La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.

El Pleno del Senado aprobará la próxima semana la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contempla la obligación de que los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la difusión de imágenes de los detenidos, conocida popularmente como la 'pena de telediario'.Así lo ha trasladado el titular de Justicia a representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

Lo más preocupante que los márgenes de discrecionalidad de la ley es la nebulosa tras la que se diluye la custodia de la información obtenida. Se deja en manos del juez la decisión sobre la utilidad del material intervenido, pero, ¿qué ocurrirá con los datos privados a los que se ha tenido acceso cuando estos no tengan relación con delito alguno? ¿Quién garantiza que no serán nunca utilizados? Nadie. Cualquiera, sin saberlo, puede haber intercambiado correos con un tercero que haya sido investigado, y es imposible asegurar que alguien...

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles que ningún derecho, incluyendo el de la información, es "absoluto" después de que el PP aprobara ayer modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos, tras arrestos como el del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Catalá ha negado que la enmienda transaccional que aprobó la Comisión de Justicia suponga una prohibición de la emisión de imágenes de detenidos y ha precisado que habrá que desarrollar y establecer procedimientos que ...

Desde hace un mes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se tramita en el Congreso, a través de dos iniciativas: El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Esto de la prensa de tribunales empieza a ser un poco como Sálvame, una endogamia creativa en la que paren sus propios entes, los lanzan, los explotan y después tienen que lidiar con sus desechos. Con el programa televisivo, son los personajes los que aparecen de la nada, en realities y otros formatos de bajo coste y audiencia fiel; pasan por las tertulias, disfrutan de su momento de gloria, y después hay que aguantarlos hasta en la sopa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal llegó, y llenó los titulares de los medios de comunicación. El titular es, como siempre, la punta de un iceberg, que solo sirve para decorar y para fijar la vista en ella y que no se vea que el pastel está hecho de basura: el cambio de la palabra “imputado” y la división en “investigado” y “encausado” en función de en qué punto del proceso se encuentre.

El PP deja para la Ley de Enjuiciamiento la exigencia del cese al cargo público llamado a juicio oral por corrupción El PP ha confirmado su intención de dejar para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno espera remitir al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano, la idea de exigir el cese a aquel cargo público que sea citado a juicio oral como imputado por delitos de corrupción. El momento en que un alto cargo debe dejar su puesto en caso de verse salpicado por un caso de corrupción era uno de lo

Ron Oneal Morris no pudo pagar la fianza de 40 mil dólares que le impuso un juez, por lo que enfrentará su proceso tras las rejas. fue acusado de inyectar una mezcla de cemento, un pegamento muy fuerte, aceite mineral y un sellador de neumáticos en mujeres deberá de enfrentar un juicio detrás de las rejas luego de que no pudo pagar una fianza de 40 mil dólares ayer viernes.

Rights International Spain (RIS) y la Coordinadora contra la Tortura denuncian la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la ONU y el Consejo de Europa. Comité de Derechos Humanos recomendó a España en 2009 suprimir definitivamente el régimen de incomunicación para los detenidos, el nuevo texto permite mantenerlo durante 13 días

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido de que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal acentuará la diferencia de tratamiento legislativo entre la llamada "casta" y el resto de ciudadanos al contemplar medidas "invasivas" de investigación que difícilmente se aplicarán sobre aforados.

Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha admitido esta semana que España no está preparada para luchar contra el tsunami de corrupción que nos invade. Como si fuera el chiste de la semana, el egregio prócer ha achacado esa falta de preparación a la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que estaba “pensada para los robagallinas, pero no para el gran defraudador, no para los casos que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”.

Gallardón ha comenzado este miércoles la campaña de márketing de su Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro ha anunciado las teóricas novedades de la futura norma que, según ha vendido el ministro de Justicia, acabará con los "privilegios" de los cargos públicos cuando declaran ante el juez. A efectos prácticos, esas limitaciones suponen que ya no podrán testificar por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad y como hizo hace bien poco Esperanza Aguirre, que sigue siendo diputada en la Asamblea de Madrid.