jarama

El juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio al exalcalde de la ciudad catalana y candidato del PP en las municipales, Xavier García Albiol, por permitir –presuntamente– la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana.

A Centeno se le acusa de un delito continuado de prevaricación mientras era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, institución que promovía, a través de la sociedad pública (SODEVA) que presidía, la pista de esquí seco que se proyectó en Villavieja del Cerro. Con un presupuesto inicial de 4 millones, una vez aprobado el proyecto se fue modificando hasta triplicarlo y pasar a 12. La pista nunca se llegó a ejecutar en su totalidad porque fue ilegalizada por los tribunales.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de Murcia (PP), Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros, y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público, al considerarlo culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Se trata de comentarios con calificativos como “delincuentes” o acusaciones de “prevaricación” a los que se añadían otras sin fundamento, carentes de cualquier veracidad pero que buscaban hacer daño y menospreciar la labor profesional de los integrantes de la Jefatura Superior así como de la propia representante del Ministerio Fiscal.

Han pasado ya casi 15 años desde que la familia Lapeña iniciara su particular vía crucis para la exhumación de dos familiares fusilados por el franquismo y cuyos restos reposan en el Valle de Cuelgamuros sin que aún hayan podido cerrar esa herida. A día de hoy, el proceso de demanda se encuentra paralizado por la negativa de la alcaldesa de San Lorenzo de el Escorial en Madrid de reactivar la licencia municipal que permitiría la entrega de los cuerpos.

La Fiscalía de Ciudad Real, con la firma del fiscal jefe, Luis Huete, ha archivado con fecha 13 de enero la denuncia presentada por dos delegados sindicales de CCOO a cuenta del concurso oposición promovido por el Consorcio contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia.

Prevaricar equivale a dictar una resolución, por parte de un juez o funcionario, conscientes de que es contraria a Derecho; es decir es injusta o arbitraria al desviarse maliciosamente del recto ejercicio de la función pública.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo. Está investigada por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA). Por ese motivo le pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de Ayuso, David Pérez (PP). Y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (PP y Ciudadanos), que desde agosto bloquea las exhumaciones del Valle de los Caídos alegando dudas legales pese a la autorización expresa del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), permitió hace un mes una fiesta ilegal en una finca de alto standing y a la que asistieron destacados políticos del PP. Entre ellos, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente del Gobierno José María Aznar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Dos de los funcionarios intervinieron en una modificación de las condiciones del vertedero en 2011 y el tercero en una inspección en 2017. También cita como investigados a 5 trabajadores de la ingeniería Geyser HPC

Los miembros de un tribunal para unas pruebas para cubrir plazas de especialista acordaron, presuntamente, rechazar al denuciante a pesar de que había superado el examen por considerarlo "incapaz y peligroso"

Familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han presentado una querella en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial contra la alcaldesa de este municipio, Carlota López Esteban, al entender que está bloqueando la licencia de obras para acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.Los querellantes consideran que la regidora habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello «vulnerar la reparación de las víctimas

La exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (Izquierda Unida), durante 2007-2013, llegó a realizar 749 contrataciones a dedo para cubrir puestos del Ayuntamiento. Los magistrados la consideran culpable de un delito continuado de prevaricación La exalcaldesa contrataba al personal «prescindiendo de todo procedimiento legal», eligiendo «de forma personalista» a los empleados. Una forma de contratación que se hizo habitual y que, según la Fiscalía, perseguía montar una red clientelar para captar el apoyo de los vecinos y no moverse del Ayuntamiento

Francisco Pardo, Director General de la Policía Nacional, está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa junto a otros altos cargos del cuerpo policial. La denuncia, que ha sido interpuesta por el sindicato Alternativa Sindical de Policía, pone de manifiesto la irregularidad en la adjudicación de las plazas de libre designación, otorgadas “a dedo”.