La primera multa que España ha pagado a la Comisión Europea por el mal tratamiento de las aguas, y, por ende, el incumplimiento de una norma medioambiental, asciende a 22,355 millones de euros. La sanción se debe a que en España no se cumple correctamente con la directiva que obliga a todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales, según recoge El País. La multa seguirá creciendo puesto que ocho de las nueve poblaciones acusadas de no cumplir la norma, todavía no se tratan correctamente.
