María Rodríguez pidió una ayuda por cuidar de su madre en 2009. Entonces había perdido movilidad y apenas podía valerse por sí misma. Pero no se la concedieron hasta 2017. Ocho años. No le pagaron la primera cantidad hasta 2022. Casi cinco años. Y ahora, cuando su madre ya ha fallecido y la Junta de Andalucía aún le debe más de 9.000 euros, la Junta le da diez días para presentar una documentación que ella, en realidad, no puede conseguir en tan corto plazo de tiempo. Si no los entrega esos papeles antes del 4 de mayo, perderá el dinero.

Un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa a más de la mitad de los gobiernos autonómicos de no lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera para "siquiera ejecutar el incremento presupuestario".

Francisca vive desde hace dos años en los pasillos de acceso a la residencia de El Pino, que también atiende a personas con trastornos de salud mental. Por eso está allí su hijo, y es la razón por la que ella no quiere irse. En 2018 se comenzó a tramitar la dependencia de Francisca, pero la valoración le otorgó grado I, que no incluye plaza sociosanitaria. Tiene reconocida una discapacidad del 80%, pero tampoco le brinda lo que ella demanda, vivir allí con su hijo. Es un caso conocido por las instituciones y a la que no han podido dar respuesta