Caja de oro rosa de 18 kilates, sistema dual-wing de alta precisión y brazalete de piel. Así es el reloj de la prestigiosa marca Jaeger-Locoultre valorado en 38.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado en por la trama de corrupción desmantelada en el caso Lezo, adquirió en una fecha no determinada y terminó subastando por la mitad de su precio en octubre de 2015, año y medio antes de su arresto detención. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado a la Guardia Civil investigar

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de ocho años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de la que estaba al frente cuando era el número dos de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo autonómico, y quedarse con 1,8 millones de euros.

La red de corrupción provocó un perjuicio a la empresa pública de hasta 9,6 millones al comprar una sociedad brasileña con sobreprecio para repartirse las comisiones. González se quedó el doble que los otros cuatro procesados, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, delegado del Canal en Latinoamérica, y Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta.

Anticorrupción consigue que varios imputados reconozcan sus delitos, por los que ya han pagado 31 millones de euros en concepto de responsabilidad civil .

La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha reclamado al juez que instruye la causa en Estepona sobre su ático, Eloy Marfil Gallardo, que le considere perjudicado por la investigación sobre la compra del inmueble en la localidad malagueña, por la que está imputado junto a su esposa, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La organización presuntamente encabezada por el expresidente madrileño utilizó la empresa panameña Yolan Investments para trasladar a Nasáu las dos principales comisiones ilícitas detectadas por la Audiencia Nacional.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado al juez que instruye la operación Lezo en la Audiencia Nacional, el informe definitivo sobre la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao, que supuso un reparto de mordidas de 5.4 millones de dólares a la supuesta organización criminal liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente hasta 2015, administraba junto a sus hermanos y su madre la sicav Blacader Caminos, que acaban de liquidar. Hijo de un expresidente de Sacyr, está imputado en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP en Madrid. Otro empresario próximo a González y socio de la empresa que presidió la esposa del expresidente madrileño, Subastas Segre, también convierte en SL una sicav con 2,3 millones..

La pieza separada número 1 tiene que ver con la compra por el Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001,una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros. La segunda pieza separada tiene que ver con los contratos de adjudicación de la construcción y gestión de un campo de golf de los terrenos del Canal en el distrito madrileño de Chamberí. La tercera se refiere a las irregularidades en la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero. La cuarta se centra

Procesan al ex presidente de la Comunidad de Madrid. El juez concluye la investigación sobre la compra irregular de la empresa brasileña Emissão, adquirida por el Canal de Isabel II en 2013.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.

La Audiencia Nacional ha decomisado 5,4 millones de dólares en metálico -unos 4,6 millones de euros- al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Una cantidad de dinero que estaba oculta en diferentes cuentas en Colombia. Según ha adelantado este viernes la Cadena SER, la Audiencia, en colaboración con la justicia panameña y colombiana, ha descubierto y confiscado el patrimonio que González habría reunido por sus actividades supuestamente delictivas relacionadas con el Canal de Isabel II, en el marco de la operación Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del caso Lezo que finalice la instrucción de la pieza 2 de esta macrocausa de corrupción y que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que sea juzgado por la compra de Emissao. En un escrito, el Ministerio Público insta al magistrado Manuel García Castellón a transformar las diligencias previas abiertas sobre la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña en procedimiento abreviado contra González y otras seis personas por delitos de frau

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar un nuevo intento de acceder al contenido de cinco teléfonos móviles que fueron intervenidos en abril de 2017 a varios de los principales imputados en el caso Lezo y que, dos años y medio después, aún permanecen bloqueados. Se trata de un teléfono iPhone del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González;

Las fiscales anticorrupción siguieron la pista a una denuncia presentada y aprovecharon los interrogatorios de 2015 en el 'caso Púnica' para preguntar sobre las presuntas reuniones en las que el expresidente madrileño pedía desviar fondos para financiar al PP.

La Audiencia de Málaga ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AAGTPM) en el que se pedía que se reabrieran las pesquisas que recién acaba de dar por cerradas el juez a cargo del caso Ático .En un auto del 1 de octubre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el tribunal ha dado la razón al expresidente madrileño y ha determinado que "cuando se solicitaron las nuevas diligencias, el plazo máximo de investigación había finalizado".

Ignacio González no ha logrado desviar la investigación que se dirige en su contra por las presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo ha rechazado desimputar al expresidente de la Comunidad de Madrid al considerar que "subsisten aquellos indicios de criminalidad que motivaron la apertura de diligencias judiciales".

El ex director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes, que aprobó el polémico préstamo de 400.000 euros a la empresa del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, intermedió con el expresidente madrileño Ignacio González a cambio de comisiones, según consta en las transcripción de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del caso Lezo, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

El expresidente de la Comunidad de Madrid dijo a Eduardo Zaplana sin saber que les estaban grabando que comía habitualmente con el nuevo consejero madrileño. Destacó el poder de influencia del juez y el de Enrique Arnaldo Alcubilla, ex vocal del CGPJ y abogado de López que se implicó en las maniobras para influir en la Justicia. González dijo que trató con el hoy consejero de Madrid y entonces juez los cambios en la Fiscalía; él y Zaplana tenían un plan para poner a fiscales afines como Moix.

Mientras la "popular" se concentra en el debate de investidura, la trama vuelve a situarla en el epicentro de las operaciones. Su papel como blanqueadora y conseguidora de la Púnica sigue levantando sospechas.

El antiguo jefe de Gabinete de Ignacio González será el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. Diego Lozano, ha sido designado por el consejo de administración de la EMVS, en su sesión constitutiva. Lozano trabajaba con González cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor.

El caso del ático de Ignacio González está a un paso del archivo por una reforma legal del Partido Popular. Esa es la principal conclusión de una providencia de 10 de junio en la que el instructor de la causa, el juez Eloy Marfil Gallardo, anuncia que el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 le impide ampliar los plazos para seguir investigando el origen del dúplex de lujo de Estepona del expresidente madrileño.

El expresidente de Inassa remite un escrito a la Audiencia Nacional para ratificar que el exdirigente del PP se llevó una comisión millonaria por una operación ruinosa para la Comunidad de Madrid.

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ya tiene en su poder un informe de la Guardia Civil en el que los investigadores del instituto armado acreditan que por "primera vez" han encontrado un documento interno de la constructora OHL que probaría el pago de un soborno al expresidente madrileño Ignacio González por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero, según adelanta la cadena Ser.

"Lo más frustrante aparte del abandono por parte del Gobierno es saber que en Polonia no hay límite a la prisión preventiva", dice Oihana Goiriena, esposa del periodista Pablo González. Sospechoso de espiar para Rusia, cumple 2 años de prisión preventiva aislado y en condiciones severas, y según el derecho polaco, puede pasar así muchos más. ¿Por qué no intercede el Gobierno español? ¿Por qué le rechazaron los medios de comunicación con los que trabajaba?

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Pero sin duda, Pablo Motos se ha asegurado de guardar el plato fuerte de la semana para el último día de entrevistas. Felipe González acudirá a ‘El Hormiguero’ a pocas semanas de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 9 de junio. Junto al presentador, el ex presidente del Gobierno analizará la actualidad política y la labor del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien no ha dudado en criticar públicamente en repetidas ocasiones.

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

El director de la campaña del PP a las europeas, Esteban González Pons, no ha tardado en alinearse con el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el presidente argentino, Javier Milei. En concreto, por referirse éste a la corrupción de Begoña Gómez en el acto ESPAÑA VIVA 24 de VOX. «El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión el política nacional», afirmaba.

Una resolución del Alto Tribunal firmada por Manuel Marchena, Antonio del Moral y Cándido Conde-Pumpido desestimó una querella contra el ministro Morenés por emitir una nota de prensa en la que revelaba datos personales del denunciante. El Supremo concluyó que “ningún secreto se desvela” si ya había sido publicado por los medios de comunicación y defendió la “libertad de información” y el “derecho de la sociedad a estar informada”

Esteban González Pons critica que el presidente de Argentina en su primer viaje a España no salude al Rey ni al Parlamento y se vaya a un acto de Vox.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Aunque el Reino Unido es la sexta economía del mundo, y cuenta con una fuerza militar dignas de elogio, se forcejea con su nueva identidad post-imperial.

Qué ironía, ¿verdad? El TSJM, encargado de investigar las filtraciones en el escándalo del novio de Ayuso, ahora se ve envuelto en su propia polémica por filtrar información sobre la denuncia contra Begoña Gómez. Parece que la justicia tiene una extraña forma de equilibrio

A día de hoy, y como se ha demostrado a lo largo de este análisis, la OTAN ha fagocitado y sometido, por completo y a la fuerza, a España. Todo ello, a través del chantaje, las amenazas, la extorsión, asesinatos, y la compra de voluntades políticas y mediáticas. Hasta tal punto, que, a día de hoy, tal y como explicó en 2022 a Informativos Telecinco el catedrático en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Rafael Calduch, todas las bases militares que hay en España pueden ser utilizadas a día de hoy por la OTAN, los Estados U

Prometo fustigarme como alma que lleva el diablo si me pasáis un tuit, artículo o diatriba de Motos, Amón, Ivars, Zarzalejos, Vallés, Marhuenda, Alsina, Ana Rosa o Griso contra el PP por la censura y el ataque a la libertad de prensa cuando Pons pedía leyes contra los bulos. Lo mismo digo si me pasáis un tuit, declaración o soflama de Feijóo o Ayuso acusando al gobierno del PP de dictadura y a Rajoy de tirano o autócrata por querer marcar con un sello las noticias falsas.